La reciente condena al Estado español por “tratamiento inhumano y denigrante”, de forma material, a los detenidos en 2008 Igor Portu y Mattin Sarasola, es la primera de las sentencias que condena por estos hechos a un Estado que permanece continuamente en el ojo del huracán de las posibles torturas en el trato a detenidos, tanto en el marco de la lucha contra el terrorismo, como en la lucha contra la inmigración.
En esta sentencia del martes pasado, pese a que había dos votos particulares que calificaban las agresiones sufridas por Portu y Sarasola como torturas, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) no utiliza este término, sin embargo entiende que el Estado español ha vulnerado el Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que asegura que “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Portu y Sarasola fueron detenidos acusados de pertenecer a ETA y como supuestos autores del atentado en la T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, delitos por los que fueron condenados. Ambos aseguraron haber sufrido torturas durante su detención y su conducción al cuartel de Intxaurrondo. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil aseguraron que las lesiones eran fruto del carácter violento que tuvo la detención ante el intento de fuga de los detenidos.
La Audiencia de Gipuzkoa condenó a cuatro guardias civiles. El Fiscal y los condenados recurrieron en casación al Tribunal Supremo y este terminó por absolverlos. Sin embargo, el TEDH estima que el Supremo antes de absolver a los agentes, debería haber celebrado una audiencia pública.
Vulneración procesal, y ahora también material, del Convenio de los Derechos Humanos
Esta sentencia revela que con cierta asiduidad el Estado español hace dejación de sus funciones en la investigación de este tipo de tratos degradantes e inhumanos, así como en las investigaciones sobre muertes bajo custodia.
Desde el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español hasta en nueve ocasiones por no investigar de forma exhaustiva, pero el Ejecutivo parece continuar haciendo oídos sordos.
Hasta la reciente condena por “trato inhumano y denigrante” contra Portu y Sarasola, todas las sentencias del Tribunal de Estrasburgo giraban en torno a lo mismo: la persistente negativa de las autoridades españolas a investigar con eficacia y profundidad las denuncias de tortura.
Según Amnistía Internacional “estos pronunciamientos del TEDH revelan cómo la falta de estas investigaciones imparciales impide no sólo identificar a los responsables, sino además resolver las deficiencias estructurales en la prevención, investigación y castigo de la tortura y otros malos tratos”.
Ocho de las nueve sentencias dictadas por el TEDH desde el año 2010 tienen que ver con denuncias de presuntas torturas y malos tratos infringidos en régimen de incomunicación a personas detenidas y acusadas de pertenencia a banda armada y terrorismo. En siete de ellas se decidió que el Estado español no había investigado decididamente estas presuntas torturas, vulnerando procesalmente el Artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos. Son los casos de Mikel San Argimiro (2010), Aritz Beristain Ukar (2011), Martxelo Otamendi Egiguren (2012), Beatriz Etxebarria Caballero (2014), Oihan Ataun Rojo (2014), Patxi Arratibel Garciandia (2015) y Xabier Beortegui Martínez (2016).
La octava, la de Portu y Sarasola (2018) va un paso más allá y sentencia que existió ese trato “inhumano o denigrante” por parte de los agentes de la guardia civil tanto procesal como materialmente, condena a una indemnización al Estado español y da un tirón de orejas al Tribunal Supremo.
La única de estas nueve sentencias que no alude a presuntos malos tratos durante el régimen de incomunicación se centra en la denuncia de B.S. (2012), una mujer de origen nigeriano que fue detenida en dos ocasiones mientras ejercía la prostitución en Palma de Mallorca y que presuntamente sufrió malos tratos cuando fue interpelada e interrogada en la calle.
Un reguero de situaciones de malos tratos
La Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT) publica un anuario en el que refleja decenas de casos que pueden comprenderse como vulneraciones del El artículo 1º de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Según el informe publicado en junio de 2017, la CPDT ha contabilizado en la década comprendida entre 2007 y 2016 un total de 2.346 casos que advierten como constitutivos de malos tratos a manos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En 2016 fueron 117 casos los contabilizados por esta coordinadora una cifra que ha venido disminuyendo desde el año 2012. Sin embargo, desde la CPDT mostraban su preocupación ante este descenso pues entienden “que la disminución no se debe a un decrecimiento de problema de la tortura y los malos tratos sino, bien al contrario, a un incremento de la impunidad y la opacidad que rodean este problema”.
Entre las causas que esgrimen desde CPDT para este descenso enumeran el miedo a la denuncia y las represalias –en forma de contradenuncia o sanción económica en cumplimiento de la Ley Mordaza–, la desconfianza en el sistema judicial, así como la impunidad que rodea a algunos condenados por malos tratos, que han llegado a ser indultados e incluso “premiados” con mejores destinos o ascensos.
Pero no es esta coordinadora la única que ha denunciado estas torturas y malos tratos. El pasado mes de diciembre el Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI) de la UPV/EHU y el Gobierno Vasco presentaban este martes el informe final sobre el “Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”. En él se detallaban más de 4.000 casos ratificados de tortura entre 1960 y 2014, con años críticos como 1975, con casi 300 casos.
En el año 2009 la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunciaba que el 40% de las personas recluidas en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) habían sufrido malos tratos. El pasado mes de diciembre Mohamed Bouderbala fallecía en circunstancias no aclaradas en la prisión de Archidona, utilizada como CIE.
Las muertes bajo custodia también se han convertido en una constante. Según el informe de CPDT el año 2016, fallecieron 34 personas mientras se encontraban bajo custodia de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o del personal de algún otro espacio de custodia público, o por su actuación directa durante intervenciones policiales.
El Gobierno español de perfil
Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el trato a Portu y Sarasola el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para restar peso a la sentencia se aferraba a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no habla directamente de torturas en la sentencia condenatoria.
En cierto modo una postura similar a la que se ha ido viviendo con cotidianidad, que no con normalidad, en los diferentes gobiernos españoles. Según la fundación CIVIO el Estado español ha indultado por delito de torturas a 39 policías, mossos y guardia civiles.
Pero, ni todas las personas que sufren malos tratos o son torturadas denuncian, ni todos los denunciados son juzgados, ni los juzgados son condenados. Los datos recogidos por diferentes asociaciones hablan de más de 7.000 casos de tortura y malos tratos desde 2004, pero es difícil encontrar datos oficiales. El año 2009 el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas solicitó un informe al Ministerio del Interior, y el Gobierno terminó por reconocer que entre los años 2009 y 2012 se iniciaron procedimientos penales contra 4.200 agentes de las FCSE de los cuales sólo 29 acabaron condenados. En 2015, el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy elevó la cifra hasta los 129 desde el año 2000.
