Varias organizaciones de migrantes, refugiadas y sus aliadas denunciaron el papel del Estado canadiense en los recientes éxodos de miles de personas que migran desde América central, principalmente de Honduras y Salvador, hacia Estados Unidos.
Por medio de una declaración enviada a las autoridades canadienses, las organizaciones firmantes recordaron que Canadá fue el primer estado en reconocer la legitimidad del gobierno golpista hondureño en 2009, a cambio de que se reformaran las leyes para favorecer las inversiones extranjeras y la explotación minera en Honduras.
Esta nueva legislación se inspira de las leyes mineras canadienses, las más permisivas del mundo. Por ello, entre el 50% y el 70% de las inversiones mineras en América latina provienen de empresas registradas en Canadá. En Honduras, concretamente, el 90% de las inversiones mineras que llegan al territorio provienen de empresas canadienses.
Aunado a esto, un acuerdo de libre comercio, firmado entre los dos países para facilitar la implementación de proyectos de extracción de recursos naturales y turísticos canadienses en Honduras, hace posible que en la actualidad el 90% de las inversiones mineras en el país sean canadienses.
Las organizaciones firmantes afirman que los megaproyectos de extracción de recursos naturales causan desplazamientos forzados, inseguridad y violencia en los pueblos afectados, robándoles sus medios de vida, sus culturas y tradiciones. “Obligan a los pueblos a huir de sus territorios, arriesgándose en el tránsito de ser víctimas de secuestros, detenciones, desapariciones, violaciones y asesinatos, las mujeres siendo especialmente vulnerables a la violencia de género”, comentan en el manifiesto.
Entre las medidas que exigen al gobierno de Justin Trudeau se encuentran “el fin de la impunidad por parte de las empresas canadienses”, y que se pronuncie y que ofrezca refugio seguro a los y las integrantes de las caravanas frente a las amenazas por parte de Donald Trump.