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Una sentencia judicial admite la dación en pago como forma de saldar una deuda hipotecaria

El magistrado Manuel Ruiz de Lara firma una sentencia histórica que anula las clausulas hipotecarias que obligan a cliente y avalistas a continuar pagando un préstamo hipotecario después de haber entregado la vivienda
| 11 enero, 2017 07.01
Una sentencia judicial admite la dación en pago como forma de saldar una deuda hipotecaria
Foto: Pablo Ibáñez.

El juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona podría haber dado el pistoletazo de salida a la dación en pago como forma de saldar la deuda hipotecaria contraída con el banco, y lo hace al anular la cláusula que obligaba al titular del crédito a continuar abonando el pago de la deuda aunque la vivienda ya estuviera en manos de la entidad bancaria, en este caso concreto Bankia.

Según el magistrado Ruiz de Lara, Bankia no actuó de “buena fe”, ya que las cláusulas abusivas “causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales”. Para ello, apuntala esta afirmación en el artículo 3 de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Advierte el magistrado también que “el elevado volumen de operaciones” conllevó que “en ciertos sectores de la economía se sustituyesen los tratos personalizados de los términos y las condiciones de los contratos, por la contratación de medio de condiciones generales propias del tráfico en masa”, advirtiendo que en este tipo de contrataciones en masa, “el diálogo da paso al monólogo”, no permitiendo el trato personalizado.

La defensa en este caso ha asegurado que se trata de una “sentencia histórica”, pues establece la dación en pago por vía judicial. “No tiene sentido que el hipotecado asuma responsabilidades de por vida mientras que al banco se le permite adjudicarse el inmueble por un 60%, perseguirte de por vida y después vender el inmueble a mayor precio”, ha advertido el abogado defensor.

El magistrado va más allá y anula también la cláusula de garantía adicional que afectaba a los avalistas solidarios. Lo hace recurriendo al artículo 51 de la Constitución, que establece la necesidad de los poderes públicos para proteger “con eficacia los intereses económicos de los consumidores y usuarios”. Con esta fórmula, Bankia en este caso concreto, debe tratar de saldar la deuda a través del bien hipotecado, y tan solo si su valor no fuera suficiente para hacer frente al pasivo, reclamar el pago del resto a través de otros bienes del deudor o sus avalistas.

Además, la sentencia advierte que la intermediación del notario, quien lee estas cláusulas al cliente a la firma del contrato hipotecario, no arroja transparencia y que responde más bien a requisitos de control. Así, asegura que la lectura del contrato en sede notarial no aclara el mismo al contratante, y advierte que no considera “que acredite suficientemente y en sí misma una información adecuada y relevante en los términos que más adelante se desarrollarán, respecto de la carga jurídica y económica del contrato, el reparto de riesgos y la verdadera naturaleza como préstamo a interés no variable -que el TS concreta en un elenco de circunstancias de cierta amplitud-, además de que no resulta del contenido de la propia escritura pública la información que respecto de los mínimos de la cuota y tipo se manifiestan”.

Para Ruiz de Lara, ” sólo un consumidor bien informado puede elegir el producto que mejor le conviene a sus necesidades y efectuar una correcta contratación” y es la entidad bancaria la que está obligada a demostrar que ha dado toda la información necesaria para que el cliente haya comprendido la hipoteca que está contratando.

La sentencia cobra tremenda importancia, pues abre la puerta a la dación en pago por vía judicial, pero no solo eso, sino que podría hacer tambalearse al sistema crediticio en el Estado español, pues alrededor de 6 millones de hipotecas podrían ser revisadas si la sentencia crea jurisprudencia.

11 enero, 2017

Autor/Autora

Miembro del Consello d'AraInfo. @maconejos


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