Varias organizaciones presentan una querella contra el Partido Popular por delito fiscal y electoral

Aportan una argumentación consistente como para imputar a Esperanza Aguirre y otras personas, e incluso al propio Partido Popular, por un delito contra la Hacienda Pública, delito electoral y otros

Esperanza Aguirre e Ignacio González

En las últimas semanas, tras el arresto de varios dirigentes y ex cargos públicos del Partido Popular (PP), se ha conocido la existencia de una presunta organización criminal. Se utilizaba el poder político de este partido en la Comunidad de Madrid, a través del Gobierno regional y distintas empresas de carácter público, como el Canal de Isabel II (CYII) o ICM (Agencia Informática de la Comunidad de Madrid), para obtener de forma ilícita distintas contrataciones públicas a favor de empresarios. A cambio, estos empresarios abonaban importantes comisiones económicas, en dinero negro, tanto a las personas que formaban parte de dicha organización criminal como también presuntamente al propio Partido Popular.

Este es el motivo que lleva a buena parte de las organizaciones que están manteniendo la acusación popular en la conocida como Querella Bárcenas, ligada a los papeles del extesorero, a presentar una nueva querella en la que se recogen y documentan muchos de estos hechos. A la querella se han sumado distintas organizaciones que han venido trabajando en el marco de la Plataforma contra la Privatización del CYII. Las organizaciones firmantes de la querella son: Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.

Consideran que la actual cúpula del Partido Popular ha estado maniobrando para encubrir los delitos cometidos por Ignacio González y sus cooperadores. Para la acusación popular existen elementos suficientes para que este delito de encubrimiento se impute a Esperanza Aguirre, además de otros destacados miembros del partido. Y es que existen abundantes indicios de que la expresidenta tenía supuestamente pleno conocimiento de la información que manejaban los extesoreros Lapuerta y Bárcenas, así como del exalcalde de Leganés. Del mismo modo, parece que fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su Secretario General al tiempo que ella era presidenta del PP de Madrid. Del mismo modo, en la querella se argumenta su posible papel como cooperadora en los presuntos delitos fiscal y electoral del PP.

Como se argumenta en la querella, se pide la imputación del PP por un delito contra la hacienda pública (estos fondos eran opacos al fisco) y por delito electoral, toda vez que buena parte de los fondos ilícitos se empleaban en las campañas del partido, tanto de Madrid como de ámbito estatal. Además, se aportan argumentos para imputar por cohecho, estafa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales a esta organización.

La intención de todos estos colectivos es poder ejercer la acusación popular, esto es, un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción, sobre todo ante la alarma social generada al ver que importantes sectores de la política, la empresa, la fiscalía y algunos medios de comunicación aparentemente y presuntamente se han conjurado para saquear bienes públicos. En este caso utilizaban a la administración pública madrileña, realizando un expolio que luego se traduce en falta de recursos públicos y recortes sociales. Sin olvidar la alarma que genera que el propio portavoz parlamentario de PP en el Congreso de los Diputados haya manifestado la pretensión del PP de limitar el ejercicio de la acusación popular.

Ahora habrá que esperar a que el juez instructor, Eloy Velasco, admita a trámite la querella presentada y se inicie el proceso judicial.

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