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MHUEL “recuerda” al PP la legitimidad del Gobierno de Zaragoza para reclamar la titularidad pública de los bienes inmatriculados por la ICAR

Para esta asociación, el Partido Popular "sabe perfectamente que no está en cuestión el uso y el carácter religioso de los templos, como no lo estaba antes de que a la Iglesia se le ocurriera comenzar a inscribirlos a su nombre en el registro de la propiedad en estos últimos años”
| 19 abril, 2017 12.04
MHUEL “recuerda” al PP la legitimidad del Gobierno de Zaragoza para reclamar la titularidad pública de los bienes inmatriculados por la ICAR
Iglesia de San Juan de los Panetes.

La asociación aragonesa Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) ha tenido conocimiento de la moción registrada por el grupo Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado día 12 de abril que se debatirá y votará en el próximo pleno ordinario del próximo día 28 de abril.

Dicha moción “insta al Gobierno de Zaragoza a desistir de las acciones judiciales que ha emprendido para pleitear sobre las inmatriculaciones de varios templos de la Iglesia puesto que carece de competencia para ello y sólo supondría un gasto y un uso de recursos públicos absurdos para sostener una falsa polémica con la que se busca el objetivo partidista de despertar una confrontación estéril”.

Por todo ello, la asociación MHUEL lamenta que la moción se inicie exponiendo que los motivos del Gobierno de ZeC para realizar acciones judiciales contra las inmatriculaciones por parte del Arzobispado de Zaragoza de La Seo, la Iglesia de la Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes, “son parte de una estrategia política de radicalización y confrontación social”.

“Habrá que recordar al Partido Popular que en la campaña electoral, el candidato Eloy Suárez en un cara a cara televisivo con el actual alcalde Pedro Santisteve, al ser preguntado por un periodista sobre la inmatriculación de La Seo, respondió que si llegaba a la Alcaldía no dudaría en reclamar la titularidad pública para el pueblo de Zaragoza”, recuerdan desde MHUEL.

“Nadie pudo pensar entonces, ni ahora, que semejante afirmación no era otra cosa que la expresión de la obligación de las instituciones y de sus representantes democráticamente elegidos de defender los intereses de la ciudadanía a la que representan”, matizan.

A juicio de MHUEL, “esa es la estrategia política del Gobierno de Zec, con su alcalde a la cabeza, cumplir con la obligación que tanto él como sus ediles tienen de defender y cautelar, en este caso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudanía zaragozana”.

Se refiere el PP a la propiedad de La Seo, La Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor, que son los inmuebles que MHUEL descubrió vía certificación registral, y que habían sido inmatriculados, es decir inscritos por primera vez en el registro de la propiedad, por el Arzobispado en los años 80, cuando la ley no se lo permitía.

“Una vez sabido que la Iglesia había registrado estos bienes de incalculable valor, echando mano de una legislación hipotecaria franquista, claramente inconstitucional, y además en un más que probable fraude de ley por haberse procedido a la inmatriculación cuando estaba taxativamente prohibida para los bienes destinados al culto, hasta la reforma efectuada por el Gobierno Aznar en 1998; la pasividad del Ayuntamiento, ante este expolio provocado al pueblo, hubiera sido un incumplimiento flagrante de sus obligaciones”, explican desde MHUEL.

Continúa el PP alegando que el Ayuntamiento no es competente para ejercer acciones judiciales y que deberían ser los demandantes otras instituciones públicas. Sin embargo, de acuerdo con la vigente Constitución, cualquier Corporación de Derecho Público está legitimada para emprender acciones judiciales para preservar el Patrimonio público.

Añade la complicación de rebatirle a la Iglesia la propiedad de los templos por la figura jurídica de la usucapión. “No sabemos si el desliz es jurídico o emocional ya que hablar de usucapión implica la carencia absoluta de títulos de propiedad reconocidos y que por lo tanto la Iglesia tuvo que aprovecharse del privilegio que le otorgaba una legislacion hipotecaria claramente inconstitucional a la que, recordemos, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha llegado a calificar de arbitraria y atentatoria contra los Derechos Humanos, para poderlos inscribir en el Registro de la Propiedad a su nombre”, explican desde la asociación aragonesa.

Y continúan señalando que “en claro guiño cómplice, los populares se hacen eco de las declaraciones del Presidente de Aragón y de la no disposición de su ejecutivo a ejercer acciones judiciales”.

A su juicio, “es muy preocupante que el Partido Popular tome como ejemplo la falta de criterio y responsabilidad de un Presidente del Gobierno que incumple descaradamente su programa electoral”. “Recordemos que el PSOE llevaba en su programa de las elecciones del 26J lo siguiente: ”Reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aún en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento“.

“Por no hablar de la vergonzosa contradicción con la Proposición No de Ley (PNL) que su partido presentó el pasado 17 de marzo en el Congreso de los Diputados encaminada a reclamar la titularidad del dominio público de los bienes”, recuerdan desde MHUEL.

Sin embargo, alude el PP a que la inmensa mayoría de los ciudadanos no ven problema alguno en este asunto. “Si la ciudadanía dispusiera de la información que el PP intenta por todos los medios a su alcance negarle, si se conociera el listado de los miles de bienes de dominio público, sean o no destinados al culto, que la Iglesia Católica ha registrado a su nombre sin ningún título de propiedad, entonces, no una inmensa mayoría, sino toda la sociedad, toda la ciudadanía, sería más que consciente del gran problema que supone que nuestro patrimonio común, el que nos pertenece desde tiempo inmemorial, termine en las arcas de un Estado extranjero, ya que el Estado Vaticano es el propietario final de estos bienes”, recalcan.

“Finalmente, ante la falta de argumentos sólidos, vuelven a insistir en la ‘radicalidad’ y aparecen como motivos de su moción ‘ataques contra la Iglesia’, y ‘anticlericalismo’, en una clara maniobra de manipulación, de incitar al miedo y a la confusión”, lamentan desde MHUEL.

Para esta asociación, el Partido Popular “sabe perfectamente que no está en cuestión el uso y el carácter religioso de los templos, como no lo estaba antes de que a la Iglesia se le ocurriera comenzar a inscribirlos a su nombre en el registro de la propiedad en estos últimos años”.

Y afirman que la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica beneficia a toda la ciudadanía, “también a los mismos católicos”. “Algunos de ellos así lo han hecho saber, por ejemplo los miembros de Redes Cristianas, que forma parte de la Coordinadora Estatal para la Recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, ‘Recuperando’. En declaraciones de sus representantes piden a la Iglesia dignidad y honor, no propiedades, y añaden que la Iglesia Católica necesita una seria autocrítica porque no se puede robar aunque sea al amparo de una ley injusta y de privilegio”, insisten.

Por lo que aducen que “no hay ningún ataque contra la Iglesia, de lo que se trata es de la legítima defensa del patrimonio usurpado al pueblo por los obispos”. “El PP, con esta moción lo que hace es ayudar a encubrir la apropiación masiva de inmuebles y todo tipo de fincas por parte de la Iglesia Católica”, destacan.

Por último, desde MHUEL realizan un llamamiento “a aquellos concejales que pertenecen a partidos que se declaran laicos a actuar con coherencia y responsabilidad y a todos, pertenezcan al partido que pertenezcan, a trabajar en la defensa de los intereses de los zaragozanos, de sus vecinas y vecinos, de la ciudadanía a la que representan”.

19 abril, 2017

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