Los jueces desestiman el cierre de puntos de votación y la retirada de las urnas

Los juzgados de Barcelona, Badalona y Tarragona han aceptado a trámite por la vía ordinaria las denuncias presentadas por Plataforma por Catalunya, Sociedad Civil Catalana, UPyD y PP de Catalunya contra la celebración de la consulta catalana, pero han rechazado las “medidas cautelares” solicitadas por los denunciantes al considerarlas “desproporcionadas”.

Foto: Diego Díaz (AraInfo)
Foto: Diego Díaz (AraInfo)
Foto: Diego Díaz (AraInfo)

Los juzgados de Barcelona, Badalona y Tarragona han aceptado a trámite por la vía ordinaria las denuncias presentadas por Plataforma por Catalunya, Sociedad Civil Catalana, UPyD y PP de Catalunya contra la celebración de la consulta catalana, pero han rechazado las “medidas cautelares” solicitadas por los denunciantes al considerarlas “desproporcionadas”.

En este sentido el juez de guardia de Barcelona, Gonzalo de Dios, concluía que los hechos denunciados por UPyD, el PP de Catalunya y Plataforma por Catalunya “podrían ser constitutivos de delito”, pero consideraba que se tienen que investigar por la vía ordinaria y, por eso, solicitaba a los Mossos la elaboración de un atestado que incluya a los responsables del uso de las escuelas públicas como puntos de votación. El mismo criterio se ha seguido en los juzgados de guardia de Badalona, Tarragona y Mollet del Vallès.

Los Mossos entregan en la Fiscalía la lista de locales públicos

Por otra parte, los Mossos d'Esquadra han entregado en la Fiscalía Superior de Catalunya una lista con los locales públicos que se han abierto en el proceso participativo del 9N.

La Fiscalía General del Estado español ha informado a última hora de la tarde del domingo que "continúa recabando datos" para valorar las "responsabilidades penales" derivadas del proceso participativo celebrado en Catalunya y para, si se diera el caso, "ejercer las oportunas acciones legales". En un comunicado, la Fiscalía asegura que la información recabada se incluye en el ámbito de las diligencias de investigación incoadas con fecha de 8 de noviembre y tras las diferentes denuncias presentadas contra la consulta.

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