Organizaciones implicadas en la causa de bebés robados y adoptados ilegales se manifestarán frente al Congreso español

La concentración tendrá lugar el próximo miércoles 30 de agosto a las 10.30 horas frente al Congreso español. Entre las diferentes peticiones, estas organizaciones exigen que esta causa sea tratada como una "cuestión de Estado", así como el reconocimiento por parte de la Justicia como delitos de Lesa Humanidad.

Acto celebrado en Madrid. Foto: Plataforma Camino a la Justicia.

Diversas asociaciones implicadas en la causa de bebés robados y adoptados ilegales se concentrarán el próximo miércoles 30 de agosto frente al Congreso español en Madrid, debido a la conmemoración del día internacional por esta causa. Este acto se enmarca dentro de la celebración del  Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, marcado por Naciones Unidas.

A la movilización se han adherido, por el momento, un total de diez organizaciones estatales: Camino de la Justicia, Nuevo Ágora, AVIDNA, ABRA Andalucía, Colectivo Sin Identidad, Bebés Robados Aragón, Bebés Robados Valencia Provincia, ADNAFIB (Associació en Defensa dels Nadons Apropiada amb Falsa Identitat Biologica de Catalunya), SIMICAT (Stop Impunidad Maltrato Infantil Catalunya), SOS Raíces Adoptados y SOS Desamparos Plataforma. Asimismo, diversas personalidades y grupos políticos han apoyado el acto.

Se trata del segundo año consecutivo en el que se lleva a cabo esta acción frente al Congreso español, "lugar donde debieran haber dado ya respuesta a tantas y tantas preguntas que venimos haciéndonos durante demasiado tiempo", según apunta el comunicado lanzado por la plataforma Camino a la Justicia y firmado por las organizaciones participantes.

La plataforma Camino a la Justicia, de carácter independiente y surgida como un espacio de confluencia, cuenta con la colaboración del Observatorio Internacional para la defensa de los Derechos Humanos Nuevo Ágora. Una ONG centrada en la lucha por los derechos, el desarrollo socio cultural y contra la corrupción. Desde esta organización se recalca la importancia de uno de los "principales derechos del ser humano: conocer su identidad, el entorno al que pertenece y cuáles son sus orígenes".

El coordinador de la plataforma, Pedro Caraballo, explica que la "ONG ofrece apoyo en todos los sentidos: asesoramiento personal, estudios pormenorizados, frente a las instituciones, siempre desde el respeto y la coherencia, teniendo en cuenta que aquí cabe todo el mundo y partiendo de que esto es una cuestión de todos y todas".

"La maquinaria del Estado debe ponerse a trabajar y asumir esta causa como una cuestión de Estado para reconocer nuestros casos, investigarlos y llegar a la solución final: dar soluciones. Cada uno de nosotros ha ejercido de detective privado para ir recopilando los documentos que hemos ido consiguiendo, pero siempre con la sensación de que nos entregan solo lo que quieren dejarnos ver y no la totalidad de ellos.No debieran ser las víctimas quienes hiciésemos ese trabajo. Es obligación de nuestros gobernantes facilitarnos medios con total garantía y seguridad jurídica; que sea la Justicia, la Fiscalía y con la colaboración de la Iglesia,  quienes hicieran esa labor para entregarnos todo lo relativo a nacimientos, historias clínicas y todo lo que es nuestro, nuestra vida, nuestra historia", apunta el comunicado emitido.

Entre sus reclamaciones, los y las afectadas advierten que la creación de un banco de ADN se ha solicitado de forma reiterada a lo largo de estos años. "Hemos sabido que se destinarán 100.000 euros para este fin, ¿pero... a cuántas de las Organizaciones de afectados existentes por todo el país se ha contactado? ¿Serán escuchadas las víctimas para comenzar con el desarrollo de este proyecto?", se preguntan.

En este sentido, otra de las demandas de las personas afectadas versa sobre la creación de una base de datos conformado por un censo de víctimas con relación a los diferentes casos. Denuncian que a pesar de que en ciertas situaciones la documentación se encuentra "perfectamente" recopilada, estos casos acaban por recibir "carpetazo" por parte de la Justicia.

"No pedimos milagros; pedimos algo tan simple como que la justicia no sea ciega, no sea muda y no haga oídos sordos a nuestras justas reivindicaciones; que cuando haya que reconocer un delito de Lesa Humanidad, se haga sin reparos con absoluto respeto a los Derechos Humanos", señalan.

La plataforma Camino a la Justicia reconoce que durante los últimos años se ha incrementado la implicación de "algunos políticos" e institucional respecto al conflicto. No obstante subrayan que "esos objetivos, están primordialmente en pedir a nuestros gobernantes que estén a la altura de las circunstancias y de los ciudadanos que les pusieron donde están".

 

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