Victoria Ortega: “Está costando llegar a determinar quién ordenó el asesinato de Berta Cáceres”

Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981, Victoria Ortega Benito se convirtió en 2016 en la primera mujer en dirigir el Consejo General de la Abogacía Española. Esta palentina de origen, aunque residente en Cantabria, trabaja desde dicha institución “para alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz”.

Victoria Ortega. Foto: CGAE

Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981, Victoria Ortega Benito se convirtió en 2016 en la primera mujer en dirigir el Consejo General de la Abogacía Española. Esta palentina de origen, aunque residente en Cantabria, trabaja desde dicha institución “para alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz”.

Es usted la primera mujer que preside el Consejo General de la Abogacía del Estado español. ¿Cómo valora este hito dentro del mundo de la abogacía?

Evidentemente supone un gran honor y una gran responsabilidad ser la primera mujer elegida por el resto de consejeros y consejeras para ocupar la presidencia de la Abogacía Española en toda la historia del Consejo, pero a la vez esto nos debe hacer reflexionar sobre la igualdad en nuestra sociedad.

Las mujeres son la mitad de la población y sin embargo no ocupan puestos de representación, poder o responsabilidad en la misma medida que los hombres. Una sociedad desigual es una sociedad injusta y debemos trabajar para conseguir que la igualdad de derechos entre mujeres y hombres sea una realidad.

Cuando tomé posesión de mi cargo dije que suponía una gran alegría, pero que la alegría sería completa el día que deje de ser noticia que una mujer accede por primera vez a un cargo de responsabilidad. Una vez en este cargo, hay que trabajar para cambiar las cosas porque no basta con ocupar el cargo sin más, sino trabajar para cambiar las cosas.

¿En qué consiste la labor que se realiza desde el Consejo General de la Abogacía?

El Consejo General de la Abogací­a Española es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de Abogados de España y entre sus misiones fundamentales está la ordenación del ejercicio profesional de los abogados, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los Colegios de Abogados y a sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos y trabajar para alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz.

Somos los interlocutores con las administraciones públicas para abordar las reivindicaciones profesionales, pero somos una institución libre e independiente. Y en muchas ocasiones, incómoda. Mantenemos una comunicación institucional con las administraciones abierta, constante y constructiva, pero nunca complaciente.

¿Se dan habitualmente todas las garantías procesales en los casos en los que se trata de la defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica?

La impunidad es, lamentablemente, una constante en muchos países de América Latina y de otras zonas del mundo. Hay lugares en los que la vida no vale nada y cometer un crimen muchas veces no tiene consecuencias, o no se llega hasta el final en su investigación.

En nuestro país, la labor de la Abogacía está garantizada constitucionalmente, pero hay muchos otros países en los que ejercer la defensa se convierte en una profesión de riesgo. Por eso el Consejo General de la Abogacía ha impulsado, junto a otras abogacías europeas, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo para denunciar situaciones de amenazas, coacciones e incluso asesinatos de compañeros y compañeras en otros lugares del mundo en los que no cuentan con una especial protección.

Es imprescindible que el sistema de justicia funcione, que las fuerzas de seguridad lleven a cabo su labor y que los abogados puedan ejercer libremente para poner fin a la impunidad. Hay muchos casos que ni siquiera llegan a los tribunales por una deficiente investigación, voluntaria o involuntaria, porque no se cuenta con los medios necesarios para investigar o porque no hay voluntad de hacerlo.

En otros casos se juzga y se condena por ejemplo a un sicario, pero no se llega a quien ordenó el asesinato, el secuestro o la extorsión. Por eso la labor de muchos abogados y abogadas, jueces, fiscales en Centroamérica es encomiable. Estoy pensando por ejemplo en la fiscal guatemalteca Claudia Paz, o en la jueza Yassmín Barrios, a quien dimos el Premio Derechos Humanos de la Abogacía hace unos años porque consiguió sentar en el banquillo al dictador Ríos Montt y condenarlo por genocidio, aunque luego se anulara la condena. En algunos países es heroico hacer justicia.

¿Conoce en qué momento se encuentra actualmente la investigación por el asesinato de la activista medioambiental, Berta Cáceres?

A través de la Fundación Abogacía estamos en contacto tanto con abogados hondureños que están llevando el caso, así como con otros de distintos países que les están dando apoyo. La investigación es muy complicada y se va haciendo más opaca a medida que pone de manifiesto vínculos con algunas instituciones muy poderosas. Aunque hay varias personas detenidas, está costando llegar a determinar quién ordenó el asesinato.

Poco después del asesinato, la hija de Berta, Berta Zúñiga Cáceres estuvo en la sede del Consejo General de la Abogacía como parte de una serie de visitas por distintos países europeos para exigir que la muerte de su madre y el de otros líderes no quedaran impunes. Nos conmovió que siendo tan joven tenga tanta fuerza y determinación para llegar hasta el final del proceso. Aunque ella también ha sufrido después un intento de asesinato, sigue adelante peleando por lo que es justo.

¿Qué opinión le merece la (posible) aprobación de los tratados internacionales de libre comercio (CETA, TTIP) y cómo afectarán estos a los derechos de la ciudadanía europea?

Esos tratados podrían suponer, a pesar del secretismo con el que se están elaborando y la poca información que ha trascendido sobre ellos, serias amenazas para los derechos de la ciudadanía. Ya hemos visto cómo la globalización ha traído consigo el empobrecimiento y un gran recorte en derechos ciudadanos. Falta trasparencia e información y no podemos permitir que se cierren acuerdos a espaldas de los ciudadanos y sin intervención de sus legítimos representantes.

Finalmente, ¿existe la igualdad efectiva entre géneros y la no discriminación profesional en el ámbito de la abogacía?

Como le decía al principio, la igualdad entre hombres y mujeres dista mucho de ser efectiva en nuestra sociedad. La Abogacía no es diferente en ese sentido a otros ámbitos profesionales.

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