La medida le obligará a relacionarse directamente con quien le pegó y le vejó durante ocho años, y al que tiene “pánico”. La víctima va a solicitar al juzgado que le dejen utilizar el servicio hasta que la hija pequeña pueda ir al encuentro de su padre junto con su hermano sin necesidad de que les acompañe un adulto.
Los responsables del PEF comunicaron hace escasos días a Esther (nombre ficticio) que se iba a solicitar la finalización del servicio porque su agresor había cumplido ya toda la condena. “A partir de ahí, él pasa a ser una persona totalmente libre, que puede hasta comprar un arma, y yo pierdo mi condición de víctima de violencia de género. Quedo totalmente expuesta ante una persona a la que tengo auténtico terror”, indica la mujer afectada.
Desde el gabinete de comunicación de la DGA, que gestiona los puntos de encuentro familiar, confirman que se le ha comunicado a la víctima la solicitud de conclusión del servicio. Y respecto a la excepción que solicita la mujer, las mismas fuentes puntualizan que “es usuaria desde 2011 y el Decreto 35/2013 de funcionamiento de los PEFS indica 12 meses máximo de servicio (artículo 11), prorrogable en determinadas ocasiones, y ésta ha sido una de ellas”.
En manos de la Justicia
La suerte de Esther vuelve a estar en manos de la Justicia, de un ordenamiento jurídico y de un sistema administrativo bajo quienes nunca se ha sentido protegida. Y también queda expuesta ante un individuo que además de vejarla y maltratarla, la amenazó en su día con matarla si le impedía ver a los hijos comunes.
“¿Comprendes que tenga miedo?” Sí, claro, cómo no va a tener pavor ante semejante panorama. Porque el sistema, supuestamente protector, es incomprensiblemente insensible ante los recientes casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas tras finalizar condena previa sus agresores, junto a puntos de encuentro familiar (una de ellas en Zaragoza) o por quebranto o finalización de órdenes de alejamiento.
Mientras tanto, la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza y la Comisión de la Mujer de la FABZ volvieron el martes 6 de junio, “una vez más (y las que hagan falta)”, a la plaza España de Zaragoza para "exigir el fin del machismo y de sus violencias”.
Pero la encomiable actitud de esas organizaciones, no evita de momento que las perspectivas para esta mujer sean poco halagüeñas. El caso de Esther es paradigmático respecto al sufrimiento y la posterior indefensión de las víctimas de violencia machista. Largo tiempo (¡5 años!) de sufrir en silencio malos tratos de todo tipo (“hasta llegó a ponerme un cuchillo en la garganta”). Anulación de la personalidad y terror cotidiano paralizador hasta que lo denunció tras “pegar al chico mayor, y a mí, claro. Sólo entonces me decidí”. Luego… mínima protección y máxima angustia.
Tras la denuncia se celebra un juicio rápido en el que se le aplica al agresor una orden de alejamiento a 250 metros de la víctima y abandono inmediato del domicilio familiar. En el posterior juicio penal se le condena a seis años de trabajos para la comunidad, otros tantos de alejamiento a 500 metros de la víctima y se le permite estar con los hijos comunes en fines de semana alternos, pese a haber sido condenado, entre otras cosas, por “maltrato familiar habitual”.
Problemas e indefensión
Entre tanto, Esther trata de acogerse a los beneficios materiales que en teoría presta el sistema a las víctimas de violencia machista. Pero se le niegan porque en el momento de la denuncia y posterior condena a su agresor ambos son propietarios de dos pisos. Ella dispone en ese momento de un buen trabajo, por lo que tampoco reclama las supuestas facilidades concedidas a las maltratadas para que encuentren empleo. Sí que se le facilita una pulsera y luego un móvil de localización, además de protección policial especial en caso de riesgo inminente.
Pero la situación se va complicando posteriormente y el sistema no acude en ayuda de la mujer. El agresor se queda sin trabajo y deja de pagar su parte de las hipotecas (luego dejaría de pagar también la pensión por los hijos). El banco empieza a presionar a Esther. Poco después, ella se queda también sin trabajo y los problemas se recrudecen.
Ante ese panorama, la agredida opta por acudir al Instituto Aragonés de la Mujer en demanda de una de las ayudas contempladas para víctimas de violencia de género. Se le deniega “al ser previsible que mejore de forma sustancial su empleabilidad mediante su participación en programas de empleo específico establecidos para su inserción laboral”. Increíble.
Tras varias vicisitudes más, Esther acaba sin piso, desahuciada y embargada por el banco. Con ayuda familiar y capitalizando el paro monta un pequeño negocio del que ahora vive. Para ello, tras una dura batalla administrativa, logra, esta vez sí, una subvención del IAM.
Y en todo ese tiempo, la mujer, bajo el paraguas del Punto de Encuentro Familiar, con muchos apoyos de padres, hermanos y amigos, y con mucha angustia, ha cumplido con el intercambio de los hijos con su agresor, pese a que “a los chicos les ha pegado en más de una ocasión, pero como no hubo lesiones visibles, no pude denunciar. Iba a ser su palabra contra la de unos menores. Ahora, el mayor, cuando cumpla 14 años, podría declarar ante el juez. Pero no se atreve. También tiene miedo a su padre”.
El miedo
Y es que el calvario de la violencia machista “que nos ha dejado marcados de por vida a mí y a mis hijos” se cuela hasta lo más profundo de las víctimas. Los tres, madre e hijos, siguen todavía bajo tratamiento psiquiátrico. “El mayor padece depresión, baja autoestima y ha sufrido acoso en el colegio”, señala abatida la madre.
Y pese a todo ello, el agresor es ya un individuo liberado de su condena, que puede acercarse a su víctima, y que no parece haberse rehabilitado en todo este tiempo. “Ahora vive con otra mujer y los hijos me dicen que la trata igual de mal que a mí”.
Ella, por contra, pierde sus ‘prebendas’ como víctima de violencia machista porque a ojos de la administración de justicia ya no lo es, y es muy probable que se quede sin el amparo del PEF.
“Me muero de miedo sólo con pensar que tendré que hablar con él alguna vez para acordar el intercambio de los hijos. No te digo nada si tuviera que verlo de nuevo algún día…”.
Ante esa situación, los agentes policiales que estuvieron encargados de su protección le recomendaron que se inscribiera en cursos de autodefensa que la misma Policía Nacional imparte. En ello está. Pero sabe que si se topa con su exmarido agresor, alcohólico y ludópata, “me muero de miedo”.
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Noticia publicada en Ten! Zaragoza.
