Ser antifascista no es delito, sobreseída la causa contra Resaca Castellena

Comunicado de Resaca Castellana | El 15 de abril de 2010 fueron detenidos en Burgos siete compañeros acusados de una supuesta tenencia ilícita de armas y explosivos, y asociación ilícita. Así mismo, un local, sede de la Asociación Cultural 23 de abril, fue registrado, y posteriormente precintado, en lo que fue una operación policial de magnitudes insospechadas. Según el “discurso oficial”, esta operación formaba parte de las medidas preventivas para garantizar la seguridad en la Cumbre Europea de ministros y secretarios de Estado que iba a tener lugar en Burgos del 21 al 23 de abril de 2010. Casualmente, en …

resaca castellanaComunicado de Resaca Castellana | El 15 de abril de 2010 fueron detenidos en Burgos siete compañeros acusados de una supuesta tenencia ilícita de armas y explosivos, y asociación ilícita. Así mismo, un local, sede de la Asociación Cultural 23 de abril, fue registrado, y posteriormente precintado, en lo que fue una operación policial de magnitudes insospechadas. Según el “discurso oficial”, esta operación formaba parte de las medidas preventivas para garantizar la seguridad en la Cumbre Europea de ministros y secretarios de Estado que iba a tener lugar en Burgos del 21 al 23 de abril de 2010. Casualmente, en esas fechas nuestros compañeros no iban a estar en la ciudad, ya que iban a estar como cada año participando en las actividades programadas en Villalar de los Comuneros con motivo del Día Nacional de Castilla.

El registro del local se realizó de forma muy sospechosa por parte de la Brigada de Información de la Policía Nazi-onal. Lo lógico, teniendo una orden de registro, hubiera sido ponerse en contacto con la persona o asociación que regenta el local para que lo abra y acudir directamente con la autoridad judicial, pero no fue así. Ellos prefirieron llevarlo a cabo solos, a primera hora de la mañana y cuando un compañero procedía a sacar su moto del local. Le abordaron por la espalda un grupo de agentes encapuchados y le retuvieron ilegalmente durante casi 30 minutos en el interior de un coche, quitándole sus pertenencias, así como las llaves del local, sin que pudiera avisar a nadie.

Inmediatamente cortaron las calles, asegurándose de que nadie pasara por allí. Durante este tiempo algunos de los agentes permanecieron en el local solos, sin la autoridad judicial ni el abogado pertinentes, que llegarían tiempo después. Curiosamente, durante el posterior registro, aparecería dentro una bombona de camping gas con petardos, que nunca había estado en el local, y que se convertiría en la base de la acusación de terrorismo.

Hay que destacar que lo único que aporta el informe de la Brigada de Información para solicitar el registro del local es la hipótesis de encontrar en su interior algún “artefacto explosivo confeccionado con bombonas de gas y petardos de gran potencia” y, casualmente, es lo que apareció, por lo que se confirma la sospecha de que pudo ser introducido por ellos mismos o por alguien afín a ellos. Este informe era meramente prospectivo y no estaba fundamentado en ningún tipo de indicio, seguimiento o investigación, que indicara la existencia de esa bombona, pero sorprendentemente, y sin tener bases fundadas, la jueza del Juzgado de Instrucción nº 4 de Burgos, concede de inmediato la orden de registro y decreta el secreto de sumario.

La experiencia nos dice que nada es casualidad, y que estaba todo perfectamente organizado: la coincidencia con la cumbre de ministros, la forma de acceder al local y que justo aparezca dentro lo descrito por ellos en el informe, y por supuesto, que pidieran la orden de registro un día en el que estaba de guardia la magistrado-juez del Juzgado de Instrucción nº 4, conocida ya en Burgos por enviar a prisión preventiva a algún joven por motivos ideológicos.

El registro se llevo a cabo durante 5 horas, el local fue precintado y fue requisado todo lo que se encontró en el interior. Los siete compañeros permanecieron 72 horas detenidos en comisaría, soportando todo tipo de insultos, amenazas, torturas psicológicas y chantajes para que acusaran a compañeros de delitos que no habían cometido. Después fueron puestos en libertad con cargos, obligados a ir semanalmente a firmar a la comisaría de Burgos.

Posteriormente la jueza quiso llevar el caso más lejos y trasladó la causa a la Audiencia Nacional para que juzgaran a los compañeros por delitos de terrorismo, y envió un sumario redactado por la Brigada de Información de más de 1000 folios, para intentar demostrar los delitos de terrorismo y asociación ilícita. Este informe se basa, por un lado, en la bombona con petardos, así como pistolas de juguete, mangos de herramientas, cohetes y petardos de feria, y productos de limpieza adquiribles en cualquier droguería, con los que dicen que se pueden fabricar explosivos. Por otro lado, el informe se basa en acusaciones tan irrisorias como atribuir a estos compañeros un listado de hechos delictivos que supuestamente han pasado en Burgos en los últimos 10 años, y por los cuales no existe ninguna detención ni causa judicial abierta. De la misma forma, aportan denuncias correspondientes a otras personas que nada tienen que ver con ellos ni con el colectivo.

También señalan quienes se encargaban de comprar bebida, hacer carteles, pegatinas, etc., haciendo incluso firmar encima de sus fotos a propietarios de imprentas, serigrafías, repartidores de bebida… como si de delitos se tratasen. Presentan incluso, listados de personas identificadas visualmente en charlas, conciertos, manifestaciones etc...,haciendo con ello controles ideológicos y seguimientos de las personas, y dictaminando por ello y en función de las actividades públicas a las que acuden…, su pertenencia o militancia a determinados colectivos.

Es decir, un sumario en el que básicamente se refleja una persecución política hacia un colectivo y una asociación cultural, por el simple hecho de ser de izquierdas, castellanistas y antifascistas. Después de unos meses, la Audiencia Nacional alega que no encuentra argumentos para juzgar la causa por esos delitos, y que por lo tanto, el caso no es competencia suya, con lo que es devuelto al Juzgado de Instrucción nº 4 de Burgos. Aquí, y de nuevo la misma jueza, lo recurre al Tribunal Supremo hasta conseguir que se dictamine de nuevo el traslado de la causa al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, donde el fiscal, en abril de 2012, solicitaría penas que ascienden a casi 40 años de prisión para los acusados.

Posteriormente, los abogados de los compañeros presentan un recurso de apelación para que se sobresea la causa. La Sala de lo Penal Sección Segunda de la Audiencia Nacional admite a trámite el recurso, alegando a fecha 30 de julio de 2012, textualmente, que:

- “El auto impugnado se limita a recoger-copiar en bruto, sin ninguna clase de precisión descriptiva, y sin mayor elaboración jurídica ni análisis indiciario o de participación delictiva respecto de los imputados, el atestado policial”.

- “Tampoco en el oficio policial se contiene ninguna referencia a algún hecho concreto, ni mucho menos a alguna persona en concreto u organización que tuviera relación con algún hecho concreto investigado, sino una actividad de control más o menos aleatoria de un local, donde sin expresar ni fuentes ni razón de conocimiento, albergaban la sospecha de que pudiera haber alguna clase de artefacto. Todo ello sin hacerse constar en el oficio policial, ni en el auto que autoriza el registro, datos que vinieran a avalar la sospecha policial”.

- “Se trata de una solicitud de registro de un local de reunión, sede de una asociación cultural, que no puede calificarse más que puramente prospectiva”

- “También se hace una referencia imprecisa a “multitud de artefactos inflamables e incendiarios”, cuando lo hallado en el local fueron únicamente petardos y cohetes de feria, objeto de lícito comercio, y el único objeto que pudiera tener una trascendencia jurídico penal lo sería hipotéticamente un artefacto de fabricación casera, que no se describe ni determinan sus características, ni existe referencia alguna a un dictamen técnico-policial en el que conste la aptitud explosiva o inflamable del artefacto, ya que ni tan siquiera consta si la bombona de gas estaba llena o vacía, así como los posibles efectos que pudiera haber provocado”

Tras la persistencia del fiscal en seguir adelante con la acusación, la Sala vuelve a ratificar el auto de apelación un año después, a 3 de julio del 2013, y expresa textualmente que:

- “Existe un amplio conjunto de déficit no sólo de motivación, también de la culminación de la instrucción”.

- “La Sala sigue sin encontrar una razón mínimamente convincente para atribuir los objetos específicamente a los imputados”.

- “Respecto de ninguno de estos temas, poco o nada aporta el dictamen de inteligencia policial, referido a las hipotéticas genéricas actividades del grupo”.

- “La Sala deja constancia de la insuficiencia de investigación y motivación, causante de indefensión a los imputados, por lo que o bien se completa la investigación, completando los déficits puestos de manifiesto, o en caso de imposibilidad, se decrete el sobreseimiento del caso”.

Ante la imposibilidad de aportar nada relevante , al fiscal no le queda más remedio que solicitar al Juzgado Central de Instrucción nº2 el sobreseimiento de la causa, el cual se acuerda a fecha 1 de agosto del 2013, es decir, casi 3 años y medio después de comenzar el calvario de nuestros compañeros, y quedando de manifiesto el montaje y la persecución política llevada a cabo por parte de la Brigada de Información. Con ambos autos de apelación, y el posterior sobreseimiento, dejan claro que no existe ningún delito terrorista ni de asociación ilícita.

Desde el colectivo Resaca Castellana, queremos denunciar enérgicamente no sólo este montaje policial del que hemos sido objeto, sino la criminalización, brutal represión, persecución y acoso que llevamos sufriendo en Burgos los jóvenes antifascistas en los últimos años por parte de la Policía Nazi-onal, así como por miembros de la Brigada de Información y de la UPR. Muchos de estos policías tienen relación con los sectores más radicales de la extrema derecha e incluso algunos de ellos son conocidos por su pasado neonazi.

Al igual que ha sucedido en otras muchas ciudades, años atrás , estos individuos pertenecieron o simpatizaron con grupos neonazis y de extrema derecha, y a día de hoy son miembros del Ejército Español o de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dedicándose a hacer la guerra por su cuenta imponiendo sus ideales bajo su pistola y su placa, y haciendo una persecución política y personal al margen de la ley, con total impunidad y bajo la complicidad de jueces, fiscales y prensa. Todo ello respondiendo al claro objetivo político de perseguir y criminalizar el antifascismo, el castellanismo o cualquier forma de lucha digna… tratando de eliminar o ilegalizar organizaciones y colectivos sociales y políticos.

Podemos citar muchos de los actos represivos contra nosotros, llevados a cabo por estos individuos, entre los que cabe destacar:

- Continuas identificaciones, seguimientos, cacheos, intimidaciones, vejaciones, así como insultos y amenazas de forma cotidiana.

- Coacciones y amenazas por pertenecer a colectivos antifascistas y/o por desarrollar actividades políticas.

- Actuaciones represivas coincidiendo con la celebración de actividades o actos sociales y políticos como suelen hacer cada año los días previos a la celebración del Día Nacional de Castilla, incautando ilegalmente a compañeros, tanto en coches como en autobuses, pegatinas, pancartas, materiales para la realización de actividades… y todo lo que pueden, con el fin de conseguir que no se lleven a cabo dichas actividades.

- Llamadas y detenciones en puestos de trabajo de compañeros con el fin de conseguir su despido.

- Acoso en comercios de compañeros, en alguno de los a cuales han llegado a montar auténticos circos, poniéndose varios frente a la puerta con los rostros tapados e incluso acosando e identificando a clientes, para perjudicar de este modo dicho comercio.

- Robos de cinturones, prendas de abrigo y otros objetos, cuya tenencia no constituye ningún delito, y que en ningún caso son devueltos a su propietario, y si éste tiene algo que objetar, es detenido.

- Falsas denuncias y detenciones arbitrarias, así como incitar a denunciantes y testigos de cualquier tipo de delito a señalar la foto de la persona antifascista que a ellos les interese incriminar en ese momento.

- Frecuentes torturas psicológicas y en alguna ocasión físicas a personas detenidas.

- Negarse reiteradamente a dar sus números de placa, hecho que están obligados a hacer por ley, y en caso de insistencia puedes acabar en comisaria con algún cargo.

- Presiones y coacciones para que ciertos compañeros pasen información o declaren contra otros, mediante chantajes y amenazas con denuncias, familia, etc. como claramente hicieron los dos altos cargos de la Brigada de Información de Burgos en el momento de la detención de los 7 compañeros, ofreciendo a algunos de ellos firmar acusaciones falsas sobre otros, a cambio de su libertad.

No podemos permitir que este tipo de hechos sigan ocurriendo y a partir de ahora vamos a denunciar y a poner en manos de nuestros abogados cualquier tipo de conducta abusiva o ilegal por parte de la Policía. Como antifascistas que somos no estamos dispuestos a seguir soportando más tiempo este tipo de conductas, así como la persecución y los juicios políticos a los que nos vemos sometidos, propios de la dictadura.

Sabemos que mucha gente se ha callado este tipo de actuaciones por temor a mayores represalias, y desde nuestro colectivo ofrecemos nuestro apoyo tanto a cualquier compañero, como colectivo, que sufra estas agresiones, animándoles a que denuncien estos hechos.

Estas agresiones, abusos y montajes no solo suceden en Burgos, sino que hay otros muchos casos de esta índole a lo largo de la geografía del Estado Español. Tenemos recientes casos como el de Alfon en Madrid, objeto de otro montaje policial el día de la huelga general, y al que ingresaron en prisión en régimen FIES; el caso de los compañeros de Bukaneros, contra quienes intentaron hacer un montaje muy similar al nuestro en Vallecas, acusándoles de banda criminal; los montajes llevados a cabo en Sabadell, Málaga, Valladolid,..., así como los que se suceden con frecuencia en los diferentes pueblos del Estado Español, y todo ello sin olvidar tantos y tantos presos políticos encarcelados por el Estado Español por montajes y motivos ideológicos.

Todo lo que huele a protesta tienen que eliminarlo: vemos el grado de represión en muchas manifestaciones, vemos también como policías infiltrados provocan incidentes en manifestaciones, como lo ocurrido en la concentración frente al Congreso de los Diputados, y donde pudimos ver en las imágenes de televisión como la persona que inicia los altercados evita su detención al grito de “soy compañero”.

Esta represión se ve incrementada en esta época de crisis, una crisis generada por el propio sistema capitalista, y en la que se está exprimiendo a los ciudadanos al máximo aumentando sus impuestos, practicando recortes en aspectos fundamentales como sanidad y educación, mientras se multiplica el gasto policial y la represión y los políticos siguen robando y encubriéndose impunemente.

Son épocas de descontento social, y estos perros de la ley tratan de eliminar por cualquier método cualquier lucha social digna por nuestros derechos y utilizan la represión, criminalización y persecución política e ideológica de personas, colectivos, centros sociales,..., para callar cualquier tipo de protesta.

Otro tema importante que queremos abordar es la labor mediática de la prensa en este tipo de sucesos. La mayoría de medios de comunicación tratan estos casos de una forma totalmente reaccionaria, criminalizando sin escrúpulos a cualquier tipo de colectivo de izquierdas o antifascista, tachándolos de radicales y trabajando de esta forma al servicio de la Policía y no al servicio de la sociedad, aportando una información veraz y contrastada.

Concretamente en Burgos, muchos de los medios de comunicación han hecho una clara labor de criminalización de nuestro colectivo, y en las ocasiones en las que se les ha pedido explicaciones, responden que esa información es una filtración de la Policía. Incluso aun dándose cuenta posteriormente de que la información filtrada por la Policía no ha resultado ser real, y por tanto, han publicado cosas que no son ciertas, no rectifican dicha información. Nos preguntamos por qué no se contrasta la información antes de publicarla y no después y si únicamente es creíble y veraz la información que aporta la Policía, porque de ser así, consideramos que los medios se convierten en un órgano expresivo de la Policía, y no en medios independientes de información real

También nos preguntamos por qué en casos como este, al que los medios burgaleses dieron en su día una trascendencia impresionante, publicando páginas y portadas criminalizando a nuestro colectivo, cómo es posible que ahora ninguno de ellos saque a la luz que la causa se ha sobreseído, siendo público desde hace casi dos meses. Aquí volvemos a ver un claro interés de servir a ciertos intereses, de criminalizar y una clara ocultación de la verdad por parte de los medios para perjudicarnos.

Por lo tanto, exigimos a los medios que ofrezcan una información veraz y contrastada y que no trabajen como lacayos de la Policía y la Brigada de Información. Y de la misma forma que no vamos a consentir nuevos abusos policiales, tampoco vamos a tolerar difamaciones, mentiras o manipulaciones por parte de la prensa que perjudiquen a personas o colectivos, estando incluso dispuestos a ponerlo en manos de nuestros abogados si se repitieran este tipo de informaciones dañinas, malintencionadas y falsas.

No podemos permitir que nada de esto siga ocurriendo, ante la represión y criminalización seguiremos firmes con nuestros ideales y luchando por una sociedad más justa. Ahora más que nunca: Solidaridad, unidad y lucha.

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