Las mediaciones por impago de alquileres atendidas por la Oficina Municipal de Vivienda triplican las de deuda hipotecaria

En el año 2017, la Oficina municipal de Vivienda de Zaragoza ha mediado en un total de 272 casos en los que había riesgo de desahucio por impago de alquiler o por deuda hipotecaria

Foto: Miguel G. García (AZ)

En el año 2017, la Oficina municipal de Vivienda ha mediado en un total de 272 casos en los que había riesgo de desahucio por impago de alquiler o deuda hipotecaria. En todas las situaciones se ha tratado de familias deudoras de buena fe por causas sobrevenidas y todas ellas han obtenido una alternativa habitacional o acuerdo.

El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, y el coordinador de la Oficina, Sergio Castells, han hecho este jueves el balance anual de este recurso del Ayuntamiento de Zaragoza y han analizado el estado actual de los desahucios en la capital aragonesa, que, según han apuntado “lejos de desaparecer, sigue siendo uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad”.

Híjar ha remarcado el significativo aumento de los expedientes abiertos en el programa de impago de alquiler (199) que triplican los de deuda hipotecaria (73). En los casos de alquiler ha subrayado que “las grandes dificultades de las familias para pagar y/o encontrar alternativas para arrendar viviendas puesto que el precio de mercado no baja de 400 euros, cantidad económica que muchas personas no pueden asumir sobre todo en los casos en los que son perceptores de ingresos sociales y prestaciones, a lo que se suma en numerosas ocasiones de la necesidad de contar con un aval”.

Programa de Mediación Arrendamiento

La Unidad de Información y Atención al Ciudadano atendió en el ejercicio 2017 a 702 personas y se generaron 199 expedientes o solicitudes de mediación: 167 de arrendamientos y 32 de ocupaciones. El Programa de Mediación en casos de Arrendamiento y la Oficina Municipal de Vivienda comenzó a ofrecer sus servicios en julio de 2015 y atiende también casos de usurpaciones de viviendas vacías propiedad de entidades bancarias.

“Las situaciones económicas de las personas que han acudido a la Oficina en estos casos son muy precarias. Las pocos que no están en paro sufren una gran precariedad y salarios bajos, algunos perciben pensiones de viudedad o discapacidad pero la gran mayoría subsisten gracias a prestaciones de desempleo, subsidios, ayudas sociales, Ingreso Aragonés de Inserción”, aseveran.

Estas situaciones impide que puedan acometer regularmente los pagos de alquiler. En su mayoría son personas usuarias de los Centros Municipales de Servicios Sociales. Sólo en el 16% de los casos algunos de los y las miembros de unidad de convivencia trabaja y un 12% recibe algún tipo de pensión mientras que la mayoría, un 58%, recibe prestación por desempleo u otro tipo de prestaciones sociales y un 12% no tiene ningún tipo de ingreso.

Los perfiles de las unidades de convivencia son de todo tipo, mayoritariamente se trata de matrimonios o parejas con hijos o hijas (40%) y familias monoparentales con hijos o hijas (35%). Hay muchas situaciones de vulnerabilidad al darse circunstancias como monoparental con hijos o hijas, familia numerosa, diversidad funcional y algún caso de violencia machista. Dos tercios son nacidos en el Estado español.

Programa de Mediación de Deuda Hipotecaria

En el ejercicio 2017, la Unidad de Información y Atención al Ciudadano atendió a 319 personas que pidieron información sobre el programa o realizaron consultas puntuales. Estas atenciones generaron 73 expedientes o solicitudes de mediación en deuda hipotecaria, cantidad sensiblemente inferior a la de años previos. “Esta menor demanda es probablemente consecuencia de haberse ido resolviendo la problemática hipotecaria derivada de los años álgidos de crisis en los años previos, si bien varios de los casos entrantes son más complejos, mientras aumentan los casos de alquiler”, subrayan.

La situaciones económicas de las personas solicitantes son de mucha necesidad. En los casos menos desfavorables únicamente un 31% tiene algún integrante de la unidad familiar trabajando y en muchas de esas ocasiones de forma precaria, o son autónomos pero sus ingresos son insuficientes para atender las cuotas hipotecarias y las necesidades básicas familiares; un 10% son pensionistas; el 41% percibe prestaciones por desempleo o ayudas sociales con vigencia limitada y con búsqueda infructuosa de empleo, y en un 19% de los casos las unidades familiares no tienen ningún tipo de ingreso oficial, dependiendo directamente de ayudas de urgencia o del apoyo familiar.

Los perfiles de las personas afectadas que acuden al programa se mantienen en las características de los anteriores ejercicios. Se trata de deudores de buena fe a los que ha sobrevenido una causa económica o familiar que ha derivado en no poder atender su deuda hipotecaria: han perdido sus trabajos, han visto mermar sus ingresos por reducciones salariales o bajas, los trabajos son precarios, han sufrido ERES, han cerrado negocios, etcétera.

“Además, las prestaciones por desempleo, subsidios o ayudas sociales que perciben son insuficientes y una vez finalizadas no disponen de recursos, precisando de apoyo de sus redes familiares cuando es posible”, matizan desde el Consistorio zaragozano. En muchos casos también han cambiado sus circunstancias personales al cesar relaciones de pareja, separaciones, divorcios, viudedad, enfermedades, discapacidades, etcétera. Los perfiles de las unidades de convivencia son en estos casos mayoritariamente matrimonios o parejas con hijos o hijas (41%) o personas solas (26%). La mayoría (dos tercios) son de origen español.

La Oficina Municipal de Vivienda

El Ayuntamiento de Zaragoza creó la Oficina Municipal de Vivienda en julio de 2015, con el objetivo de atender a ciudadanos y ciudadanas en riesgo de pérdida de vivienda generados por la imposibilidad de afrontar el pago de sus hipotecas o de las rentas de alquiler, a través del asesoramiento, la mediación y, dado el caso de emergencia habitacional, ayudar en la búsqueda de alternativas. Esta Oficina recibe financiación del Gobierno de Aragón, entidad con la que anualmente se firma un convenio con este objetivo.

Para el desarrollo de sus objetivos lleva a cabo dos programas: el de Mediación en Deuda Hipotecaria, que se desarrolla en Zaragoza desde junio de 2012 y se integró en la actividad de la Oficina, y el de Mediación en Arrendamiento de Viviendas, que comenzó en julio de 2015. El primero de estos programas ha atendido a 3.534 personas y ha gestionado 703 expedientes. Desde el inicio en julio de 2015 del Programa de arrendamientos, la Unidad de Información y Atención al Ciudadano ha atendido a 1.720 personas y se han gestionado 605 expedientes de mediación (505 en arrendamientos y 100 de ocupaciones).

En 2017 se renovó también el convenio con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza para la asignación de letrados especializados en mediación al programa, asignándose siete mediadores para este ejercicio, más la disposición de tres trabajadores y trabajadoras sociales de Zaragoza Vivienda. Además, se firmó un convenio con el Colegio de Trabajo Social de Aragón para la asignación de dos trabajadoras sociales con funciones de intervención socio-económica y mediación en alquileres.

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