SUBPORTADA Economía

Saqueo de Plaza: Acciona asume el desfalco y facilita una catarata de confesiones

La constructora que lideró la urbanización de la plataforma logística con el grupo local MLN acepta pagar 60 de los 147 millones malversados en las obras, mientras otros 87 quedan en manos de un arbitraje, lo que abre la puerta a que una veintena de acusados vean reducidas sus condenas a cambio de reconocer sus fechorías
| 20 noviembre, 2018 07.11
Saqueo de Plaza: Acciona asume el desfalco y facilita una catarata de confesiones
Banquillo de los acusados este lunes. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

“La UTE reconoce una responsabilidad por la malversación”, explicaba el fiscal Anticorrupción Juan José Rosa, tras la breve sesión inicial del juicio por el saqueo de la empresa pública Plaza, celebrada este martes en Zaragoza como paso previo a una reanudación el 10 de diciembre en la que, si nada se tuerce, una veintena de los 25 acusados por el monumental desfalco de 147 millones de euros habrán confesado sus fechorías a cambio de pactar penas reducidas que les permitirán eludir el ingreso en prisión en la mayoría de los casos y, en otros, salir absueltos por retirada de la acusación. “Algunos acusados van a dejar de serlo”, señaló Rosa en la sala.

La clave del epílogo del proceso penal está en el acuerdo con la constructora de la familia Entrecanales que el viernes anunció el Gobierno de Aragón: Acciona asume la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos en Plaza, por los que pagará 50 millones directamente a la DGA mientras otros diez salen de los decomisos practicados durante la investigación, básicamente en el patrimonio de los imputados aunque también en episodios como los 400.000 euros hallados bajo un colchón en el piso de Salou del exgerente, y la valoración del resto del agujero, que las acusaciones cifran en 87 millones, queda en manos de un arbitraje.

Cinco de los 25 acusados, los empresarios Ramón y José Luis Margalejo y Victoria Ríos; Francho Chabier Blasco, excontable de la guardería de las hijas del antiguo gerente, y Alejandro Viñuales, exjefe de obra de la UTE Acciona-MLN, han pactado ya sus penas con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer los hechos que se les imputan. Ninguno de ellos pisará la cárcel, pese a afrontar en alguno de los casos peticiones de condena superiores a los doce años.

Y otros veinte tienen el camino despejado para hacerlo, a cambio de su confesión, en las próximas tres semanas. Esa lista incluye a los jefes de la UTE, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón; su director financiero, Luis Rodríguez Cachafeiro; el grueso de los empresarios acusados de haber facturado obras inexistentes o con previos hinchados, algunos VIP’s como Manuel Colonques, propietario de Porcelanosa y sospechoso de haber pagado mordidas al entorno del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y ese mismo y su familia.

Queda por ver la duración de las condenas que acuerdan, si bien la Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que “valora positivamente” el acuerdo para el pago y que reconoce el “esfuerzo reparador”, lo que se traducirá en la aplicación generalizada de una atenuante de reparación del daño.

Ricardo García Becerril entrando a los juzgados. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

Ricardo García Becerril entrando a los juzgados. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

“No tenemos nada que pactar”

Sí se sabe que, en el caso de García Becerril, que se enfrenta a peticiones de 23 años de prisión, lo que hay sobre la mesa es una rebaja que conllevaría el ingreso en la cárcel de este mientras su esposa Elena y sus hijas Patricia y Carolina la eluden. Y también es oficial que no habrá negociación con Agapito Iglesias, expresidente del Real Zaragoza y sobre el que pesan cargos similares a los de Colonques, el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco y el empresario Miguel Ángel Floría.

“No vamos a pactar, no tenemos nada que pactar”, indicaba Esco en la puerta de los juzgados. Va a por la absolución. Como Floría, acusado de pagarle una peculiar mordida en forma de pérgola en un jardín. Y como Iglesias, cuya imputación arranca con una presunta falsedad documental (un informe sobre logística comprado a la guardería de las hijas del exgerente) que había prescrito cuando comenzó a ser investigada.

Iglesias y Esco salieron bien parados la última vez que compartieron banquillo, en este caso también con García Becerril. Fue por un supuesto desfalco de 8,7 millones de euros en Plaza que el Supremo declaró inexistente: había sido un simple lío contable en el que la empresa pública saldaba otras deudas que mantenía con un empresario mediante el pago de obras que no le correspondía cobrar. Lo comido por lo servido, vino a decir.

En cualquier caso, los acuerdos no prejuzgan el resultado del juicio para el resto de acusados. Cada miembro del banquillo se la juega en las sesiones que se reanudarán el 10 de diciembre, como dejó claro el presidente del tribunal, Javier Cantero, cuando el abogado Jesús García Huici puso sobre la mesa que la estrategia negociadora de Anticorrupción vulnera los protocolos de la propia Fiscalía General, que insta a sondear a todos los acusados y a cerrar los pactos diez días antes de que comience la vista para evitar situaciones de indefensión.

“Los protocolos vinculan a los letrados y a la Fiscalía, pero no a la sala”, zanjó el magistrado, que anunció el aplazamiento “con el ruego de que esté todo lo más posible atado” el día 10. El fiscal Anticorrupción José Grinda, comprensivo con la “inquietud de las defensas” se comprometió a comunicar los acuerdos lo antes posible.

Acciona fue haciendo caja por lo que pudiera pasar

¿Qué efectos va a tener en la constructora Acciona el acuerdo por el que asume la responsabilidad civil del desfalco en la plataforma logística zaragozana? Visto lo visto, pocos. Entre otras cosas, porque ha sido previsora y/o los mercados le han sido favorables.

Por una parte, Acciona ha hecho cada en los últimos meses con la venta por parte de su filial Acciona Real Estate a Blackstone de su participación en la socimi Testa por 378,9 millones de euros, con lo que el fondo de inversión, que ya había comprado por otros 947 millones los paquetes accionariales de Banco Santander, BBVA y Merlin, se hace con la mayoría de la empresa, el principal propietario inmobiliario del país con activos valorados en 20.000 millones.

Y, paralelamente, ha formalizado una reclamación por valor de otros 1.074 millones a la Generalitat catalana por la liquidación del contrato de gestión del trasvase Ter-Llobregat, 305 como finiquito y 769 por daños y perjuicios, de los que le corresponderían 816 por su participación del 76% en la concesionaria.

Dinero en caja y expectativas de ingresos con magnitud suficiente para abrir líneas de crédito. Una maniobra lógica, cuando la cuenta de resultados de sus últimos cinco años da números rojos  (los 964 de los últimos cuatro no alcanzan para enjugar los 1.972 de pérdidas de 2013) y arrastra una deuda neta de 5.045. Aunque esas cifras están mejorando: la empresa, con más de 38.000 empleados, comunicó el viernes a la CNMV unos beneficios netos de 222 millones en los primeros nueve meses de este año , diez menos que en el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, ni la difusión del pacto por el que asume la responsabilidad civil del saqueo de Plaza ni el inicio del juicio han tenido efectos en su cotización bursátil, que en el último año ha mejorado un 25% y que ayer se mantenía por encima del cierre de la semana pasada. No obstante, Acciona también maniobró con tiempo en ese campo para tratar de minimizar eventuales daños: en nueve operaciones desarrolladas del 16 al 23 de octubre y del 24 al 26 del mismo mes se hizo con 307.128 acciones que, de esta manera, salen del parquet de la bolsa.

Los ejes de un saqueo sin botín

El acuerdo para saldar la responsabilidad civil de los delitos cometidos durante la construcción de la plataforma logística Plaza, por otra parte, convierte en irrelevante la principal incógnita que había planeado sobre la investigación del asunto, que explotó a mediados de agosto de 2013: ¿dónde está la pasta? Sigue sin saberse a ciencia cierta después de que pesquisas como la del caso Paraísos, en la que el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza buscaba en varios países del extranjero cuentas a nombre de algunos implicados en el caso Plaza, acabaran archivadas.

Paralelamente, otras causas relacionadas con el manejo del dinero en Plaza, como la investigación de Fiscalía sobre la compra de un cuadro de Goya por ocho millones de euros, acababan sobreseídas. Las supuestas irregularidades en la construcción de las naves de Decathlon y Autocity o en la compra de los terrenos del kartódromo, cuyo propietario llegó a confesar el pago de una mordida de 600.000 euros a Esco y García Beceril de la que luego se desdijo, terminaban en absoluciones o archivos. Y otros asuntos, como la reclamación de doce millones de euros a una empresa de Iglesias por unas obras supuestamente sobrevaloradas se cerraban con la confirmación del pago: el consejo de administración de Plaza había aceptado el precio y no había más que discutir.

La investigación del saqueo de Plaza se centró desde el principio en tres ejes. Por una parte, el relacionado con el presunto trasiego de comisiones, ya fuera en dinero o en obras en sus casas, entre los empresarios supuestamente beneficiados por las corruptelas y los directivos de la plataforma y de la UTE.

Dentro de este tiene entidad propia la actividad de García Becerril, cuya familia cerró y negoció varias operaciones de compraventa de inmuebles, incluida la de un yate de segunda mano a nombre de una guardería a la que las pesquisas de la UDEF señalan como una tapadera para cobrar mordidas.

El tercero, más técnico, tenía como objetivo diseccionar la ejecución de las obras de urbanización de la plataforma logística, lo que suponía responder a preguntas como ¿Se ejecutaron los movimientos de tierra con las magnitudes que se facturaban? ¿A qué respondían las certificaciones de obras no ejecutadas y los cambios sobre la marcha en los que se sustituían por otras? Parte de la respuesta ha quedado en manos de los peritos que elaborarán el laudo arbitral.

El reconocimiento de los denunciantes

Tras la vista, Grinda y Rosa mostraron el “reconocimiento de la Fiscalía” a tres personas cuya intervención resultó clave para impulsar la investigación.

Por una parte, Francho Chabier Mayayo, empleado de Acciona y alcalde de Lobera d’Onsella por CHA, primer denunciante del caso y que “ha sufrido cierta persecución personal y profesional”, señalaron los fiscales, que agradecieron su “valentía”. Su papel, añadieron, “demuestra que todavía hay voluntad en la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos tan difíciles de investigar como son los de corrupción”.

Los otros dos son Jesús Andreu, gerente de Plaza durante la legislatura del Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi y firmante de la primera denuncia ante Anticorrupción, y Jesús Lacruz, director de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón en el mismo periodo.

Mientras tanto Plaza, cuya construcción costó 367 millones de  euros tras haber sido presupuestada en 167, continúa atrayendo empresas tras haber sido rescatada por el Gobierno de Aragón, que hace dos años se hizo cargo de una deuda de más de 58 millones de euros mediante un crédito participativo, en una operación que incluyó la condonación de débitos por otros 24 millones a favor de Ibercaja mediante la dación en pago de una serie de naves. El acuerdo con Acciona servirá, de entrada, para tapar ese agujero que lastra las cuentas de la comunidad.

20 noviembre, 2018

Autor/Autora

Periodista. @e_bayona


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