Tal y como se esperaba la Justicia europea, siguiendo la petición del juez del Supremo Pablo Llarena, ha confirmado la decisión del Parlamento Europeo y desestima el recurso del expresident de Catalunya, que también afecta a los exconsellers y eurodiputados, Clara Ponsatí y Toni Comín. "Hoy la disidencia política está más amenazada en Europa", ha dicho Puigdemont.
La corte de apelación de Sassari interpreta que el proceso debe quedar suspendido sine die hasta que la Justicia europea resuelva la cuestión prejudicial elevada por el juez español Pablo Llarena, así, el president de Catalunya en el exilio y eurodiputado Carles Puigdemont, mantiene su inmunidad en todos los territorios de la Unión Europea.
En libertad sin medidas cautelares ni restricciones de movilidad, con la única imposición de que acuda a la vista fijada el lunes 4 de octubre. Así lo ha decidido el Tribunal de Apelación de Sassari tras ser detenido este jueves por la policía italiana en Cerdeña. "Ante la represión judicial, la más enérgica condena", ha manifestado Pere Aragonés, president de una Catalunya que ha vuelto a salir a las calles contra "un nuevo episodio de persecución política del independentismo".
En directo las reacciones y las movilizaciones contra la sentencia del "procès"
El tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena ha dado a conocer este lunes sentencia del juicio contra el independentismo, y como se esperaba, después de la filtración del 12 de octubre, condena por "sedición" a las y los nueve dirigentes en prisión en una sentencia muy dura
Miles de personas, 25.000 según la Guardia Urbana, salían a las calles de Barcelona convocadas por la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y los partidos soberanistas ERC, la CUP y PDeCAT para concentrarse de forma unitaria en la plaza Catalunya bajo el lema "Llibertat: L'autodeterminació és un dret", en respuesta al final del juicio contra el procés.
Tras cuatro meses, el juicio contra el procés ha quedado visto para sentencia. Y lo ha hecho escuchando por segunda vez en estas 52 sesiones a las y los 12 dirigentes independentistas catalanes, nueve de ellos presos políticos, que se han reafirmado en sus convicciones y han pedido devolver un problema político a la política. "Ahora es la hora de la unidad estratégica, es hora de compartir un horizonte y un rumbo", ha afirmado Torra mientras miles de personas salían a las calles de Barcelona bajo el lema "Llibertat: L'autodeterminació és un dret".
Tras 52 sesiones en cuatro meses, 422 testigos y con los relatos dispares de la Fiscalía y Abogacía del Estado sobre si hubo o no violencia, este miércoles se celebra en la sala del Tribunal Supremo la que, salvo sorpresas, será la última del juicio contra el procés. En la sesión matinal han continuado las exposiciones de los informes finales de las defensas. ▪️ Arderiu: "El Constitucional criminalizó la mesa del Parlament cuando hay una mayoría a favor de la independencia" ▪️ Alegato contra los delitos de "rebelión" y "sedición" apuntando a la “desobediencia” ▪️ Convocan concentraciones este miércoles con motivo del final del juicio
Este martes el Tribunal Supremo escucha los informes finales las defensas. Según el calendario previsto, este miércoles, tendrán la palabra por segunda vez en cuatro meses los 12 dirigentes independentistas juzgados -durante 15 minutos cada uno- y el juicio quedará visto para sentencia. ▪️ Melero: "Pensaba que el delito de rebelión solo era aplicable al militar levantado en armas. Veo que la Fiscalía se opone a este planteamiento" ▪️ Pina: "Según la Fiscalía había delito de desobediencia hasta que alguien pensó que era el mismo delito del 9-N y había que escarmentarlos" ▪️ ANC, Ómnium y los partidos soberanistas convocan concentraciones el día que se acabe el juicio
En su último informe, la Plataforma International Trial Watch (ITW), que ejerce como observadora internacional en el juicio contra el procés, también considera "especialmente preocupante" que la Fiscalía haya hecho un paralelismo entre el golpe de estado militar de Tejero y el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya. La Fiscalía para intentar probar el delito de rebelión "denota una concepción poco democrática del ejercicio de derechos fundamentales", critica.
Este martes las tres acusaciones han expuesto sus conclusiones en el juicio contra el procés. Ante la falta de pruebas, la Fiscalía no ha dudado en calificar lo ocurrido en Catalunya "entre marzo de 2015 y octubre de 2017" como "un golpe de Estado", señalando a Junqueras como"el motor principal de la rebelión". Por su parte, la Abogacía del Estado ha defendido el delito de "sedición" frente al de "rebelión". Todo esto ha ocurrido precisamente el mismo día que el Supremo paralizaba la exhumación del dictador Francisco Franco, al que en su auto se refería como jefe del estado de España desde el primero de octubre del 1936, dos años antes del fin de la guerra civil. Y el mismo día también en el que más de un centenar de juristas, intelectuales y colectivos denuncian la vulneración de derechos humanos en el juicio.
Este miércoles ha concluido la fase testifical y ha comenzado la práctica de la prueba pericial. En un comunicado, la International Trial Watch (ITW), plataforma que ejerce como observadora internacional, acusa el juez Marchena de "parcialidad" y le reprocha su actitud "desconsiderada y limitada" con los testigos de la defensa. Mientras tanto, la Fiscalía he pedido la "suspensión inmediata" de los cinco presos catalanes electos el 28A.
Tras más de un mes escuchando los testimonios de decenas de agentes policiales, el juicio contra el procés ha comenzado una nueva etapa de comparecencias de políticos, cargos del Govern y dirigentes de la sociedad civil catalana en esta undécima semana con más de 40 testigos citados por las defensas. Entre ellos el diputado de ERC Rubén Wagensberg y el ex diputado de la CUP David Fernàndez, impulsores de En Peu de Pau; y el primer teniente alcalde de Ayuntamiento de Barcelona Gerardo Pisarello.
Tras ocho semanas de proceso contra el independentismo, a pocos días del comienzo de la campaña electoral y mientras las noticias sobre las cloacas del Estado siguen salpicando toda la actualidad política, observadores internacionales en el juicio vuelven a denunciar las "limitaciones al derecho a la defensa, falta de imparcialidad del Tribunal y la no aceptación de material probatorio que las defensas consideran esencial"
Lo más escandaloso de esta séptima semana de juicio contra el procés tuvo lugar este martes, con la declaración del "testigo clave" de la Fiscalía, el teniente coronel Daniel Baena. Este miércoles, ha declarado el ex-diputado alemán Von Grünberg, que ha subrayado que "la brutalidad de la policía el 1-O no modificó el comportamiento pacífico de los ciudadanos". También este miércoles la Fiscalía ha presentado una querella contra Torra.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que investiga a Pablo Casado por el ‘caso Máster’ tuvo que elevar la causa al Supremo dada la condición de aforado del líder del PP. Los magistrados que decidirán si se archiva o no el caso fueron propuestos por vocales del Poder Judicial afines al PP.
El magistrado también retira las euroórdenes europeas e internacionales de detención contra las y los exconsellers exiliados Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, además de la de la secretaria general de ERC, Marta Rovira
La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido extraditar a Carles Puigdemont por "malversación de fondos públicos", desestimando la petición de la Fiscalía y del juez Pablo Llanera del Tribunal Supremo español de hacerlo por "rebelión". La extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana. "Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado español. Cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. Lucharemos hasta el fin, y ganaremos”, ha afirmado Puigdemont.
Esta medida afecta a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, así como al expresident Puigdemont. La medida no afecta al exconseller exiliado en Bélgica Toni Comín, que tiene pendiente recurrir en reforma y en apelación el auto de procesamiento.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, contra Pablo Llarena, que instruye los hechos relacionados con el procés, y otros tres magistrados de dicha Sala, al entender que no cumple el requisito de haber sido formulada mediante querella.
El president del Parlament de Catalunya ha denunciado al juez instructor de la causa por el procés y a otros tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra los derechos fundamentales de los y las diputadas que se encuentran en prisión o en el exilio
La Fiscalía también ha solicitado la extradición de Puigdemont al Estado español por los cargos de rebelión y alteración del orden público. Esta nueva petición será estudiada ahora por el tribunal, al que la Fiscalía alemana ya había solicitado el pasado 9 de mayo el ingreso en prisión de Puigdemont, lo que fue rechazado por esa corte.
El juez del Tribunal Supremo argumenta que existe riesgo de fuga y que el de reiteración delictiva no sólo se mantiene sino que se ha potenciado con el anuncio de Torra de impulsar la república independiente catalana. La defensa de Turull y Rull esgrimía que los dos tenían derecho de aceptar el cargo de conseller, porque ya tienen garantizado el derecho de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos sin que fuera legítimo discriminarlos por el hecho de ser tomados preventivos.
Un defecto de forma en la euroorden enviada por Pablo Llarena a la justicia belga hace que Meritxell Serret, Toni Comín y Lluis Puig queden libres. El secretario general del PSOE propone modificar el delito de “rebelión” para que sea más duro con el independentismo.
Rajoy ha tildado a Rivera de “aprovechategui” por pedirle explicaciones por el recurso presentado. Mientras, el Supremo confirma el procesamiento de 23 personas por el procés y la CUP se mantiene en la abstención si el candidato a president no es Puigdemont.
El juez Llarena ha requerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por sus declaraciones sobre la financiación del referéndum del 1-O. El mismo día, el juez del Tribunal Supremo ha comunicado el procesamiento de “rebelión” y “malversación” que se imputa a Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell.
El Tribunal supremo español considera en una interlocutoria que la actuación de la policía estatal evitó una masacre el 1O. El mismo tribunal se plantea acusar a Puigdemont de “sedición” para conseguir extraditarlo.