La Asociación de propietarios “El Dique”, que aglutina a unas 200 familias de este barrio de Casp/Caspe, manifiesta su profundo malestar y decepción con el Ayuntamiento caspolino que en la última sesión plenaria, celebrada el miércoles 31 de enero, desestimaba las alegaciones a los presupuestos municipales presentadas por este colectivo para que se incluyeran las partidas necesarias para la elaboración del Plan de Especial de Infraestructuras, también conocido como P.E.I., que es el Documento Técnico que debe definir los costes y las soluciones técnicas necesarias para resolver la falta de servicios básicos municipales en el barrio, principalmente suministro de agua de boca y saneamiento.
La Asociación “El Dique” había realizado alegaciones a los presupuestos tras comprobar que en éstos no incluían partidas para la redacción del P.E.I., sin licitar en 2016 y desierto en 2017.
El equipo de Gobierno municipal desestimó estas alegaciones indicando que la licitación del pasado año 2017 quedó desierta y se comprometió a realizar modificaciones presupuestarias a fin de incluirla a lo largo de este 2018, sin concretar el momento en que lo haría. Unas explicaciones que a la Asociación El Dique le suenan a excusas. “No vemos voluntad política por ningún lado y los vecinos nos sentimos desamparados. Veremos qué ocurre este año, pero la experiencia previa nos hace dudar de que sea verdad que se realizará una modificación presupuestaria”, afirma la presidenta de la asociación Pilar Rodríguez.
Hasta la fecha, los propios vecinos han costeado la construcción y el mantenimiento de toda la red de suministro y distribución, que garantiza el agua de boca a este barrio, también denominado como Pescadores, enclavado junto al pantano de Mequinensa, en la zona conocida como Mar de Aragón, a 2 kilómetros de Casp. Asimismo, con fondos propios han construido fosas sépticas para las aguas fecales que periódicamente recogen empresas especializadas, cuyo coste también pagan los vecinos.
Reivindicación histórica
La urbanización barrio El Dique, con más de cincuenta de años de antigüedad, está declarada como suelo urbano consolidado según recoge el Plan General de Ordenación Urbana de Casp (P.G.O.U.), aprobado definitivamente el 27 de febrero de 2015. Asimismo el Ayuntamiento aprobó un año después la licitación del citado P.E.I.. Incluso existen informes municipales que contemplan la posterior ejecución de las infraestructuras necesarias. Pero nada de esto ha sido llevado a cabo hasta la fecha.
El coste de las conexiones generales a la red de abastecimiento y saneamiento municipal estaba contemplado por estudios técnicos preliminares en alrededor de un millón de euros. Cantidad que debería acometer el Ayuntamiento al tratarse de conexiones a la red general. No obstante, los vecinos se comprometieron en su día a aportar un porcentaje de esta cantidad, propuesta que fue denegada por el equipo de Gobierno municipal.
Los costes de la actualización de la urbanización interior no están definidos todavía y en este sentido, este colectivo ha propuesto al Ayuntamiento que dichas obras se podrían ejecutar por fases, lo que permitiría financiarlas, siquiera parcialmente, con cargo a subvenciones de otras administraciones, de manera que no resultase tan gravoso a las arcas municipales y los vecinos.
No obstante, a pesar de la buena disposición de los asociados, después de tres años de entrar en vigor el P.G.O.U. sigue sin realizarse dicho P.E.I., que valore los costes definitivos e inicie el camino para la solución de esta reivindicación histórica de los vecinos, que se sienten “de segunda”, como afirma su presidenta Pilar Rodríguez.
70.000 euros por IBI y 50.000 por ICA
Desde la Asociación de propietarios “El Dique” recuerdan que anualmente se pagan unos 70.000 euros en concepto de IBI (impuesto de Bienes Inmuebles) al Ayuntamiento de Casp, y otros 50.000 euros que recauda el Instituto Aragonés del Agua por el ICA (Impuesto de Contaminación del Agua) a pesar de no depurar sus aguas. Aproximadamente 1.000.000 de euros en los últimos 10 años.
Ni siquiera el Ayuntamiento se encarga de otros servicios municipales básicos y obligatorios como alumbrado público, pavimentación y conservación de las vías públicas, limpieza viaria y accesos al núcleo de población, servicios de recogida de basuras… que se prestan y sufragan por la Asociación de Propietarios.
La actitud mostrada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento en los últimos tres años, y concretamente en el último pleno, constata a juicio de la Asociación, el poco interés municipal por resolver la cuestión y su intención de seguir dejando a los vecinos sin los servicios públicos básicos.
“Únicamente queremos que se ejecuten las obras precisas e imprescindibles para la conexión a las redes municipales”, señalan desde esta Asociación. Y recalcan que están dispuestos a “pagar la parte que legalmente nos corresponda de las obras complementarias de urbanización mediante contribuciones especiales o como se determine, pero consideramos que es el Ayuntamiento quien debe tomar la iniciativa, y la Asociación y los vecinos, colaborar para avanzar en la solución del problema”.
Por la vía judicial
Cabe apuntar, que la Asociación reiteró una vez más, si bien esta vez por escrito, su petición al Ayuntamiento de Casp de la prestación de estos servicios municipales básicos el 12 de junio de 2017, sin obtener respuesta por parte de la Alcaldía. Ello motivó la presentación a final del pasado año de una demanda por silencio administrativo, contra el Ayuntamiento de Casp y que ya ha sido admitida a trámite por en el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo nº2 de Zaragoza.
