Economía

Las subcontratas de logística en OPEL – PSA se “ahorran” tres millones de euros anuales en salarios mediante convenios “ilegales”

Así lo ha denunciado este martes el sindicato CGT Aragón. Un problema que viene derivado de “unos convenios negociados de forma interna que se consideran ilegales e ilícitos porque no cumplen con los requisitos que marca el Estatuto de los Trabajadores [...]”. Con ello se “ahorran” 250 euros por trabajador y mes.
| 10 abril, 2018 16.04
Las subcontratas de logística en OPEL – PSA se “ahorran” tres millones de euros anuales en salarios mediante convenios “ilegales”
Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

El sindicato CGT Aragón – La Rioja ha interpuesto numerosas denuncias ante Inspección de Trabajo por la situación de los y las trabajadoras en las empresas subcontratadas para trabajos de logística por OPEL – PSA en Zaragoza.

Por el momento, y a falta de resolución de cuatro denuncias más, éstas han resultado en levantamiento por parte de Inspección de Trabajo de actas de infracción y liquidación de cotizaciones a la Seguridad Social, así como “apreciación de perjuicios económicos” para los trabajadores y trabajadoras a las empresas Carreras Grupo Logístico y Colin (perteneciente al Grupo Sesé) y responsabilidad subsidiaria para OPEL – PSA.

De esta forma, y debido a las denuncias presentadas por CGT, los y las trabajadoras del Grupo Carreras y del Grupo Sesé en OPEL España verán aumentados sus salarios, y previsiblemente con efectos retroactivos desde la fecha de apertura de sus instalaciones en la multinacional.

Inspección de Trabajo ha levantado un Acta de Liquidación al Grupo Carreras y Colin por cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de diferencias de salarios con las previstas en Convenio por importe de 60.000 y 180.000 euros respectivamente, y con responsabilidad solidaria de General Motors. Además de un levantamiento de un Acta de Infracción a ambas empresas por condiciones inferiores a las dispuestas en el Convenio Colectivo por un importe de 3.000 euros.

Así lo han asegurado en rueda de prensa este martes el secretario de organización de CGT en OPEL España, Santiago Arcos, y la asesora laboral en CGT Aragón, Aída Bosqued. En su opinión, el panorama de las subcontrataciones en OPEL – PSA resulta “preocupante, ya que viendo el resultado de dos de las seis denuncias interpuestas por el momento desde CGT, prevemos que las cuatro que quedan por resolver van a ir en el mismo sentido”.

Tal y como explicaba el secretario de organización del sindicato, todas estas prácticas en la subcontratación se llevan a cabo desde hace tiempo con el único objetivo de “abaratar costes, pero desde hace dos años se han agudizado y con unas repercusiones para los trabajadores bastante graves”.

Es decir, afectarían aproximadamente a unos 4.000 trabajadoras y trabajadores efectivos. Cabe recordar que hace unos años la plantilla de OPEL España contaba en plantilla con alrededor de 8.000 trabajadores y trabajadoras. Es más, Arcos ha señalado que en la actualidad de esos 4.000 trabajadores y trabajadoras, 3.000 se encuentran desarrollando su labor mediante subcontratación.

Convenios “ilegales”

Concretamente, y según Arcos, las empresas que se dedican al terreno de la logística comenzaron a aplicar una “política muy agresiva” a partir del año 2016. Una de estas empresas -la primera de ellas- fue el Grupo Carreras, cuya “única intención”, según el portavoz de CGT, era la de “eliminar puestos directos” de OPEL España, al pasar determinados trabajos a ser realizados por personas de dicha subcontrata. Y todo ello debido a la aplicación de una serie de convenios que desde CGT califican como “ilegales”.

Para Aída Bosqued, asesora laboral en CGT Aragón, el problema principal viene derivado de “unos convenios negociados de forma interna que se consideran ilegales e ilícitos porque no cumplen con los requisitos que marca el Estatuto de los Trabajadores para tener prioridad aplicativa”.

“Las actas de infracción levantadas por Inspección de Trabajo al Grupo Carreras y a la empresa Colin indican que deberían de aplicar en estas empresas un salario a sus trabajadores, como mínimo, equivalente al convenio del sector. Y sin embargo –continúa Bosqued- están aplicando unos salarios que vienen a ser un 25% o 30% inferiores a los que marca este convenio del sector”.

A pesar del levantamiento de dichas actas y una sentencia del Juzgado que reafirma la opinión de Inspección de Trabajo, “tanto Carreras como Colin, y la sucesora de la primera que es Presta-Lid –perteneciente al Grupo Logiters y que ya cuenta con presencia en la planta de Figueruelas-, siguen aplicando las mismas condiciones económicas que venían aplicando hasta el momento”.

¿Por qué, a pesar de las actas de infracción y la sentencia, siguen sin pagar a sus trabajadores y trabajadoras el salario que marca el convenio del sector? Porque a las empresas, a juicio de Bosqued, “les sigue saliendo más económico dejar de pagar. Pagan una sanción de 3.000 euros por un acta de infracción que corresponde a un año, comparado con lo que se ahorran en salarios… así que para ellas –la sanción- es algo insignificante”.

Un “ahorro” de 330 euros por trabajador y mes 

Todo esto, en números, se traduce de la siguiente manera: “Las empresas, por trabajador y mes se están ahorrando 250 euros de salario” y la cotización a la Seguridad Social equivalente a este salario viene a ser de 80 euros aproximadamente. Con lo que las empresas se están “ahorrando” 250 euros por trabajador y mes.

Finalmente, si dicha cantidad se multiplica por 1.000 trabajadores y trabajadoras -aproximadamente son las que se calculan de media en el sector de la logística- y por doce meses, ofrece un resultado de tres millones de euros anuales de “ahorro”. Que a su vez habría que multiplicarlo por cuatro años, que son los que lleva la empresa Colin, y por año y medio que estuvo Carreras en la planta de Figueruelas.

Una cantidad que supone un 70% del coste laboral y que, como recordaba Bosqued, “las empresas se lo ahorran pero quien lo paga y lo sufre es el trabajador”.

A pesar de todo, y aún teniendo en cuenta las actas de infracción levantadas por Inspección de Trabajo y la sentencia del Juzgado de lo Social, las empresas deberían de abonar estas diferencias salariales por motu propio, pero como no lo hacen, la única vía que le queda al trabajador o trabajadora para cobrar lo que le corresponde es presentar una demanda judicial. “Pero, solamente se puede reclamar judicialmente los salarios dejados de percibir de un año para atrás –de fecha a fecha-. Con lo cual, cada día que pasa sin que el trabajador o la trabajadora demande, es un día de salarios que se ahorra la empresa”.

Desde CGT advierten, además, que aunque esta cuestión afecta únicamente a la subcontratación de la logística –el terreno más externalizado dentro de OPEL por el momento-, existen varios campos que ya se han comenzado a externalizar, como son el mantenimiento general, limpieza, calidad e incluso algunas ramas de la producción.

“No podemos consentir que las externalizaciones tengan como resultado la precariedad y la vulneración de derechos de los y las trabajadoras, ni que las empresas salgan beneficiadas de sus incumplimientos legales aprovechándose de la cultura del miedo que se impone condicionada a las contrataciones”, aseveran desde el sindicato.

“Tampoco es comprensible –añaden- que desde la Administración se estén premiando con subvenciones al Clúster del Automóvil siendo conocedoras todas las partes de la situación que se está produciendo”. Por ello, invitan a la multinacional OPEL y a la propia DGA “a actualizar sus códigos de responsabilidad social corporativa, por responsabilidad con Aragón y con la clase trabajadora, pues hasta hace muy poco anunciaban dar subvenciones a dichas empresas”.

Impugnación de convenios

Por otro lado, el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón interpuso una demanda de impugnación por “ilegalidad” del convenio colectivo de la empresa Carreras para la zona de Zaragoza, y cuya sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de la capital aragonesa –del pasado 28 de marzo- le quita validez como convenio colectivo de empresa, reduciéndolo únicamente a convenio de centro de trabajo. Por tanto, y según la sentencia, no tiene prioridad aplicativa sobre el convenio del sector de la logística en la zona de Zaragoza.

Del mismo modo, también declara nulas varias cláusulas de este convenio colectivo por “contradecir” el propio convenio del sector de la logística en la mencionada zona.

10 abril, 2018

Autor/Autora

Redactor. Integrante del Consello d’AraInfo. @mr_belbedere


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