El pasado abril Donald Trump “inauguró” su política basada en la tolerancia cero contra cualquier persona que cruce la frontera con México sin los papeles en regla. Para ello, el presidente de EEUU envió a unos 4.000 efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva bajo el control de los estados, a lo largo y ancho de la frontera para militarizar la zona e impedir el paso de migrantes.
El resultado ha sido que cerca de 2.000 niños y niñas fueron separadas de sus familias las cuales fueron encarceladas. Las redes sociales se han encendido con las decenas de imágenes de niños, niñas y adolescentes encerrados en jaulas a la espera de ponerse a disposición de los servicios sociales.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) reclamó que si Trump continúaba con estas medidas tan represivas que, “al menos” se asegurara de que al salir de la prisión, las familias fueran reagrupadas. “Pedimos que si esta situación es así, al menos se debe garantizar que cuando los padres salgan serán reagrupados con sus hijos, ya que como hemos podido comprobar por ahora no se produce”, señalaba el director adjunto de Derechos Migratorios de la ACLU, Lee Gelernt.
La respuesta del presidente ha sido “algo” diferente y firmado un decreto que permitirá encerrar a los niños y niñas junto a sus familias en los centro de detención de migrantes durante un plazo de tiempo dilatado.
“No nos gusta ver a las familias separadas. Al mismo tiempo, no nos gusta que la gente entre ilegalmente en nuestro país. Esto resuelve el problema”, ha asegurado el presidente a la prensa en el Despacho Oval, a lo que ha añadido que “No me gustaba ver a las familias separadas ni los sentimientos que eso provoca”.
Varios estados han rechazado la militarización
Sin duda, esta solución endurece más las políticas antimigración que ha mantenido desde que llego a la Casa Blanca. Para Donald Trump su máxima es mantener lo que él llama una “frontera poderosa”.
Unas políticas que ya han rechazado varios y varias gobernadoras tanto demócratas como republicanas que han rechazado enviar efectivos de sus respectivos estados a la frontera. Entre los demócratas que no participan se encuentran Connecticut, Delaware, Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva York, Virginia o Rhode Island. Por su parte, entre los republicanos que también se han negado están Massachusetts, Maryland, Nebraska, Florida o Illinois, en el que su gobernador Bruce Rauner pidió la suspensión de Trump.
Obama ya encarceló a menores en 2014
El decreto del presidente republicano contraviene un acuerdo, conocido como “Flores”, al que el Gobierno estadounidense se comprometió en 1997. Este acuerdo establece que los y las menores detenidas en la frontera solo pueden ser privadas de libertad durante un máximo de 20 días. Algo que Barack Obama ya incumplió en 2014 cuando atravesaron la frontera decenas de menores procedentes de Centroamérica y que un juez federal determinó en 2016 que este límite temporal debía respetarse tanto a menores como personas adultas.
