El grupo parlamentario Podemos Aragón propondrá la reversión de los saltos hidroeléctricos que hay en Aragón, aprovechando la finalización de las concesiones vigentes, para lograr su gestión mediante una empresa pública. Esta reversión permitiría unos ingresos extra a la Comunidad aragonesa de, al menos, 80 millones de euros anuales. El diputado Román Sierra así lo defenderá mediante una proposición no de ley en el próximo Pleno de las Cortes de Aragón.
La Confederación Hidrográfica del Ebro asumió recientemente la gestión —y los beneficios— del salto de El Pueyo de Chaca, en el río Caldarés, en la Comarca del Alto Galligo. La central fue construida en 1929 y desde entonces ha generado un gran negocio para las eléctricas que lo han explotado (Endesa ha sido la última). Esta misma situación, la finalización de las concesiones a las empresas hidroeléctricas, se va a producir próximamente con decenas de ellas que van a cumplir los 75 años, y que si no se amplían, van a retornar en cascada al Estado.
El diputado Román Sierra advierte de que “están empezando a caducar las concesiones a los pequeños saltos y en pocos años van a finalizar las concesiones de los grandes embalses. La administración aragonesa tiene que estar preparada para poder recuperarlas para su gestión pública. Se trata de una gran riqueza que está yendo a manos privadas y que ahora tenemos la ocasión de recuperarla. Hay que trabajar con previsión desde ya”.
Sin embargo, existe el riesgo de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deje caducar los expedientes de reversión por lo que automáticamente seguirían en manos de empresas privadas, como ha ocurrido en el caso del salto de Lafortunada-Cinqueta, que por ahora continuará generando beneficios a Endesa.
En ese sentido, Sierra considera que el Gobierno de Aragón debería trabajar de la mano de las administraciones implicadas para evitar que las empresas hidroeléctricas sigan gestionando estas concesiones. Solamente el salto de Lafortunada-Cinqueta podría suponer un ingreso de 4 millones de euros para las arcas públicas.
Además, Podemos Aragón plantea en su iniciativa parlamentaria que el Gobierno de Aragón destine los beneficios derivados de la gestión pública de estos recursos a los territorios productores de energía que sufren la servidumbre de obras hidráulicas, así como a políticas sociales y para paliar la pobreza energética.
