Economía

Las ONGs de acción social proponen una subida de la presión fiscal para poder invertir más en políticas sociales

"Es una cuestión de voluntad política”, afirma Daniel Gimeno, presidente de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. “Elevar la presión fiscal es la solución, pero siempre que no recaiga en quienes ya soportan más presión fiscal de la que pueden, sino incidiendo en las grandes empresas y las rentas más altas”, añade.
| 21 octubre, 2018 07.10
Las ONGs de acción social proponen una subida de la presión fiscal para poder invertir más en políticas sociales
Foto: Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre, la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión ha celebrado entre el miércoles y el jueves la sexta edición de las jornadas El Aragón que queremos. Bajo el título Políticas sociales para una salida real de la crisis, las 52 organizaciones que integran la Red han querido reflexionar este año sobre el camino que deben seguir a partir de ahora en este terreno las administraciones públicas puesto que, en un contexto macroeconómico en el que “se ha salido oficialmente de esta situación de crisis, su final no se vislumbra realmente para un importante sector de la población”.

“Tras varios años de precariedad, recortes y austeridad en el gasto público, la tímida recuperación en los sistemas de protección social y los avances habidos en la última legislatura se muestran insuficientes para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables”, han trasladado.

En 2017, el Estado español alcanzó los niveles de PIB anteriores al año 2008, sin embargo, no se ha recuperado el nivel de empleo. Las tasas de desempleo siguen siendo preocupantes y la evolución de la vulnerabilidad económica, inquietante y añaden “España es un país con mayor desigualdad en el reparto de renta y riqueza que antes de la crisis”.

Tal y como afirmó ayer el conferenciante principal de estas jornadas, el profesor titular del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza y exdirector de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Jaime Sanaú, “las políticas públicas reducen la desigualdad. El gasto público social es el componente más redistributivo e incide especialmente en los hogares de renta más baja”.

Sanaú también aseguró que que “en España se puede mejorar la recaudación impositiva, y hay margen para aumentar el gasto público social en relación al PIB”, en materias tan relevantes como la salud, la educación, la protección social frente a la pobreza, el desempleo, la vejez, la dependencia y la vivienda. “Es una cuestión de voluntad política”, afirma Daniel Gimeno, presidente de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. “Elevar la presión fiscal es la solución, pero siempre que no recaiga en quienes ya soportan más presión fiscal de la que pueden, sino incidiendo en las grandes empresas y las rentas más altas”, añade Gimeno. “Hay que cambiar la cultura fiscal de este país”, concluye.

Las organizaciones que integran la Red quieren dejar claro que todo ello es una responsabilidad de las administraciones públicas, no de las familias ni de entidades privadas como las ONGs. Además, insisten en que las políticas sociales deberían aprobarse con un amplio consenso político y social.

Respecto del trabajo, la Red destaca que disponer de un empleo ya no es sinónimo de integración. Propone, con carácter general, apostar por la creación de empleo estable y de calidad; reducir la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial no voluntario; elevar las rentas de los hogares en edad activa (subida del salario mínimo interprofesional, complementos por hijos…); incrementar los recursos para las políticas activas y mejorar su orientación; adecuar las cualificaciones profesionales a las nuevas demandas de empleo, favoreciendo la acreditación profesional de las personas en aquellas áreas específicas que muestran un mayor potencial de crecimiento de empleo; mejorar las políticas para la activación del empleo en las empresas de inserción, vía reserva de mercados y uso de cláusulas sociales.

Otra de las propuestas de la Red en materia laboral es el fomento de las organizaciones de la economía social como vertebradoras del territorio, fomentando alianzas público-privadas, entre las entidades sociales, cooperativas, empresas de inserción y administraciones públicas autonómicas y locales. También apuesta por la promoción de la innovación en la gestión social del empleo a través de programas para la contratación de personas procedentes de las organizaciones del tercer sector y de las empresas de inserción en las empresas convencionales. “Hay que dar salida a los que están fuera de cualquier recurso vinculado el empleo”, sostiene Marisa Esteve, tesorera de la Red.

Respecto a vivienda para uso social, en el Estado español se cuenta con un 2,5 % de viviendas para alquiler social, frente al 17 % de Francia o el 30% de Países Bajos. Esta cuestión, junto al incremento que han experimentado los precios de alquiler y de compra de segunda mano, hace que las personas en situación de vulnerabilidad no puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas. “Existen programas del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza para incrementar el número de viviendas de alquiler social, pero resultan del todo insuficientes”, subrayan desde la Red.

Por ello, consideran que incrementar la inversión en vivienda pública de alquiler social sería una de las soluciones más apropiadas, así como favorecer la puesta en uso de viviendas vacías a través de acuerdos con los propietarios, de subvenciones a la rehabilitación o de otros incentivos, como los programas de garantía de alquiler. “Habría que potenciar la colaboración entre la Administración y las entidades sociales para la gestión de vivienda en situaciones de emergencia. Estas son solo algunas de las medidas que podrían coadyuvar a lograr el derecho de los aragoneses a una vivienda digna”, añaden.

Respecto a políticas preventivas y familiares, se llegó a la conclusión de que hay que mejorar la calidad de las prestaciones sociales y orientarlas a la prevención. Hay que garantizar el acceso a la educación para minimizar la transmisión intergeneracional de la pobreza y asegurar la justicia social y la igualdad de oportunidades a través de la financiación pública.

En cuanto a programas de lucha contra la pobreza, para la Red es necesario avanzar hacia un sistema más integrado, con niveles de adecuación no tan alejados a los europeos, y con extensión de cobertura hacia los hogares sin ingresos. En este sentido, la renta social básica, cuya aprobación en esta legislatura está cada día más lejana en Aragón, “es la medida que más urge, pues ayudaría a más personas que el Ingreso Aragonés de Inserción, ya que hay colectivos que se quedan fuera”, apunta Daniel Gimeno.

Del mismo modo, habría que hacer una revisión de las prestaciones contributivas, de la protección a la dependencia, favorecer la inclusión de las personas más desfavorecidas y prestar una especial atención a las familias monoparentales con hijos a su cargo.

21 octubre, 2018

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