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Los grandes hits de la corrupción del Partido Popular

El pasado 30 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobaba una Comisión de Investigación para determinar hasta qué punto se ha estado financiando ilegalmente el Partido Popular. En este artículo recogemos los casos de "dopaje" electoral más flagrantes de los últimos años.
| 9 abril, 2017 07.04
Los grandes hits de la corrupción del Partido Popular
Sede del PP en Madrid. Foto: Luis García (CC BY-SA 3.0)

A regañadientes, el pasado 30 de marzo, el Partido Popular votaba a favor de la creación de una Comisión de Investigación para tratar la presunta financiación ilegal en sus propias filas. La comisión, propuesta por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, consiguió que el Congreso de los Diputados votase en la misma dirección. Un suceso raro.

La creación de dicha comisión que el PP intentó torpedear en numerosas ocasiones y que el PNV pese a votar a favor no consideraba necesaria, formaba parte de los acuerdos para la investidura firmados entre populares y el partido de Albert Rivera. Si finalmente la formación en el gobierno decidió posicionarse afirmativamente, se debe a que hacerlo en sentido opuesto, reconocía de forma más o menos explícita que la financiación del partido tiene puntos oscuros.

No fue una votación fácil, ni tuvo un debate ameno. El diputado del PP, Eloy Suárez, en su turno de intervención consideraba que la comisión estaba totalmente deslegitimada y solo perseguía demonizar al partido al que pertenece. Añadía que el Congreso no es un tribunal popular con el objetivo de desgastar al Partido Popular.

Suárez considera que se trata de una caza de brujas en toda regla.

Esa caza se traduce numéricamente del siguiente modo: Se conocen 175 casos de corrupción en el Estado Español. De estos, 68 tienen al PP como implicado principal. Según el Diccionario de la corrupción escrito por Eva Díaz, Joaquín Vidal y Francisco J. Castañón, la apropiación ilegal de dinero público ha costado a los españoles desde 1978, 8.000 millones de euros.

Otros cálculos, como el elaborado por la Cámara Nacional de Mercado de Competencia, cuantifica los costes de la corrupción por año en 90.000 millones. Depende de cómo se cuantifique el coste de la corrupción: en dinero perdido directamente por los ciudadanos o en dinero colateral que también se pierde como consecuencia de este fenómeno (costes judiciales, costes policiales, evasión fiscal, etcétera.)

Entre los casos a los que los populares tendrán que hacer frente en la Comisión de Investigación, cuatro sobresalen por encima del resto. Aunque no son ni de lejos los únicos, es bueno refrescar la memoria porque en los próximos meses sus nombres volverán a ser el pan político de cada día.

La Púnica

El juez Eloy Velasco ha encontrado indicios de nueve maneras distintas de financiarse ilegalmente en el Partido Popular de Madrid. Donaciones de empresarios en mano (en mano de Francisco Granados) por valor de más de dos millones de euros. Donaciones a través de fundaciones afines a la formación, la más conocida de las cuales es Fundescam, que después eran desviados a la caja B del PP. Fondos públicos desviados a través de la fundación mencionada. Donaciones que eran maquilladas como donaciones de los militantes. Donaciones ilegales del 1% de empresas a las que se adjudicaban licitaciones públicas. Dinero opaco en efectivo. Dinero de fiestas populares que iba al partido.

Según el juez Velasco, la trama Púnica ha sido de lo más inventiva a la hora de dopar las campañas del Partido Popular. Eso, además de suponer un agravio para los contribuyentes, supone una ventaja electoral para el partido, poniendo en duda sus resultados electorales al menos desde 2011.

Caso Bárcenas

La llamada Caja B del Partido Popular, además de ser el lugar del que salían los sobresueldos que podrían haber sido destinados a pagar a José María Aznar (bautizado en los papeles de Barcenas como J.M) o Mariano Rajoy (inscrito como M.R, M. Raj., M. Rajoy o Trimestre Mariano R.), era, según la investigación, el método más frecuente para sufragar los sobrecostes de campaña. Aunque no estaría comprobado, Luis Bárcenas, en una entrevista con Pedro J. Ramírez, confesó que la Caja B era el órgano centralizado desde el que se movía el dinero obtenido ilegalmente de empresarios.

El caso que en su día llevó a Barcenas a prisión ha sido reabierto el mes pasado por el juez José de la Mata tras las declaraciones de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Éste declaraba ser el intermediario entre empresarios y políticos en el caso Gürtel. De la Mata considera que tras el testimonio de Correa se tienen nuevos elementos para seguir con la investigación del caso de la Caja B del Partido Popular.

Caso Gürtel

Distintas empresas seleccionadas a dedo para obtener contratas públicas pagaban dádivas a algunos líderes del Partido Popular de Galiza, Madrid y el País Valencià. Entre las más destacadas se encuentran Special Events, Pasadena Viajes, SL, Easy Concept, Good and Better SL o Orange Market. Ese dinero además de engrosar las cuentas de políticos de esas tres regiones, era también utilizado para financiar el partido. De hecho tanto el caso Gürtel como el caso Bárcenas, pese a presentarse como tramas separadas, fueron instruidos finalmente por el mismo juez, Pablo Ruz.

Caso Palm Arena

La instrucción del caso ocurrido en les Illes Balears está, después de diez años, a punto de ser cerrada por el juez Castro. En 2007, el socialista Mateu Cañellas, que estrenaba su cargo de consejero de Deportes del Gobierno Autonómico de Baleares, denunció que el velódromo Palma Arena presupuestado en 48 millones de euros por el gobierno del popular Jaume Matas, había costado casi el doble, 90 millones.

A partir de allí se destapó un entramado de corrupción que como bien es sabido llega hasta la casa real.

En una de las piezas instruidas por el juez Castro, el ex tesorero del PP Balear y cuñado de Matas, Fernando Areal, reconoció que el partido de les Illes se había financiado ilegalmente a través de las donaciones ilegales de empresarios.

Puede que Eloy Suárez tuviera razón cuando hablaba de demonización del Partido Popular el día que se aprobó la creación de una Comisión de Investigación. Al César lo que es del César.

Por desgracia, tardaremos un poco en ver a los presuntos responsables políticos de la financiación ilegal del PP respondiendo a las preguntas de los diputados. De momento está en marcha la Comisión de investigación por la llamada Operación Catalunya en la que se intenta discernir si el exministro de Interior Fernández Díaz conspiró con el juez De Alfonso contra partidos independentistas. El congreso tiene como norma no escrita, no celebrar más de una comisión al mismo tiempo.

9 abril, 2017

Autor/Autora

Periodista. Miembro del Consello d'AraInfo. @AlbertAlexan


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