La Subdelegación del Gobierno en Uesca ha ratificado la multa de 300 euros para dos activistas de PAH Fraga por colocación de adhesivos en las cristaleras de la sucursal de Ibercaja en Fraga en protesta por un desahucio que la entidad bancaria había ejecutado en la localidad en el mes de mayo.
“Recurriremos la sanción ya que consideramos que vulnera de manera flagrante principios jurídicos fundamentales, uno de los cuales es que cuando un juzgado estima que no hay delito penal por unos hechos, no se puede sancionar por vía administrativa por los mismos hechos juzgados”, y añaden “pese a que la denuncia fue remitida a los Juzgados, el juez estima que no hay indicios de ilícito penal, con lo que la multa por vía administrativa y en aplicación de la Ley Mordaza se debe más a una vendetta y a un intento de criminalización de la lucha social, careciendo la sanción de fundamento jurídico”.
Desde la Plataforma Antidesahucios consideran que es “deplorable” que la Subdelegación del Gobierno se persone de oficio para “defender intereses de entidades privadas que vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, desahuciando familias, mientras aplica la Ley Mordaza a personas que denuncian estas situaciones mediante acciones totalmente pacíficas”, concluyen.
