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Representantes municipales reclaman ante el Congreso español la retirada de limitaciones en materia de financiación local

Entre esas limitaciones incluyen "la reducción de las aportaciones a la financiación local y la disposición adicional 27, que imposibilita la recuperación de la gestión directa de servicios por parte de los ayuntamientos"
| 18 mayo, 2017 07.05
Representantes municipales reclaman ante el Congreso español la retirada de limitaciones en materia de financiación local
Representantes municipales durante la reunión de este miércoles

Este miércoles, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y la portavoz del gobierno, Rita Maestre, se han reunido con diferentes alcaldes y representantes municipales de distintas ciudades del Estado español. A dicha reunión han asistido: el alcalde de València, Joan Ribó (Compromis); el alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE); el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart (PSOE); la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid); el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (En Marea); el teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (Barcelona en común); y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (ZEC).

El objetivo ha consistido en la entrega de una declaración en el Congreso español en la que se exponen “las limitaciones y obstáculos que conlleva el proyecto de Presupuestos Generales (PGE) para los municipios y la autonomía local”. Entre esas limitaciones incluyen “la reducción de las aportaciones a la financiación local y la disposición adicional 27, que imposibilita la recuperación de la gestión directa de servicios por parte de los ayuntamientos”.

Asimismo, han presentado una declaración en la que aseguran que “la ofensiva neoliberal impulsada por el gobierno del PP pasa, entre otras cosas, por socavar la autonomía municipal y la capacidad de actuación de los Ayuntamientos”. “El ataque se podría resumir en un lema: el PP persigue menos estado social y más estado central. Y los presupuestos generales del Estado que propugna el ejecutivo de Mariano Rajoy para este 2017 son un paso más en esta dirección”, aseguran en la declaración los y las representantes municipales.

“Las cuentas perpetúan la doctrina de la austeridad. En cuanto a las Corporaciones Locales, esta doctrina fue impuesta por el ministro Montoro a través de las leyes de Estabilidad Presupuestaria y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (sic). Y ahora, persigue continuar encorsetando a nuestras ciudades y ayuntamientos con la propuesta presupuestaria presentada para 2017”, subrayan.

“El golpe contra la autonomía local que suponen estos presupuestos es ineficiente, injusto, y antidemocrático. Ineficiente, porque el gobierno central pretende perpetuar la intervención de facto en las administraciones locales, que son las más saneadas, para que financien el déficit de la menos saneada, la central”, aseveran.

Según los datos del propio ministerio de Hacienda, en 2016 las administraciones locales generaron un superávit de 7.083 millones de euros, un 0,64% del PIB. Desde 2012 este superávit generado por los municipios supera los 26.000 millones. Además, el nivel de deuda de los Ayuntamientos no alcanza el límite marcado del 3% del PIB, mientras la deuda consolidada de todas las administraciones roza el 100%.

A pesar de ello, “el ministro Montoro impide que los municipios pongan al servicio de la ciudadanía los recursos generados por esta buena gestión”, señalan. “Y mantiene de forma férrea el corsé de la austeridad a través de la regla de gasto y de la prohibición de destinar los superávits generados a atender la emergencia social, a mejorar servicios, o a reactivar la economía local golpeada por la crisis”, añaden.

“Es también injusto –continúan-, porque ataca a aquellas administraciones más cercanas a la ciudadanía. A la primera ventanilla a la cual se dirigen aquellas personas que necesitan la ayuda de los poderes públicos. Las cuentas del gobierno del PP anuncian, ufanas, un incremento del PIB del 2,5%; pero reducen un 1,6% las aportaciones a la financiación municipal”, matizan.

También prevén un incremento del 7% de la recaudación a través de los impuestos participados por las grandes ciudades; “pero no sólo no prevén otorgar parte de este incremento a las ciudades, sino que reducen la aportación a los municipios de estos impuestos cedidos en un 0,47%”, recalcan.

Pero hay más. A su juicio, el PP también aprovecha los PGE para introducir una nueva y “preocupante limitación por la puerta de atrás” en sus disposiciones adicionales 27 y 35. Para los y las representantes municipales, “el único objetivo de estas disposiciones es impedir la posibilidad de revertir la privatización de servicios públicos de competencia municipal”. Suponen, así, “una injerencia directa en la capacidad municipal de decidir cómo organizarse para prestar de forma óptima los servicios a la ciudadanía”.

Además de una contradicción con el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que obliga a que se presten de forma eficiente y sostenible, y pública siempre que sea posible. Ante el fracaso de muchas privatizaciones, y la decisión de muchos municipios de recuperar la gestión pública como garantía de unos servicios de calidad, prestados por plantillas con condiciones laborales dignas, y sometidos al control democrático, “el PP blinda las externalizaciones vulnerando el principio de autonomía local consagrado en la Constitución”.

Por ello, Ayuntamientos de distinto signo político consideran urgente y necesario unirse por encima de sus diferencias. “Para hacer escuchar nuestra voz y reclamar a las fuerzas parlamentarias que atiendan las siguientes reivindicaciones en el marco de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2017”.

Para ello, reclaman que “que la Administración General del Estado deje de limitar de facto los presupuestos de las entidades locales, garantizando así la autonomía local y suficiencia fiscal recogidas al marco legislativo vigente, empezando por la Constitución”.

Al mismo tiempo, exigen “que el gobierno central permita a las entidades locales que obtengan un resultado de superávit, cumplan con los objetivos de sostenibilidad financiera (tanto de deuda financiera como de pago a proveedores), y presenten remanentes de tesorería positivos, que dispongan libremente de estos remanentes para atender las necesidades de la ciudadanía”. Por ejemplo, destinándolos a paliar la emergencia social, mejorando servicios públicos o impulsando el desarrollo de las economías locales.

También solicitan que aumenten “las aportaciones del Estado a la financiación local, adaptándola a las previsiones de crecimiento del PIB y de aumento de la recaudación de impuestos”. Así como, “tomar esta medida de forma urgente en estas cuentas, sin perjuicio del necesario debate sobre la mejora financiación local que está pendiente desde la recuperación de la democracia”.

Y por último, piden la retirada de las disposiciones adicionales 27 y 35, “que suponen un grave ataque a la autonomía municipal y a la capacidad de decidir de los ayuntamientos sobre cuál es la manera más eficiente y justa para prestar los servicios a la ciudadanía”.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, recordaba ante los medios de comunicación “cómo ha sido bien fácil privatizar, o llevar a gestión indirecta los servicios públicos, y lo complicado que está siendo para los ayuntamientos revertir esta situación y pasar a gestión directa estos servicios”.

“46.000 millones de contratación pública se han ido por las alcantarillas de la corrupción o del despilfarro de dinero público, y esa situación creemos, en conciencia, que deberíamos revertirla desde los propios ayuntamientos”, apuntaba Santisteve. “Este es un mazazo a la autonomía local y no podemos consentirlo, y eso es lo que nos ha llevado a venir a Madrid a pedir, de alguna forma, el respaldo de todos los grupos del Congreso”, concluía el alcalde de la capital aragonesa.

18 mayo, 2017

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