Los sindicatos firmantes del Pacto de aplicación al personal funcionario -OSTA, CCOO, CSIF, CGT, UGT y CSL-, ante el auto de suspensión cautelar de determinados artículos del Pacto 2016-2019, se reafirman en la legalidad de la totalidad del Pacto, tal y como determinaron los órganos de control del Ayuntamiento de Zaragoza.
Aseguran que el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) no entra a valorar la legalidad o ilegalidad del Pacto, e inciden en que la decisión de la cautelar por parte del TSJA “ha primado el interés del gobierno Rajoy, en concreto la estabilidad presupuestaria y los recortes, frente al derecho a la negociación colectiva y a la autonomía municipal, argumento que se contradice con la realidad, ya que es la Administración local, dentro de ella el Ayuntamiento de Zaragoza, quienes más han contribuido en la reducción del déficit público”.
La intención de los sindicatos firmantes no es enfrentarse a la legislación vigente, sino hacer compatible a través de la negociación colectiva, la aplicación concreta del horario de trabajo y la necesaria formación del personal municipal.
Recuerdan que muchos de los derechos afectados por auto del TSJA, llevan años reconocidos en el Ayuntamiento de Zaragoza, y otros suponen un avance en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Dado que hasta el día 23 de junio cabe recurso de Casación, el auto no es firme, por lo que continúa en vigor la totalidad del Articulado del Pacto.