En una charla organizada por Movimiento Contra la Intolerancia Aragón con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas de los Crímenes de Odio, Esteban Ibarra, presidente de la organización, calculó que se producen más de 4.000 delitos de odio cada año en el Estado español. Coincidió con Javier Alcober, abogado de la Sección de Derechos Humamos del Colegio de Abogados de Zaragoza, en que esta estimación se puede quedar incluso corta ya que el dato oficial del Ministerio del Interior habla de unos 1.200 y solamente el 10% de los casos se denuncian.
Ante numerosos miembros de asociaciones de migrantes, vecinales y activistas por los derechos humanos y contra el racismo y el fascismo, Esteban Ibarra y Javier Alcober señalaron que se han producido más de 90 homicidios de crímenes de odio en el estado español desde 1991. Entre algunos de los ejemplos citaron los asesinatos de Lucrecia Pérez, Carlos Palomino, Guillem Agulló, Yolanda González o Aitor Zabaleta. El término "delitos de odio", de reciente uso y aceptación por la legislación, hace referencia a toda infracción penal realizada cuando la víctima es seleccionada en base a su raza, nacionalidad, color, religión, edad, disfunción física o mental, orientación sexual u otros factores similares.
La nueva legislación penal en la materia, la creación de un Fiscal de Sala y 52 fiscales provinciales para el servicio de delitos de odio y discriminación, el inicio de un Registro de incidentes y delitos de odio, así como el Protocolo de Intervención para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha abierto un abanico de posibilidades que antes no existía, aunque ambos ponentes defendieron la necesidad de una Ley Orgánica Integral contra los Delitos de Odio.
Esteban Ibarra expuso que “a través de estas agresiones se lanza el mensaje del dolor, del odio y del terror a toda la comunidad. Si le pegan una paliza a una persona negra, un homosexual o un antifascista, el mensaje que lanzan a sus iguales es que les puede pasar lo mismo. Para entender lo que significan los Delitos de Odio, basta con entender lo que pasó en los campos de concentración de la Alemania nazi: la selección de víctimas en base a su condición. Precisamente lo que han recuperado los grupos neonazis es lo peor que tenía el nazismo, que es considerar que hay vidas que no tienen valor, considerar a una persona un ser inferior y sin valor por ser negra, homosexual o de una ideología distinta”.
Ibarra, que asegura haber asistido personalmente a más de 1.400 víctimas durante estos años de activismo, reconoce también que “se ha cerrado el ciclo del no reconocimiento, y se ha abierto el del reconocimiento. Nos ha costado más de 25 años que se reconociese la existencia del problema”. Ibarra aseguró que “a partir de septiembre el recién creado Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación va a tener un papel importante. Vamos a insistir en la Ley Integral contra Delitos de Odio, ya que aunque las herramientas han mejorado están inconexas”. Por último, Ibarra llamó a las organizaciones sociales a trabajar codo a codo. “Esto no se va a solucionar cada uno por un lado, tenemos que ir todos a una. El papel de las distintas asociaciones de migrantes y el amplio abanico de organizaciones sociales que luchan en pro de los derechos humanos, va a ser fundamental a la hora de educar en la utilización de estas nuevas herramientas legales. Hasta ahora hemos hecho lo que hemos podido, ahora tenemos más herramientas”.
Javier Alcober, por su parte, explicó los entresijos legales sobre la materia, y destacó la importancia de la acusación popular como figura existente en la legislación para poder llevar estos crímenes ante los tribunales. “En los casos de Hammerskin y Blood and Honour, la acusación popular, que está formada por una o varias asociaciones, jugó un papel fundamental y consiguió que se declarasen ilegales estas organizaciones, hecho que no se ha dado en otros países europeos en los que siguen operando debido, en gran medida, a la inexistencia de la figura de la acusación popular”.
Ante las preguntas de los asistentes, explicaron que el procedimiento aconsejado a seguir ante una agresión es “dejar constancia de todo a la hora de presentar la denuncia, es fundamental insistir en el Delito de Odio, en los motivos por los cuales hemos sido seleccionados como víctimas, ya que si constan en la denuncia los insultos que nos han proferido o ciertas circunstancias que son indiciarias de este tipo de delito, el procedimiento obliga a informar al fiscal de Delitos de Odio”. Reconocieron también la dificultad de algunas víctimas de saber el por qué habían sido agredidas, ya que “a veces no saben ni por qué les pegan, simplemente reciben un ataque súbito. Muchas veces las organizaciones que les atendemos tenemos que explicarles que han sido atacadas por su acento, su color de piel o circunstancias similares, y es otra de las cosas que hacen fundamental el trabajo de asociaciones y organizaciones sociales”. En cuanto a las denuncias colectivas o acusaciones populares contra campañas o actos de organizaciones neonazis, recomendaron que la denuncia se orientase directamente al Servicio de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial.
La charla, celebrada este martes 28 de julio en Zaragoza, se enmarcó dentro de la jornada organizada por Movimiento Contra la Intolerancia en conmemoración del 22 de julio, Día Europeo en Memoria de las Víctimas de los Crímenes de Odio. Ese mismo día del año 2011, el ultraderechista Anders Breivik acabó con la vida de 77 personas, la mayoría adolescentes, en lo que se conoce como la matanza de la Isla de Utoya (Oslo, Noruega). Tras la charla, las personas asistentes se trasladaron a la calle Delicias, donde durante toda la tarde y noche se celebraron diversas actividades infantiles y para mayores, terminando con un concierto para todos los públicos.
