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PGE 2019: Viviendas en alquiler a “precios asequibles” e impulso a las energías renovables y a la movilidad eléctrica

Se incrementará el número de viviendas en alquiler a “precios asequibles” y evitar así la “burbuja especulativa”, aumentando en 20.000 el número de estas en cuatro años. También ambas partes se comprometen, en el plazo de cuatro meses, a la presentación de una Estrategia Estatal contra la Pobreza Energética de tal forma que permita abordar el fenómeno de la pobreza energética desde una perspectiva integral y con visión de largo plazo.
| 11 octubre, 2018 14.10
PGE 2019: Viviendas en alquiler a “precios asequibles” e impulso a las energías renovables y a la movilidad eléctrica

En materia de vivienda y energía, el Gobierno español y Unidos Podemos han incluido en el acuerdo alcanzado este pasado miércoles una serie de medidas para, entre otras cuestiones, blindar la función social de la vivienda, aumentando el número de las mismas en alquiler a “precios asequibles”; y por otro lado facilitar el autoconsumo eléctrico y elaborar una Estrategia Estatal contra la Pobreza Energética.

Vivienda: blindar su función social y evitar la especulación

Ambas partes han acordado modificar la normativa del mercado de alquiler inmobiliario que afecta a la regulación de elementos contractuales como los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas de contrato, las garantías o la revisión de renta.

También se modificará la normativa del mercado del alquiler inmobiliario para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas. De este forma, los Ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda.

Del mismo modo se incrementará el número de viviendas en alquiler a “precios asequibles” y evitar así la “burbuja especulativa”, aumentando en 20.000 el número de estas en cuatro años.

Se determinará, además, el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública con una normativa, que se elaborará en 2019, que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas particularmente vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre e impidiendo que sean enajenadas con un beneficio.

Asimismo se establecerá un programa de financiación para rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios y propietarias que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.

Y por último, en este ámbito, se impulsará la aprobación parlamentaria de la normativa que refuerce la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y sus implicaciones y se reforzará la atención a coordinación entre los órganos judiciales y la política social. Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.

Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

El Ejecutivo español también se compromete a la creación con carácter inmediato de un grupo de trabajo con representantes del Gobierno y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea para acordar tanto un Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberá presentarse en el Congreso español antes de finalizar 2018, como el Plan Estatal Integrado de Energía y Clima, el cual ha de ser remitido a la Comisión Europea también antes de que finalice el año.

También ambas partes se comprometen, en el plazo de cuatro meses, a la presentación de una Estrategia Estatal contra la Pobreza Energética de tal forma que permita abordar el fenómeno de la pobreza energética desde una perspectiva integral y con visión de largo plazo.

La Estrategia, para cuya elaboración se contará con los territorios del Estado español, entidades locales, la CNMC, las asociaciones de consumidores y consumidoras, los partidos políticos con representación en el Congreso español, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas realizará un diagnóstico y caracterización del problema, diseñará indicadores oficiales de medición, establecerá objetivos de reducción de la pobreza energética, en un horizonte de medio y largo plazo y propondrá medidas concretas para la consecución de dichos objetivos, así como sus vías de financiación.

Adquieren también el compromiso de aprobar una reforma profunda del bono social eléctrico y la creación de un bono general que incluye el bono gasista. Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.

Asimismo, se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que estas dispongan de los derechos y descuentos en la normativa reconocidos tanto en el bono social eléctrico como en el Real Decreto-Ley 15/2018.

Se fomentará, de igual forma, el autoconsumo eléctrico, estableciendo reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como
mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad. Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

El documento también incluye el impulso a las energías renovables y a la movilidad eléctrica, por un futuro descarbonizado. Y apostar por el ahorro y la eficiencia energética, mediante la implantación de un Plan de rehabilitación de viviendas a partir del 2019, con una duración de cuatro años y con una movilización de 400 millones de euros cada año.

11 octubre, 2018

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