Organizaciones de derechos humanos tildan las 'leyes mordaza' como las “más restrictivas desde el franquismo”

Un día después de que el Congreso español diera luz verde a las "leyes mordaza" se desarrolló en Madrid un acto de rechazo organizado por movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, ongs y juristas. En Aragón, el 15M Uesca llama a la ciudadanía a "defender la libertad de expresión y reunión" que "amenazan estas leyes".

Movimientos sociales y oposición se reunen en el Congreso para denunciar las Leyes Mordaza un día después de su aprobación. Foto: No Somos Delito
Movimientos sociales y oposición se reunen en el Congreso para denunciar las Leyes Mordaza un día después de su aprobación. Foto: No Somos Delito

Un día después de que el Congreso español diera luz verde a las "leyes mordaza" (Ley de Seguridad Ciudadana, reforma del Código Penal y pacto antiterrorista firmado entre PP y PSOE) se desarrolló en Madrid un acto de rechazo organizado por movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, ongs y juristas.

Se trató de un encuentro que denunció, en la misma casa donde se aprobaron, que estas normas "ponen en  jaque los derechos y libertades básicas de las y los ciudadanos" como son el derecho a reunión pacifica, manifestación, expresión e información y que suponen "una grave vulneración de los derechos" de las personas migrantes y en situación de exclusión social.

Desde No Somos Delito, colectivo responsable de la organización del evento, se remarcó el compromiso de la sociedad civil organizada contra "el ataque frontal, el varapalo a la democracia y el estado policial" que generan de las "leyes mordaza". “Parece que estorbamos al gobierno y no lo vamos a tolerar” destacó Carlos Escaño, portavoz del movimiento.

Cristina de la Serna, de Rights International Spain, apeló “al círculo vicioso de injusticia y el claro rechazo internacional a estas leyes, que suponen la aplicación arbitraria de la ley y la criminalización de protestas pacíficas legítimas en una sociedad democrática, como algo extremadamente preocupante que provoca una situación de riesgo condenada desde el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya”.

Ignacio  González, de Jueces por la Democracia, afirmó que su colectivo está en contra de estas nuevas leyes, porque los jueces “no pueden ser neutrales en  leyes que vulneren los derechos humanos”. Igualmente, apeló a la falta de alarma social, y recordó cómo el gobierno español ha planteado un conflicto social como un conflicto de orden público cuando “la respuesta ciudadana ante su gestión ha sido ejemplar y responsable”.

Alejandro  Gámez, de la Asociación Libre de Abogados, destacó como estas leyes forman un todo que muestra “la voluntad del  ejecutivo de quebrantar los principios de la justicia y su vocación para desmantelarla, y garantizar la impunidad del estado y sus agentes”. Gámez denunció que con ellas se convierte lo “legitimo en ilegal”. Igualmente criticó la visión economicista de la sociedad y la justicia que tienden a condenar más "llevarse un brick de leche de un centro comercial que defraudar a la hacienda pública”.

Elena Rodríguez, de la Plataforma Tercer Sector, que representa a colectivos que luchan contra la pobreza como Cáritas o Cruz Roja, puso el foco en un ámbito ausente del debate de estas leyes, el de las personas más vulnerables a la que criminalizan fuertemente estas leyes.

Isabel Elenuku, de SOS Racismo, exigió el cese inmediato de las "redadas racistas y las devoluciones en caliente", a la vez que apuntó hacia "los malos tratos y las ilegalidades de la valla de Ceuta y Melilla" que el representante de Legal Sol, destacó "la solidaridad, el apoyo mutuo y resistencia" de las 610 personas detenidas desde 2011 y a las 1.179 personas sancionadas por protestar.

Las  asociaciones afectadas por estas leyes, que serán efectivas a partir del próximo 1 de julio, también mostraron su rechazo e indignación.

Miguel Ángel Soto de Greenpeace explicó como su organización va a ser una de las más afectadas por estas nuevas leyes. “El  activismo ambiental cuenta con una larga tradición de la desobediencia civil y la responsabilidad que tienen en defender los bienes públicos globales”, argumentó.

Yolanda Quintana, de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión explicó que la aprobación de estas leyes es "el peor recorte de libertades desde el franquismo". Las y los representantes de las Marchas de la Dignidad 22M denominaron estas leyes como “estrategias del sistema para criminalizar este masivo movimiento social”.

Francisco Morote Vidal,  de la Plataforma de personas Afectadas por la Hipoteca, afirmó que estas leyes han sido diseñadas a medida para reprimir muchas de las formas de la protesta social, y en concreto la de la PAH: “Nos sentimos tristemente protagonistas, porque describe las actuaciones que venimos realizando desde hace seis años. No vamos a parar". Patricia Martín de Avaaz puso en evidencia el sinsentido de unas leyes que "han nacido muertas" pues cuentan con el rechazo de un amplio espectro de la oposición.

Así lo explicó Ricardo Sixto, Izquierda Plural: “La ley mordaza es la más sangrante, a la que nos oponemos todos grupos parlamentarios menos el Partido Popular y nuestros votos estarán encima de la mesa para derogar el texto, ese es nuestro firme compromiso”. EQUO se unió al coro de voces que condenan estas reformas, "detrás de estas leyes está la estrategia del miedo”, explicó Juantxo López de Uralde su representante.

Podemos también asistió por primera vez al Congreso de Madrid reclamando dignidad de las protestas y animó a “hacer como que estas leyes no existen” e insistió en la "oposición internacional no escuchada por el gobierno" que "le da igual por su mayoría absoluta". BNG también envió un comunicado en el que hablaba de la prepotencia del estado y la indignación que les causa la aprobación de estas leyes. Por su parte, Amaiur afirmó en otro comunicado que la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza "retratan la calidad democrática del Estado español".

Uno de los momentos más expectantes del acto fue la intervención de Anxo Rama, Secretario Federal del sindicato policial UNIPE, que pidió el  fin de las coacciones a los policías y denunció la indefensión que esta ley genera "tanto para la ciudadanía como para la policía", por "la falta de tutela judicial y la nula formación de la policía para poder aplicarla debidamente". “Queremos expresar además el afán estadístico y recaudatorio que existe en torno a esta ley. No son nuevas las denuncias que hacemos por las presiones que recibimos para aumentar el número de sanciones, y por tanto para engrosar las arcas del Estado”, comentó.

El 15M de Uesca denuncia el "recorte de derechos fundamentales"

En Aragón, la Asamblea del 15M de Uesca denuncia el "gravísimo recorte de derechos fundamentales", como la libertad de expresión y reunión, que suponen la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, aprobadas este jueves en el Congreso español.

Desde el 15M expresan, en un comunicado, su total rechazo a estas normas, a las que popularmente se comoce como “leyes mordaza”, porque "se ajustan más a su función real, la de amordazar a la cuidadanía incomoda para un gobierno, sostenido por un partido acusado de corrupción", y que "ha sufrido un importante desgaste en estos años por las protestas ciudadanas".

En este sentido, hacen un llamamiento a la sociedad a "defender los derechos ciudadanos, frente a esta agresión", que entrará en vigor el 1 de julio, y que ha sido denunciada por entidades internacionales de derechos humanos, como Amnistia Internacional o la ONU -que ha vuelto a pedir al Estado español que la retire-.

"Ni la Ley de Seguridad Ciudadana ni la reforma del Código Penal, corresponden a una demanda de la sociedad, que no ha visto un problema en la protesta civil pacífica e imaginativa, que se ha dado en nuestro país con intensidad desde mayo de 2011", argumentan.

La “ley mordaza”, que no tiene más apoyo que el del partido del gobierno, el PP, es, a jucio del 15M oscense, un "listado de sanciones creadas expresamente para reprimir las formas de protesta utilizadas por los movimientos sociales en este periodo", para "enfrentarse a los desahucios, los recortes en servicios públicos, los abusos bancarios, o la corrupción, entre otras cuestiones". "Éstas prácticas, cuando han sido juzgadas, en vía penal han recibido sistemáticamente la absolución de los jueces. Y eso es lo que el Gobierno trata de evitar", critican.

"Se busca con estas leyes -junto a otras iniciativas como las tasas judiciales, o la imposición de sanciones administrativas arbitrarias- la desmovilización de una sociedad que no acepta los abusos que está sufriendo". Se busca la criminalización de los movimientos sociales", aseveran.

Por estos movitos rechazan "la impunidad que se pretende dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son servidores públicos, y no represores al servicio de los intereses privados del poder financiero". Esta ley "está creada contra nosotras y nosotros, los movimientos sociales", y "lejos de desmotivarnos, nos dejá claro que sí les afecta, que sí les preocupa lo que hacemos, y nos da fuerzas para continuar en la lucha contra la desigualdad, la injusticia y el desmantelamiento de los servicios públicos", concluyen.

El portal Libertadinformacion.cc ha publicado tres interesantes artículos sobre las "leyes mordaza":

Las 10 amenazas a las libertades de expresión e información del nuevo Código Penal

Claves del nuevo código penal aprobado por el congreso

La ley mordaza y otras reformas legales que amenazan la libertad de información en el Estado español

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies