Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia: otras medidas recogidas en el acuerdo presupuestario

Se garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los y las pensionistas de acuerdo con el IPC, y las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%. Por otro lado, y con el objetivo de combatir la pobreza infantil, se desarrollará el Ingreso Mínimo Vital estructurado fundamentalmente en un incremento de la prestación por hijo o hija a cargo para familias vulnerables.

Imagen de archivo de las Marchas por la Dignidad.

Además de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Gobierno y Unidos Podemos también han alcanzado un acuerdo en lo que a Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia se refiere.

Pensiones revalorizadas de acuerdo con el IPC

En este sentido, el acuerdo en materia presupuestaria recoge tres bloques de medidas. El primero de ellos abarca un conjunto de medidas para la mejora de la acción protectora con el objetivo de dignificar las prestaciones presentes y futuras. El segundo bloque recoge actuaciones normativas dirigidas a incrementar los ingresos y reforzar la estructura financiera de la Seguridad Social. Finalmente, otras medidas persiguen la racionalización del sistema.

Además, se garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas de acuerdo con el IPC. En caso de que la inflación en diciembre de 2018 supere el 1,6% de revalorización inicial previsto en la Ley de Presupuestos de este año, los pensionistas recibirán una paga para compensar esa desviación. Esta medida tendrá un impacto presupuestario de 704 millones de euros.

Por otro lado, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas perceptoras de las mismas. Una medida que supondrá un impacto presupuestario de 384 millones de euros.

“Hay que sentar las bases para avanzar en la senda que pueda llevar a que la pensión mínima alcance con el tiempo el 60 % del salario medio y las no contributivas el 60 % de la renta mediana, como indica la Carta Social Europea”, aclara el documento.

Sanidad como derecho universal, “no un negocio”

Mediante la firma de dicho documento se acuerda trabajar conjuntamente entre la Administración y los diferentes territorios del Estado español, que son quienes ejercen mayoritariamente las competencias en materia de sanidad, para garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria.

También se acuerda extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos nacidos en el Estado español, eliminando la práctica que viene desarrollando desde 2012 el Instituto Estatal de la Seguridad Social de negarles atención sanitaria del Sistema Estatal de Salud.

La reversión de copagos y el blindaje del sistema público sanitario contra las privatizaciones, son otras dos medidas que se recogen en el acuerdo firmado por el Ejecutivo español y Podemos.

Aumento de becas en Educación

Los recortes del Partido Popular en esta materia dejaron "maltrecha" la Educación pública. Así, entre otras medidas, el ejecutivo se compromete a suprimir el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes, la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.

Por otro lado, el aumento de las becas y la mejora en su tramitación se llevará a cabo para el curso escolar 2019-2020 y tendrá un impacto global de 536 millones de euros.

Asimismo, se dotará con 50 millones de euros la partida para material escolar gratuito en las etapas obligatorias con el objetivo de ayudar a las familias a superar la cuesta que supone el inicio de curso escolar. Además de reducir las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis.

Combatir la pobreza infantil y avanzar en la universalización de la escuela entre 0-3 años

Para el Ejecutivo español, la situación socioeconómica de la infancia exige la adopción de “medidas urgentes”. Por ello se ha creado un Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil y se ha puesto en marcha el Programa VECA destinado a proporcionar una convivencia inclusiva, aprendizaje, ocio y alimentación durante las vacaciones escolares.

En este sentido se desarrollará el Ingreso Mínimo Vital, estructurado fundamentalmente en un primer momento en un incremento de la prestación por hijo o hija a cargo para familias vulnerables y posteriormente en la creación de un programa de garantía de renta para familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos.

Así, se incrementará progresivamente la prestación por hijo o hija a cargo, comenzando en los umbrales de pobreza severa que incluyen a las personas más necesitadas. En 2019 se incrementará la prestación actual de 291 euros al año hasta llegar a 473 euros/año por hijo o hija a cargo, lo que permitiría, según reza el acuerdo, una reducción de la pobreza infantil severa del 14,7%, lo que equivale a reducir el número de niños y niñas en pobreza severa en 99.500, un 16 % del total.

Al mismo tiempo, y con el objetivo de garantizar que todos los y las menores de familias en situación de precariedad o riesgo de exclusión puedan acceder a comedor que les garantice una correcta alimentación, el Ejecutivo ofrecerá ayudas para comedor para combatir la pobreza infantil.

También impulsará la universalización de la Escuela entre los 0-3 años como medida que “no sólo contribuye a reducir la desigualdad y a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que es un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida”.

Dependencia: dignificar la situación de las personas con dependencia y recuperar la cotización de sus cuidadores familiares

Se acuerda mejorar las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia, para mejorar la financiación del nivel mínimo (132 millones de euros más) y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular (383 millones de euros más). Esta partida supondrá un impacto presupuestario de 515 millones de euros e incrementará un 40% respecto a los PGE de 2018.

También se recupera la cotización a la Seguridad Social para las familiares que cuidan a personas dependientes. Por ello se recuperará el convenio especial en el sistema de la seguridad social de personas cuidadoras no profesionales y el abono por la Administración General del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social, medida de la que se pueden beneficiar unas 180.000 personas y que además tendrá un impacto positivo en las cotizaciones a la Seguridad Social.

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