Podemos cree que el Gobierno de Aragón debe crear más plazas docentes y reducir la interinidad en Educación

El grupo parlamentario Podemos Aragón propone al Gobierno aragonés que trabaje para reducir la tasa de interinidad hasta el 8% en 2020. La formación morada también reclama que el Departamento reconozca el complemento de formación permanente a los profesores interinos.

Erika Sanz. Foto: Cortes de Aragón

El grupo parlamentario Podemos Aragón propone al Gobierno aragonés que trabaje para reducir la tasa de interinidad hasta el 8% en 2020, tal y como indica la Directiva de la Unión Europea. La portavoz de Educación de Podemos en las Cortes de Aragón, Erika Sanz, considera que “las 2.119 plazas anunciadas por la consejera para los próximos tres años son insuficientes, porque solo permitirán reducir la tasa de interinidad hasta el 20%”.

Según la formación morada, actualmente, el 30% del profesorado es interino, "lo que se traduce en una merma de la calidad del servicio público educativo como consecuencia de la inestabilidad laboral". El medio rural es el más afectado, "hasta el punto de que en algunos centros el 100% de la plantilla es ocupada por personal interino". Sanz defenderá una moción y tratará de recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios para instar al Ejecutivo a llevar a cabo las medidas necesarias para acabar con esta situación.

Desde Podemos, aseguran que también es necesario que el Departamento de Educación actualice la relación de plazas estructurales de los centros educativos de modo que toda la planificación que se lleve a cabo se ajuste a las necesidades reales.“Hay plazas que llevan siendo ocupadas por interinos años y años y que deberían formar ya parte de la plantilla orgánica de los centros”, asegura Sanz.

Además, Podemos propone en esta moción que el Departamento reconozca de oficio el complemento específico de formación permanente (sexenio) a todo el personal docente interino antes de que acabe el presente curso, y evitar así que los profesores se vean obligados a reclamar judicialmente este derecho. “Defender los derechos de los trabajadores y sus condiciones laborales no debe quedar en palabras y, si no se hace, es simplemente por falta de voluntad política, ya que la Administración está obligada a hacer efectivo este derecho”, indica la diputada.

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