Las condenas dictadas van desde la cadena perpetua hasta los dos años de prisión. Organizaciones como Human Rights World o Amnistía Internacional, así como diferentes observadores internacionales denuncian el uso de torturas por parte de las autoridades marroquíes hacia los presos con motivo de obtener supuestas declaraciones y confesiones. Los hechos se remontan a una concentración realizada en el campamento de Gdeim Izik en 2010, la cual fue reprimida por la Gendarmería y el Ejército de ocupación marroquí.