Economía

La UDYCO investiga en Zaragoza un fraude en subvenciones públicas

En el transcurso de la denominada "Operación Camarón" se ha tomado declaración como investigados a quince personas, dos en Zaragoza, dos en Málaga, tres en Madrid y ocho en Cádiz, responsables de la asociación y de las empresas subcontratadas e interpuestas
| 30 octubre, 2017 16.10
La UDYCO investiga en Zaragoza un fraude en subvenciones públicas
Imagen de archivo.

A lo largo de los dos últimos años, por parte del Grupo de Blanqueo de Capitales, de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza, se han venido desarrollando diversas investigaciones sobre entramados empresariales que habían obtenido fraudulentamente subvenciones públicas, bien falseando las condiciones para su obtención o bien falseando la justificación de los gastos en que habían incurrido. Todas esas investigaciones policiales han derivado en la apertura de varios procedimientos judiciales en Aragón.

En una de estas investigaciones se llegó hasta un centro empresarial, sito en el Camino de las Torres, en el que tenían su sede diversas empresas implicadas en varias de estas operaciones fraudulentas.

A través del estudio de sus cuentas, los investigadores apreciaron una relación directa con la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz (AMEP) con la que cruzaban diversos pagos por elevados importes. Hace casi un año, en noviembre de 2016, ya trascendió la detención de la ex presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz, Nuria Sánchez Perdigones, y de otras cuatro personas, por un presunto delito de fraude en subvenciones.

De esta manera se dio inicio a una nueva investigación centrada, esta vez, en la citada asociación, la cual había sido perceptora de hasta 900.000 euros de fondos públicos entre los años 2008 y 2012.  La asociación presentaba presupuestos anuales de unos 400.000 euros para el desarrollo de los proyectos a subvencionar, percibiendo unos 200.000 euros al año en virtud de diferentes expedientes de Reindustrialización del Ministerio de Industria para los proyectos que presupuestaba destinados a la promoción industrial y empresarial de la Bahía de Cádiz.

Los únicos fondos que disponía la citada asociación para realizar los trabajos que presupuestaba eran los que percibía del Ministerio de Industria.

Alrededor de esta asociación aparecieron numerosas empresas relacionadas de una u otra forma con sus administradoras y partícipes.

Las subvenciones percibidas lógicamente se justificaron mediante la presentación de las facturas correspondientes por los trabajos presuntamente realizados y mediante la aportación del resguardo de los pagos que soportaban aquellas.

La labor de los investigadores puso de relieve que si bien los pagos realmente se efectuaban con el fin de justificar  formalmente su destino ante el Ministerio, el dinero luego seguía un camino a través de un movimiento circular de fondos por diversas empresas para retornar finalmente a la asociación vía cuentas interpuestas de las que por supuesto no se informaba al Ministerio.

Las empresas subcontratadas, emisoras de las facturas justificativas, estaban en muchos casos vinculadas a las administradoras de la sociedad y en ocasiones eran directamente de su propiedad.

El dinero de las subvenciones se destinaba a la justificación de los gastos de años diferentes para los que habían sido concedidas y de ellas se beneficiaban principalmente sociedades como se ha dicho vinculadas a los miembros de la asociación.

Por estos hechos, y en base a los informes policiales, se presentó denuncia por parte de la Fiscalía Provincial de Cádiz a quien se remitieron las actuaciones y se abrieron diligencias en un Juzgado de esa capital.

Se ha tomado declaración como investigados a quince personas, dos en Zaragoza, dos en Málaga, tres en Madrid y ocho en Cádiz, responsables de la asociación y de las empresas subcontratadas e interpuestas.

30 octubre, 2017

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