Las entidades, que han votado en contra de los Planes Especiales de Sequía, piden al nuevo Gobierno la retirada de estos documentos y demandan un giro radical en la gestión del agua en el Estado español. Advierten de las negativas consecuencias ambientales y sociales que acarrearían en caso de ser aprobados, y reclaman dejar atrás la sobreexplotación de los recursos hídricos y afrontar los retos del cambio climático.
