Los votos de PSOE, PP y C's dan luz verde al 'outlet' de Pikolín

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado con carácter definitivo, con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos (C's) y la oposición de Zaragoza en Común (ZeC) y CHA, el plan especial del sector H-61-5, a instancias del promotor Iberebro, que contempla un 'outlet' en las antiguas oficinas de Pikolín

Protesta en Zaragoza contra el 'outlet' de Pikolín. Foto: Primo Romero

El consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha criticado que el PP, PSOE y C's recojan en una enmienda que el 10% de la cesión de aprovechamiento urbanístico se destine mediante convenio de gestión a usos concretos, pero les ha advertido de que "no se puede y he tenido que pedir informe jurídico que les enmienda la plana porque la prescripción que exigen no es legal porque el competente es el Gobierno municipal".

Para Muñoz "queda probado y refutado que, a sabiendas hicieron una enmienda ilegal por si colaba y regalando 3 millones de euros sabiendo que era ilegal y se han tenido que pedir dos informes en los que se dice que votar en contra de algo que se sabe que está mal tiene un nombre muy feo" y les ha retado a votar en contra de los informes jurídicos porque "entonces les acusaré de prevaricación".

"Manda la oligarquía local y sus voceros que pueden mucho, pero no pueden más que la ley y se ha demostrado que mienten y plantean una cosa de carácter ilegal", ha añadido el consejero durante el Pleno recordando que "todavía falta la licencia comercial del Gobierno de Aragón y otros trámites".

En este sentido, Muñoz se ha mostrado confiado de que el 'outlet' no llegue a ser una realidad y ha criticado a PSOE, PP y C's su prentensión inicial de eximir a los promotores del aprovechamiento urbanístico ya que hubiera supuesto "regalar 3 millones a Solans y eso no es estar con la gente".

El consejero también ha recordado los informes de Greenpeeace, ya que el 'outlet' "sería una especie de ciudad entre Zaragoza y Utebo", suyos desplazamientos que provocaría supondrían una "quiebra" del modelo de la ciudad compacta.

Por su parte, la concejala de CHA, Leticia Crespo, ha dicho que "este proyecto tiene que ver con un modelo de ciudad con grandes superficies en la periferia" y ha advertido del daño al pequeño comercio", incidiendo en que la apertura de nuevos formatos "afectará al comercio de proximidad". Para Crespo, los impactos "tanto en Zaragoza como en localidades colindantes no se han estudiado con rigurosidad".

"No sé por qué están tan preocupados por ese dinero cuando antes de ayer se lo regalaban y si se lo quieren dar al pequeño comercio es porque un poco creen que si afecta. Nos posicionamos en contra", ha concluido la concejala de CHA.

Alberto Casañal, concejal de Ciudadanos, ha opinado que “todos los informes dicen que esto es legal” y en su opinión, “son compatibles todos los tipos de comercio”, en alusión a las tiendas de proximidad y las grandes superficies comerciales.

Lola Ranera, concejala del PSOE, ha acusado a ZeC de "demagogia" en su apoyo al comercio de proximidad y le ha pedido que "invierta en los barrios para ayudar a los comerciantes porque solo se ha ejecutado el 20 por ciento del presupuesto de Urbanismo".

Por último, el edil del PP, Pedro Navarro, ha afirmado que "hemos evitado que se fueran 130 millones de inversión y que 103 puestos de trabajo en Torre Village y 118 en Pikolín acaben yéndose de aquí".

Antes de las exposiciones de los portavoces de los grupos municipales han intervenido representantes de colectivos vecinales, sociales, ecologistas, comerciales y sindicales que han mostrado su oposición a este megaproyecto comercial, siguiendo así con las protestas como la realizada este domingo en la capital aragonesa.

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