Podemos Zaragoza exige la absolución de Raquel Tenías, "juzgada por ejercer su derecho a la libre manifestación"

El Consejo Ciudadano de Podemos Zaragoza muestra su solidaridad con la activista Raquel Tenías, detenida arbitrariamente tras su pacífica participación en las Marchas por la Dignidad del 22 de marzo de 2014, y exige su absolución ante el juicio que afrontará el próximo 25 de noviembre

El Consejo Ciudadano de Podemos Zaragoza considera totalmente injusta la petición de cuatro años de cárcel para la activista zaragozana Raquel Tenías, detenida arbitrariamente por la Policía Nacional tras su pacífica participación en las Marchas por la Dignidad del 22 de marzo de 2014.

Desde Podemos Zaragoza se exige la inmediata absolución de Raquel Tenías, cuyo juicio está previsto para el próximo 25 de noviembre. Tenías se vio involucrada en una carga de la Policía española en Madrid cuando se dirigía de vuelta al autobús que debía haberla trasladado a Zaragoza, de regreso con su familia, la noche del 22 de marzo de 2014.

El Consejo Ciudadano de Podemos Zaragoza considera que Raquel fue detenida "por el mero hecho de asistir a una manifestación pacífica, sin participar en ningún acto violento". "A esto se une un halo de represión política, dado que Tenías era entonces militante de Izquierda Unida y ahora también de Zaragoza en Común", apuntan.

En un comunicado, Podemos Zaragoza recuerda que desde el 22 de marzo de 2014, 103 personas han sido detenidas por su participación en movilizaciones pacíficas: 22 en Madrid el día de los hechos, 54 en la Universidad Complutense el 26 de marzo, una en Madrid tras la movilización 'Jaque al Rey', 9 en Euskal Herria tras una protesta contra el FMI y huelga estudiantil, 11 el 4 de abril en Madrid, 6 en Compostela el 7 de abril tras la manifestación de armadores del 11 de marzo.

Desde Podemos Zaragoza consideran que esta escalada de las detenciones a causa de movilizaciones pacíficas son "un fruto inequívoco de la 'Ley Mordaza' aprobada por el Partido Popular". Por ello, también reclaman la derogación inmediata de la Ley Orgánica 4 / 2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', y el establecimiento de una nueva legislación de seguridad ciudadana que "facilite el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación". "También deben eliminarse las sanciones administrativas, sin más restricción que los actos ilícitos cuya gravedad los convierta en objeto de sanción en los supuestos sancionados por el Código Penal", concluyen.

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