Varios partidos, sindicatos y movimientos sociales de la localidad castellana de Leganés han convocado para mañana, domingo 1 de diciembre, una marcha para pedir el cese del comisario del municipio, Jesús González Reglero, acusado de torturas mientras era integrante de la Brigada Político Social por una de sus supuestas víctimas en la querella argentina que juzga los crímenes del franquismo.
Los convocantes, entre los que se cuentan entre otros el 15-M de Leganés, IU o el sindicato CGT, han exigido “el cese inmediato de Jesús González Reglero como máximo responsable de la comisaría de Leganés del Cuerpo de Policía, no se puede tolerar que miembros activos del aparato represivo y torturador del régimen franquista ocupen cargos de responsabilidad relacionados con el cumplimiento y el respeto a los derechos y libertades fundamentales”.
“No se puede hablar de democracia plenamente cuando los responsables de estos hechos gozan aún hoy en día de total impunidad”, aseveran igualmente las convocantes de la marcha, que ha recordado que el Estado español “está obligado por el derecho internacional a colaborar con la justicia argentina, ya que los delitos de los que hacen a Reglero responsable son hechos atroces contra la Humanidad, que no prescriben. Los pactos alcanzados durante la 'Transición' (como la Ley de Amnistía) no tocaron el aparato de un Estado lleno de represores y torturadores al servicio de una dictadura criminal”, denuncian.
El comisario acusado de torturas
Jesús González Reglero fue acusado de supuestas torturas durante el franquismo por una de las víctimas de estas prácticas en el caso sobre los crímenes de la dictadura que está instruyendo la jueza argentina María Servini de Cubría, que pidió el pasado septiembre extraditar a cuatro exaltos cargos policiales españoles por realizar estas prácticas durante la época de la dictadura. A pesar de que Reglero no era uno de los funcionarios para los que se pidió la extradición, el testimonio de una de las víctimas lo identifica como una de las personas que lo torturaron.
El auto de la magistrada recogía el testimonio del denunciante, que aseguró que “en el interrogatorio -al que fue sometido por la Brigada Político Social- se encontraban cinco inspectores, los dos referidos -Giralte y Reglero-, y otros tres inspectores más de los cuales desconozco sus nombres. En el interrogatorio fue más suave que las anteriores sesiones pero continuaron las vejaciones, insultos, amenazas y golpes; si bien, (los golpes), creo que eran de menor intensidad y se limitaban a la cabeza, ya que estaba a punto de cumplir el tiempo reglamentario y posiblemente no querían que me presentara ante el juez en peor estado del que ya me encontraba,...,”.
El gobierno español aprueba dar continuidad a la demanda contra torturadores franquistas
El Consejo español de Ministros -como informa NAIZ- ha acordado continuar el procedimiento de extradición a Argentina de Juan Antonio González Pacheco “Billy El Niño”, y Jesús Muñecas Aguilar, reclamados por las autoridades judiciales de aquel país por la comisión de torturas durante los últimos años del franquismo.
El pasado 18 de septiembre, la jueza argentina que instruye la causa contra el franquismo, María Servini de Cubría, decretó una orden internacional de detención contra cuatro personas: Juan Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González. La reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que le correspondió tramitar la petición.
Respecto a González Pacheco y Muñecas, la Audiencia Nacional informó de que no iba a proceder a su arresto, y ni siquiera les iba a tomar declaración, hasta que llegase la petición formal de extradición. La jueza Servini anunció dicha petición a finales de octubre. Ahora, el Consejo de Ministros ha acordado dar continuidad a este procedimiento. Fuentes jurídicas consultadas por GARA han explicado que el siguiente paso sería que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz llamara a declarar a ambos imputados y decretase medidas cautelares para evitar una posible fuga.
