Según informa la PAH, los activistas fueron citados al cuartel de la Guardia Civil mediante llamada telefónica el pasado 20 de junio para practicar diligencias previas en vez de ser citados en sede judicial.
Tanto la PAH como la defensa de los denunciados entienden “que las diligencias informativas sobre la denuncia interpuesta por la entidad bancaria han de ser practicadas en sede judicial mediante la notificación a los afectados por los cauces legales pertinentes; sin embargo los denunciados fueron citados mediante llamada a sus teléfonos particulares al cuartel de la Guardia Civil el pasado 20 de junio sin tener acceso al expediente de las actuaciones seguidas en el Decanato del Juzgado de Fraga contra ellos”.
La PAH afirma que se da la circunstancia además, de que el teléfono mediante el cual fue citado uno de los activistas no es de su titularidad, lo que, en su opinión, “genera dudas fundamentadas sobre cómo se tuvo acceso al citado teléfono”, apuntan desde el colectivo antidesahucios.
Para la PAH Fraga, "las denuncias interpuestas contra dos activistas por colocación de adhesivos en una entidad bancaria, justo el día después de un desahucio, es una clara estrategia de intimidación hacia el activismo social".
