Nueve eurodiputados recabarán información sobre los niños robados por el franquismo

La misión tiene previsto reunirse con representantes de la Iglesia Católica, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, entre otros, además de convocar un acto abierto con la participación de varios eurodiputados y víctimas de estos robos

Foto: Alvaro Minguito (Diagonal)

Una delegación de nueve eurodiputados, presidida por la británica Jude Kirton-Darling (S&D), visitará el Estado español, este lunes y martes, 22 y 23 de mayo, con el fin de recabar información sobre las denuncias presentadas por los miles de niños robados durante el franquismo.

La visita se produce a raíz de las denuncias recibidas en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por parte de víctimas de una trama que actuó en España entre los años 1950 y 1990, dedicada al robo y venta de bebés recién nacidos.

La delegación estará presidida por Jude Kirton-Darling (Reino Unido, S&D), y también la integrarán las eurodiputadas Julia Pitera (Polonia, PPE), Tatjana Ždanoka (Letonia, Verdes/ALE), Michela Giuffrida (Italia, S&D) y Eleonora Evi (Italia, EFDD). También participarán cuatro eurodiputados por el Estado español, Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) y Josep-Maria Terricabras (Verdes/ALE).

En palabras de la eurodiputada de la que partió la inciativa, Marina Albiol, "con esta misión esperamos que se puedan responder a las demandas de las asociaciones y víctimas, y se ponga de manifiesto la crueldad y violación de los derechos humanos en España. Tanto durante los años en que se produjeron los robos de bebés, durante el franquismo y hasta mediados de 1990, como en la actualidad, ya que el PP ha intentado por activa y pasiva evitar esta misión".

Para ello, los y las eurodiputadas han preparado un denso calendario de conversaciones. A su llegada el lunes, la delegación se reunirá con la Secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés Martín, en el Ministerio de Justicia, donde también escucharan a peritos forenses, así como a la Letrado de la Administración de Justicia, Carmen de Troya Calatayud, Coordinadora del Servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos.

Posteriormente se reunirán con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín, y con otros representantes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, para finalizar los encuentros del lunes con una reunión con Concepció Ferrer, Adjunta al Defensor del Pueblo.

En la jornada del martes 23 de mayo, los y las eurodiputadas mantendrán un encuentro en la sede del Europarlamento en Madrid, con médicos, entre los que se encuentra el forense José Antonio Lorente; abogados especialistas en el caso, como Enrique Vila, letrado y víctima a su vez,; con la comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados; así como con la periodista Ana María Pascual, especialista en el caso de los niños robados, que reveló recientemente en Interviú el hallazgo de los archivos pertenecientes a los extintos Patronato de Protección a la Mujer y la Obra de Protección de Menores –instituciones franquistas que velaron por la moral nacionalcatólica– en los sótanos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde pueden encontrarse muchas pruebas y pistas sobre el paradero de estos niños robados.

“Seguramente esos archivos serán una de las prioridades de la futura Comisión de Seguimiento Documental, para los casos de niños robados, cuya creación aprobó hace dos semanas la Asamblea de Madrid”, aseguraba la periodista en el artículo, publicado en octubre del año pasado.

Para cerrar su visita, la delegación europea mantendrá una reunión con autoridades de la Conferencia Episcopal.  Los peticionarios acusaron a la Iglesia Católica española de "oscurantismo respecto a los datos que se guardan en los archivos eclesiales, con lo que se obstaculiza la investigación sobre el robo de bebés, sin que el Estado Español haga nada al respecto", recordaba el abogado Enrique Vila, citado también como experto y víctima por la comisión.

La información recabada será plasmada en un informe que será discutido y votado en sesión abierta en la Eurocámara. Un documento que si bien no ayudará a esclarecer los 30.000 casos estimados, podría sacar los colores al Estado español, por no haber investigado un caso de tal magnitud, que atenta directamente contra los Derechos Humanos.

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