Altavoz

No tan consolidada

| 18 julio, 2017 07.07

Resulta curioso y al mismo tiempo esclarecedor comprobar cómo se van posicionando las personas en función de los intereses que les afectan. Sí, hemos dicho intereses, a esa humana condición creemos que atienden las posturas de los reprobadores del comportamiento de los demás, el suyo propio lo dan siempre por bueno.

Cumplidos 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, se programaron una serie de actos para rendir homenaje al concejal asesinado. Naturalmente la primera línea la ocupaba la Fundación que lleva el nombre del homenajeado cuya presidencia ostenta la hermana del finado, Mari Mar Blanco. En esa primera posición se encuadró la actual cúpula del PP. Es relevante que aquellos que eran máximos responsables del partido en el momento del crimen no hayan sido invitados a participar y si lo han sido, se hayan excusado.

Se echaba en falta a Mayor Oreja, Iturgaíz, Acebes, María San Gil, pero la ausencia más llamativa era la del presidente Aznar, tenemos que recordar que era el Jefe del Gobierno que no cedió al chantaje planteado por el brazo armado del Movimiento Vasco de Liberación. La denominación fue utilizada por el propio señor de la guerra de Irak.

Conociendo al personajillo y su soberbia ya deberíamos saber que no va a explicar las directrices que marcaron – desde presidencia de Gobierno – al equipo responsable de negociar la liberación del concejal secuestrado.

No parece que a los responsables de las negociaciones les permitieran ofrecer muchas opciones para buscar la libertad del concejal de Ermua. Puede que con el tiempo se desclasifiquen determinados documentos y nuestros bisnietos sepan algo, salvo que la documentación haya sido borrada de los discos informáticos del Ministerio del Interior.

El Partido Popular está haciendo un máster acelerado en destrucción de pruebas y al machacado de los discos de Bárcenas ha seguido el borrado de los mails del inspector Gago. Estos correos del Inspector Jefe de Gabinete del comisario Pino se hicieron desaparecer del ordenador central de la Dirección de la policía a sabiendas de que podrían haber aportado pruebas de la comisión de delitos. La destrucción de pruebas es a su vez un delito pero a estos chanchullos ya nos estamos acostumbrando.

En tiempo de conmemoraciones tenemos al Ministerio encargado de la Seguridad del país inmerso en asuntos turbios. El intachable Fernández Díaz se dedicó a repartir medallas a vírgenes para ganarse “su” cielo, mientras la Dirección General de la Policía le montaba una división policíaca para investigar a sus adversarios políticos. Eso suponiendo – que es mucho suponer – que la cúpula policial no siguiera instrucciones del propio Ministro ¡Todo muy democrático!

En la actualidad los españoles tenemos suerte, la apertura a Europa y la participación en Organismos Internacionales nos ampara de las tentaciones albergadas por personajes que añoran épocas no tan lejanas.

Durante estos días tan señaladas en los calendarios del tardo-franquismo surgen voluntarios dispuestos a subvertir el Orden Constitucional y los pilares en los que se apoyan se construyen siempre de los mismos materiales: Una clase dominante insaciable, una derecha política sin escrúpulos, una cúpula de la Iglesia reaccionaria. Si todos ellos son convenientemente apoyados por un ejército de “salvapatrias” y se adereza con fuerzas policiales de represión afines. ¡Voilá! Ya tenemos el escenario golpista.

Los mediados de julio son fechas adecuadas para resaltar la existencia de una Asociación de Militares Españoles (AME) que entre otras cosas participa desde el año 2016 en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas).

La deriva ideológica de AME se puede constatar a través de la revista “Militares” editada por la asociación, en ella se cantan las glorias del franquismo, la supremacía del varón sobre la mujer, las burlas a leyes en vigor como es el caso de la Ley de la Memoria Histórica. Todo ello convenientemente sazonado con artículos peyorativos hacia formaciones políticas que son consideradas por estos “militarotes españoles” poco adecuadas para dirigir el país, e incluso sugieren desde sus páginas la ilegalización de alguna de ellas. Por supuesto siempre atendiendo a su buen y franquista criterio.

No nos cansaremos de insistir para que los gobiernos de esta simulación en diferido de Democracia cumplan de una vez con su deber de justa reparación. Para ello podían empezar condenando el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936 como acto ilegal, sedicioso, delito de rebelión militar y delito de traición. A continuación sería de justicia que fueran declaradas nulas TODAS las sentencias por delitos políticos emitidas por los tribunales fascistas. Después podrían de una vez por todas contemplar en el código penal el delito de enaltecimiento del golpismo, para acabar aplicando la legislación universal de Derechos Humanos que ampara a las víctimas de los regímenes totalitarios genocidas de sufrir humillaciones por parte de los herederos de los verdugos.

Sería conveniente que para preservar la democracia que tenemos, por limitada que sea, Doña Finiquito se diera una vuelta por los cuarteles y comprobara el grado de afecto que se profesa a las instituciones democráticas. Tampoco sobraría que defendiera con más ahínco el respeto que merece su condición de mujer, eliminando ayudas con fondos públicos a divulgaciones como “Militares “con un más que evidente menosprecio a la figura de la Ministra y en general a la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas.

Afortunadamente los ejércitos españoles llevan tiempo participando en misiones internacionales y así van aprendiendo de otras milicias a no volver las armas que le son confiadas contra la población civil a la que sirven. La tradición militar española está plagada de episodios en los que ilustres asesinos uniformados confundieron la defensa de la Patria con el mantenimiento de los privilegios de los caciques a los que servían.

No parece recomendable fiar la defensa de la convivencia democrática solo al buen hacer de algunos mandos militares, sería deseable que hubiera medios legales y operativos suficientes para preservar a las Fuerzas Armadas españolas de las peligrosas corrientes de nostálgicos que desearían volver a convertir España en el inmenso basurero de intolerancia del que tanto nos costó salir.

18 julio, 2017

Autor/Autora

José Antonio Luque, es socio de MHUEL (@MHUEL_), analista social y colaborador de AraInfo.


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