Desde la organización de afectados por la FPI 2016, se entiende que el no cumplimiento del plazo supone un perjuicio tanto para los solicitantes como para los grupos de investigación en la medida que los plazos de estos proyectos de investigación comenzaron hace 15 meses, por lo que, una mayor demora en la incorporación supone, para el grupo de investigación, un mayor tiempo sin poder disfrutar de su contratado; retrasando la ejecución del proyecto y provocando un desfase entre los proyectos y los contratos.
Además, los y las investigadoras advierten del incumplimiento del plazo legal de resolución por parte del ministerio y la postura de silencio administrativo podría significar la desestimación de las ayudas. Son numerosas las llamadas y correos enviados por parte de los investigadores diariamente sin obtener respuesta.
La ausencia de una fecha de resolución establecida ha forzado a muchos solicitantes a tener que matricularse en sus respectivos programas de doctorado, puesto que estar admitido en un programa de doctorado fue un requisito indispensable para solicitar la ayuda. Como consecuencia, los solicitantes han tenido que hacerse cargo del pago de dichas tasas y ha empezado a consumirse parte del tiempo que disponen para la realización de sus tesis doctorales.
Además, recientemente el ministerio ha reconocido la ilegalidad del tipo de contrato 420, restituyendo el contrato 401 con el carácter especial 9921. Pese a ello, sigue sin aplicarse la ley de la ciencia de 2011, la cual asigna un código propio a los contratados predoctorales.
Desde el colectivo de afectados y afectadas se suman a la iniciativa impulsada por las asambleas de seguir equiparando los derechos laborales de los investigadores frente a otros trabajadores. La organización ha comenzado por contactar con los más de mil investigadores e investigadoras principales que encabezan cada proyecto, además de englobar a los futuros contratados afectados por el retraso en un censo que ya supera los 500 personas inscritas a nivel estatal.
En 2015 otros investigadores e investigadoras experimentaron un retraso similar, exponiéndose a situaciones precarias de trabajo temporal o gastos innecesarios, fruto de la pasividad del ministerio, el cual incumple el plazo legal con total impunidad.
Para acabar con la alarmante situación que afecta a más de 1000 investigadores, reiteran su demanda a la Agencia Estatal de Investigación y al propio Ministerio de Economía y Competitividad, de que la resolución definitiva de concesión de los contratos predoctorales 2016 se efectúe de forma inmediata.
