Vertiginosa inmatriculación de la Catedral de Chaca por parte del Obispado

La Catedral de San Pedro de Chaca fue inmatriculada por el Obispado de esta localidad, presidido por Julián Ruiz, el día 9 de junio del 2015, 17 días antes de que entrase en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria -artículo 204- en la que se inhabilita expresamente a los diocesanos a la hora de inmatricular bienes ante los registros de la propiedad.

Catedral San Pedro de Chaca

Así lo denuncia la asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) que critica: "Una vez más, y ésta en 'rauda y veloz' carrera, el Obispado de Chaca acudió al registro de la propiedad casi en el 'último toque de campana' a registrar como dominio de su propiedad la Catedral más antigua de Aragón".

Esta asociación se ha quedado "perpleja" al encontrar en la información registral, "el sarcasmo incardinado en el género de la 'Opereta Bufa', que ante la falta de argumentación potestativa de propiedad, se declare el dominio como "obra nueva" cuando "estamos hablando de un complejo edificado en el siglo XI (exactamente en 1077)".

La Catedral de San Pedro de Chaca fue declarada Monumento Nacional del Estado español y Patrimonio del Estado en 1931, Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985 y posteriormente Patrimonio Cultural Aragonés (PAC).

Este monumento; el más importante del arte románico aragonés con toda la simbología histórica del antiguo Reino de Aragón, recibió ayudas públicas para su restauración. En el periodo 1991/2009, 2.553.909 euros de los cuales 1.108.800 euros fueron aportados por la Diputación General de Aragón. Posteriormente el Ministerio de Educación y Cultura español aportó 614.738 euros en el año 2013, finalizando con un nuevo proyecto de restauración valorado en 430.000 euros en el año 2014. Actualmente para visitar el recinto Museo/Catedral hay que pagar entrada.

Desde MHUEL instan nuevamente a los poderes públicos (Ayuntamiento de Chaca, Diputación de Uesca y Diputación General de Aragón), como ya hicieran con el caso de la Catedral de La Seo, a que "defiendan de una vez por todas lo que pertenece al común de la ciudadanía" y "pongan coto administrativo y jurídico a un expolio legal como son las inmatriculaciones de la Iglesia Católica".

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