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Presentado un recurso de alzada contra la modificación de la autorización de la incineradora de Monzón

“Con la ubicación a 600 metros del casco urbano no se preserva la salud de los ciudadanos de Monzón y poblaciones limítrofes”, aseguran desde Ecologistas en Acción
| 15 marzo, 2017 14.03
Presentado un recurso de alzada contra la modificación de la autorización de la incineradora de Monzón
Imagen de una protesta contra la incineradora de biomasa.

La asociación Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) por la que se modifica, mediante una revisión de oficio, la autorización ambiental para la instalación de la Central Térmica de Incineración de Biomasa en Monzón. “Éste es un paso previo para interponer, en el caso de que no prospere, otro recurso contencioso más, como los ya presentados contra las distintas resoluciones y acuerdos que se han tramitado en el expediente de este proyecto”, afirman desde la asociación ecologista.

Al mismo tiempo, denuncian que “no se ha contestado a numerosas cuestiones planteadas en las alegaciones remitidas por los vecinos y ecologistas”. De esta forma reclaman que los valores de contaminación de fondo usados para los estudios de contaminantes de esta planta, “se han obtenido de la estación de medición de Monzón, cuya ubicación no cumple la legislación existente, pues se encuentra rodeada de barreras arbóreas y un edificio que retienen las emisiones de partículas en suspensión contaminantes, por lo que los datos de base son sensiblemente inferiores”.

Además inciden en que numerosas personas expertas consideran que los valores límite usados en la legislación “utilizan criterios de coste-efectividad en los que la salud compite con el coste beneficio”. Por lo que, “para preservar la salud humana se deben perseguir los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son mucho más estrictos con los contaminantes, como las partículas en suspensión de menor tamaño (10 μg/m3, en vez de los 25 μg/m3 de legislación), el dióxido de azufre (20 μg/m3 en vez de 125) o los benzopirenos, cuyo máximo recomendado por la OMS para este reconocido cancerígeno es de 0,12 ng/m3 y lo permitido por la legislación es de 1 ng/m3(más de ocho veces superior)”.

Así, afirman que si con el cumplimiento de los límites legales se preservase  la salud, “no habría 33.000 muertes prematuras al año” en el Estado español por culpa de la contaminación atmosférica, como afirma la Agencia Europea del Medio Ambiente, veinte veces más que las ocasionadas por accidentes de tráfico.

Recuerdan también que “en la nueva resolución se reconoce que se van a emitir dioxinas, furanos y benzopirenos, sustancias altamente tóxicas, que ni se mencionaban en la autorización inicial”. “Los estudios del CSIC realizados en Monzón en 2008 y 2009, en relación a los benzopirenos, daban unas medias de 0,229 y 0,345 ng/m3”, subrayan. “Estos datos ya están sensiblemente por encima de los 0,12 ng/m3 recomendados por la OMS como límite para preservar la salud pública”, añaden.

A su juicio, “la obligación, recogida en la nueva resolución, de instalar una red de medición de benzopireno por parte de Forestalia, no va a cambiar esta realidad y el sentido común nos dice que estas sustancias carcinógenas no deberían estar en el aire que respiramos en nuestros barrios”.

Ante estas evidencias, Ecologistas cree que “el escrito en el que el Director General de Salud Pública decía que si se cumplían los valores límite se considera que la salud no se verá afectada, carece de fundamento científico y que fue más una decisión política que la propia del responsable de velar por la salud pública aragonesa, hecho por el que debería ser cesado”. Por ello, “en aras a la prevención de la salud de la población nos preguntamos ¿Por qué no se aleja la Central Térmica de Incineración de Biomasa, a suficiente distancia de las poblaciones?”.

Además de los aspectos relacionados con la contaminación y los riesgos para la población, se ha denunciado, entre otros asuntos, “la incompatibilidad urbanística del proyecto al incumplir el PGOU de Monzón, la no obligación de aplicar las mejores técnicas disponibles en aspectos como las emisiones de partículas en los procesos de carga, descarga y almacenamiento, procesos que se deberían realizar en recintos cerrados, e instalar también filtros de mangas y la permisividad en relación a los niveles de emisión de PM, los, máximos permitidos en relación a la tecnología de filtros aplicada”.

Ecologistas en Acción indica que “si el INAGA quiere ser permisivo con este proyecto y no obligarle a usar todas las MTD,s que se recomienda por la Unión Europea en este tipo de instalaciones, pese a que la planta se pretende instalar a 600 metros del caso urbano, al menos que obligue a que esta central térmica se aleje suficientemente de las poblaciones, lo contrario es no preservar la salud de los ciudadanos expuestos”.

15 marzo, 2017

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