Este pasado miércoles, PSOE y Unidos Podemos alcanzaron un acuerdo en materia de presupuestos. Uno de los puntos destacados del acuerdo es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, aumento que en un principio Unidos Podemos exigía que llegara hasta los 1.000 euros, mientras el Gobierno español era partidario de dejarlo en 850. En este enlace se puede leer el documento íntegro.
Aumento del SMI a 900 euros en 2019
“Salarios que garanticen a los trabajadores un nivel de vida digno y la satisafacción de sus necesidades y las de sus familias, como se establece en el Pilar Europeo de los Derechos Sociales”. Una medida que aumenta en 164 euros más al mes los salarios que en 2018 y que tendrá un impacto presupuestario de 340 millones de euros.
Como dato, cabe destacar que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subió entre 2008 y 2018, 135 euros. De esta forma, la subida de 164 euros para 2019 se convierte en el mayor aumento realizado hasta el momento en la historia del Estado español.
Recuperación del subsidio por desempleo para personas mayores de 52 años
El acuerdo alcanzado vuelve a fijar en dicha edad el acceso al subsidio, estableciendo el cómputo de rentas sobre la base de las de la persona beneficiaria y no de la unidad familiar, suprimiendo la obligación de tener que acceder a la jubilación anticipada cuando se percibe y volviendo a establecer en el 125% del SMI la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante su percepción.
Esta medida se integrará en el marco del Plan de personas desempleadas de larga duración y se acompañará de medidas de refuerzo de las políticas activas de formación y empleo para fomentar la ocupación de las personas cubiertas por dicho subsidio. Una medida que tendrá en 2019 un impacto presupuestario de 323 millones de euros.
Recuperar un sistema de relaciones laborales equilibrado y garantista
“Se trata de un principio que debe garantizarse a través de una intervención normativa de tutela de los derechos individuales y colectivos en la relación de trabajo, de forma que el mercado de trabajo se erija en un factor decisivo en la consecución de sociedades más igualitarias y justas. En definitiva, con mayor cohesión social. Es urgente recuperar un modelo de sistema de relaciones laborales más equilibrado y garantista, donde el trabajo digno, de calidad y con derechos sea la premisa fundamental”.
El Ejecutivo se compromete así a derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más “lesivos” de la reforma laboral de 2012, particularmente en materia de negociación colectiva, aprobando con carácter prioritario y urgente una nueva regulación laboral que incluya, entre otros, los siguientes elementos: Ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia; Reducir la dualidad entre trabajadoras y trabajadores indefinidos y temporales y la inestabilidad y la rotación laboral, con medidas como desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas.
El documento también recoge la necesidad de concluir con la mayor urgencia posible la tramitación parlamentaria de las Proposiciones de Ley referidas a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras subcontratadas.
También la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador o trabajadora.
La igualdad retributiva entre mujeres y hombres para acabar con la brecha salarial, y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para acabar contra todas las formas de discriminación por razón de género y con los “techos de cristal”, son dos de las cuestiones que también se incluyen en el acuerdo.
Asimismo, y además de inciar en 2019 los trabajos para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, se ratificará la Carta Social Europea revisada en 1996 del consejo de Europa.
