¿Son las multas a las petroleras disuasorias?

EL SALMÓN CONTRACORRIENTE | La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha multado con un total de 32,4 millones de euros a cinco empresas petroleras tras determinar que incurrieron en prácticas prohibidas. La noticia se ha difundido como si se tratara de un gran castigo impuesto a dichas empresas pero ¿es realmente un castigo proporcional, disuasorio y eficaz?

repsolEL SALMÓN CONTRACORRIENTE | Yago ÁlvarezLa Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el organismo que se encarga de que las empresas cumplan las leyes de la libre competencia, ha multado con un total de 32,4 millones de euros a cinco empresas petroleras tras determinar que incurrieron en prácticas prohibidas. La noticia se ha difundido como si se tratara de un gran castigo impuesto a dichas empresas pero ¿es realmente un castigo proporcional, disuasorio y eficaz?

La CNMC, presidida por José María Marín, concluye así un expediente que se abrió en julio de 2013 al considerar probada la existencia de prácticas como pactos de no agresión, intercambio de formación y coordinación en materia de precios, lo que traducido a un idioma más comprensible significa que se repartieron territorios para no hacerse la competencia, fijaron precios mínimos para que no hubiera una guerra que les perjudicara y se intercambiaron información para poder competir conjuntamente contra otras empresas o sacar mayores beneficios de los clientes.

Las dos mayores sanciones han sido para las dos mayores empresas de distribución en nuestro país: Repsol y Cepsa, las cuales han recibido multas de 20 y 10 millones de euros respectivamente al probarse, entre otras cosas, acuerdos en varias localidades de Zaragoza y pactos de no agresión (pacto de precios) en los meses de julio y agosto de 2011, meses de un alto consumo de carburantes debido a los desplazamientos por carretera en el periodo vacacional.

El resto de compañías multadas han sido DISA con una sanción de 1,3 millones de euros, la filial española de la portuguesa GALP con 800.00 euros y Meroil con 300.000 euros de sanción por probarse diferentes pactos e intercambios de información entre ellas y con las dos empresas anteriores en provincias como Ceuta o Barcelona durante los años 2011, 2012 y 2013.

¿Son suficientes y disuasorias esas sanciones?

Leer un titular en el que se habla de sanciones de más de 30 millones de euros puede abrumar y hacernos sentir que estamos ante castigos ejemplares y disuasorios a las compañías que no juegan limpio con las reglas de la libre competencia, pero ¿son tan grandes esas multas si las comparamos con los beneficios que obtienen estas empresas? En la siguiente tabla podemos comprobar los datos de beneficio neto anual de los tres grandes grupos sancionados para el último año publicado, el porcentaje que supone la sanción frente a ese beneficio anual y su equivalente en días.

Si tomamos el ejemplo de la mayor de ellas, la sanción impuesta a Repsol, vemos que los 20 millones de euros sólo suponen un 1,24% del beneficio neto de este último año. La cuantía de la multa es inferior al beneficio que Repsol obtiene en tan sólo 5 días. Pactar precios, repartirse territorios o compartir información saltándose las leyes de la competencia, que parecen tan sagradas en algunas ocasiones como cuando se pretende ilegalizar una plataforma de consumo colaborativo, sólo les cuesta -en el caso de que les cojan- el dinero que han ganado en menos de una semana. ¿Le parecerá al Gobierno y a la CNMC una medida disuasoria? ¿Se lo parecerá a las empresas?

Estas laxas medidas con las grandes empresas chocan más todavía si las comparamos con las multas que puede recibir la población civil con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza. Las sanciones impuestas a las petroleras calculadas sobre un salario de mileurista, que con la precarización actual del empleo se ha convertido en un lujo, no supondría más de 200 euros en el mejor de los casos ya que tenemos que tener en cuenta que los cálculos de la tabla se han hecho sobre el beneficio neto, o sea después de pagar todos sus gastos. Si la multa fuera de un 1,24% del dinero que le sobra a final de mes a un mileurista posiblemente la multa no superaría los 2 euros en la mayoría de los casos, cantidades insignificantes si las comparamos con los 600 euros que estipula la Ley Mordaza por negarse a identificarse o los 30.000 por impedir un desahucio.

Desde que en noviembre de 2011 entrara el actual Gobierno, la palabra “competitividad” ha sido la bandera insignia y perfecta excusa para congelar salarios, precarizar contratos y facilitar y abaratar el despido. Todo ello con la intención de abaratar nuestros productos para que de ese modo aumenten las exportaciones. Lo que parece ignorar el Gobierno es que el precio del carburante influye directamente en nuestra competitividad. La subida -o la no bajada porque se han pactado precios ilegalmente- del precio de la gasolina encarece nuestro transporte, los gastos de nuestra industria, merma el poder adquisitivo de las familias y reduce los márgenes de beneficio de las empresas.

Si es cierta la afirmación de que “la ley es igual para todos” entonces este sistema de sanciones parece indicarnos que para nuestro Gobierno y para la CNMC es peor beber en la calle o no llevar el DNI que manipular los precios de la gasolina y jugar con la economía de todo un país.

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