Ha estimado inconstitucionales aquellos artículos que otorgaban exclusividad de competencias al Gobierno de Aragón en relación al uso y el destino del agua de los ríos aragoneses y, por lo tanto, impedían los posibles intentos de trasvase del Gobierno español. Esta ley aragonesa fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón.
RAPA presenta alegaciones al proyecto de Decreto de DGA por la aprobación del Reglamento regulador del ICA
Además, solicita la “retirada” de este Reglamento y la “derogación” de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, para que sea sustituida por “una nueva Ley que establezca un nuevo modelo de gestión de los servicios de saneamiento y depuración, con un marco de financiación radicalmente distinto (…) y abierto a la supervisión y participación de los ciudadanos”