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La justicia belga cita a declarar al juez Llarena

El president de la Generalitat en el exilio y las y los consellers interponen una demanda civil contra el juez Llarena por haber vulnerado su “presunción de inocencia”. La defensa de las personalidades políticas independentistas también ha pedido la recusación al magistrado del Tribunal Supremo.
| 5 junio, 2018 16.06
La justicia belga cita a declarar al juez Llarena
Comparecencia en Bruselas del Govern en el exilio Foto: @catalan_gov

El abogado de la defensa del president Puigdemont y las y los exconsellers en el exilio, Christophe Marchand, ha anunciado que la demanda civil conjunta presentada por sus representados y representadas ante la justicia belga, contra el magistrado del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, prospera. Un tribunal belga ha requerido la presencia del magistrado el próximo 4 de septiembre.

Así ha sido informado en una comparecencia en Bruselas en al que han participado Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig de forma presencial y Clara Ponsatí y Carles Puigdemont a través de videoconferencia.

El abogado considera que Llarena ha vulnerado la presunción de inocencia de sus clientes y clientas negándoles el derecho a un juicio justo. Las pruebas en las que se basa la acusación de Marchand se sustentan en unas declaraciones que el juez realizó en Uviéu el pasado 23 de marzo.

El juez Llarena consideró que “un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro código penal y que con independencia de cual haya podido ser la motivación que los haya llevado a las personas si es que esto ha sido así pues tienen que ser investigados”. El magistrado añadió que “restringir la libertad de una persona sin que se haya declarado todavía culpable en la eventualidad de que eso se produzca exclusivamente en el tiempo en que se lleva una investigación tiene que restringirse lo máximo posible, por eso la decisión es tratar de terminar la investigación cuanto antes y regularizar la situación de los investigados”.

Al mismo tiempo, Llarena, al ser preguntado por la extradición de Anna Gabriel, actualmente en Suiza, explicó por qué no había lanzado ninguna orden  de busca y captura contra la política de la CUP. “Las ordenes de detención internacional no deben cursarse por sospecha, sino que deben cursarse el día que ya se sabe que los hechos tienen indicios racionales de haberse perpetrado y que además integran un delito grave en España y un delito grave al país que se le pide el esfuerzo y colaboración”, afirmó Llarena.

Estas son las frases que han hecho considerar la demanda civil por parte de las y los independentistas en el exilio. El hecho se debe a que Llarena realizó declaraciones fuera de su ámbito jurisdiccional.

Toni Comín en la comparecencia de este martes en Bruselas ha afirmado que “aquí nos podemos defender de manera adecuada, en Bélgica el poder judicial es independiente”. El president en el exilio ha señalado que las personalidades políticas repartidas por Europa han sido “objeto de violaciones de los derechos fundamentales que, hasta el momento, han quedado impunes”.

No es la única acción legal que la defensa del independentismo ha decidido emprender. Los y las cinco integrantes del Govern en el exilio han pedido la recusación del juez Llarena amparándose en el artículo 219.8 de la Ley del Poder Judicial. Según el articulado un juez que “tiene un pleito pendiente con algunas de las partes” debe abstenerse de instruir un caso.

5 junio, 2018

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