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‘La Trama aragonesa’ desentraña la corrupción en el territorio durante los últimos años

Bajo este título se trataron temas donde la corrupción, el desvío de fondos públicos y la malversación, a través de casos como el de La Muela -con la operación Los Molinos-, el caso CAI, el caso Plaza y el caso del Plan aragonés de Saneamiento y Depuración, se convirtieron en los ejes fundamentales sobre los que giró el evento
| 20 abril, 2017 19.04
‘La Trama aragonesa’ desentraña la corrupción en el territorio durante los últimos años

Este pasado miércoles, el Centro de Historias de Zaragoza acogió una mesa redonda organizada por Podemos Aragón en la que se contó con la presencia de Esther Moreno, de la secretaría de Sociedad Civil de la formación morada, Gonzalo Postigo, presidente de la Confederación Intersindical de Crédito, Marina Fortuño, periodista, al igual que Eduardo Bayona, y Marta de Santos, diputada de Podemos Aragón.

Bajo el título ‘La Trama Aragonesa’, la mesa redonda trató temas donde la corrupción, el desvío de fondos públicos y la malversación, a través de casos como el de La Muela -con la operación Los Molinos-, el caso CAI, el caso Plaza y el caso del Plan aragonés de Saneamiento y Depuración, se convirtieron en los ejes fundamentales sobre los que giró el evento. Todo ello para poder aportar información sobre estos casos ocurridos, y juzgados, en Aragón y otros sobre los que todavía la justicia no se ha pronunciado por estar todavía en fase judicial.

La periodista Marina Fortuño explicó como la operación Molinos destapó toda una trama de corrupción en una localidad que pasó de tener 500 habitantes a 5.000 en un plazo considerablemente corto, y en el que su alcaldesa, María Victoria Pinilla y miembros de su familia se enriquecieron de forma ilícita hasta conseguir amasar una fortuna de alrededor de 18 millones de euros. Fueron 40 las personas acusadas que se sentaron en el banquillo. El 29 de septiembre de 2016 se leyó la sentencia y María Victoria Pinilla fue condenada a 17 años de cárcel. “La operación Molinos fue el primer caso de corrupción que se desató aquí en Aragón y el único que se ha juzgado”, aseguraba Fortuño.

En marzo de 2009, catorce personas eran detenidas en la localidad de La Muela, “llegaron los coches de la Guardia Civil y pusieron el pueblo patas arriba. Y todo un sistema de trabajo que había mantenido la exalcaldesa María Victoria Pinilla fue desmontado de repente”, apuntaba la periodista zaragozana. ¿En qué se basaba este sistema de trabajo? “Se basó en la corrupción pura y dura de la cultura del pelotazo. Es decir, operaciones urbanísticas que se llevaban a cabo recalificando suelo y haciendo que intermediarios compraran a un precio rústico para luego pasar a residencial”.

“Pero hay un elemento que llama la atención –señalaba Fortuño-, y es, cómo catorce personas de los 40 imputados pactaron con el fiscal. Entre ellos el empresario que favoreció este enriquecimiento, que era el dueño de Aranade, la empresa que gestionaba la sociedad urbanística municipal. Pactó con el fiscal, y si en un principio se le pedían veinte años de prisión, al final se quedó sólo con dos años de cárcel, eso sí, ha pagado ocho millones de euros en multas, en indemnizaciones, que han resarcido la hacienda pública”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Intersindical de Crédito, Gonzalo Postigo, recordaba cómo la “gestión delictiva”, de la propia Caja Inmaculada, “llevada a cabo por directivos y alguno de los administradores, llevaron a la entidad a la quiebra”. En la charla se puso el foco en la gestión patrimonial de CAI Inmuebles, “que generó una serie de pérdidas increíbles y que fue el verdadero agujero negro de Caja Inmaculada”.

“Dentro de CAI Inmuebles había 69 empresas participadas, en las cuales se participaba a través de distintas empresa con otros constructores aragoneses, principalmente con tres”, llegó a afirmar Postigo. Para hacerse una idea de cómo fue dicha gestión, las pérdidas que generó CAI Inmuebles en el año 2008 fueron de 11,8 millones de euros, en el año 2009 fueron 50 millones de euros, en el 2010 fueron 70 millones de euros, en el 2011 fueron 56, en el 2102 fueron 115,9 millones de euros y en el 2013, 126,6 millones, en total 430,3 millones de euros en pérdidas en apenas seis años.

Estos datos han sido obtenidos directamente del Registro Mercantil, es decir, “una fuente completamente fiable”. En principio, estas personas que llevaron a la quiebra a CAI Inmuebles no tienen que responder ante la justicia por tales pérdidas, “lo que tienen que responder es por operaciones otorgadas sin ningún criterio técnico y sin vistas de percibir beneficios, de forma dolosa”, concluía el presidente de la Confederación Intersindical de Crédito.

El caso Plaza también ofrece otra muestra de lo que la corrupción ha significado en Aragón a través del desvío de fondos públicos. Así lo explicaba el periodista Eduardo Bayona: “El caso Plaza realmente son ocho casos Plaza, que podrían ser diez, en los que diferentes juzgados están investigando una serie de actuaciones de gestión presuntamente fraudulenta y de posibles desvíos de fondos públicos de unas cantidades enormes pero que no están teniendo un recorrido judicial de condena”.

Curiosamente, cuatro de los ocho casos han sido archivados por falta de pruebas y de los dos que se han juzgado, uno ha tenido una sentencia absolutoria, y el otro ha terminado en una condena que no es firme y que le va a dar pie al Supremo para establecer las normas definitivas sobre qué es una empresa pública y cómo se maneja el dinero público en las empresas con participación de la Administración.

“Estamos hablando de una serie de casos que suman un montante de dinero movido bajo sospecha de unos 210 millones de euros, en los que únicamente se ha probado la malversación o el desfalco de 8,7 de esos millones y en los que operaciones bajo sospecha por valor de 55 están inicialmente fuera de duda, no de forma definitiva, pero sí con archivos provisionales”, recalcaba Bayona.

Todavía queda que se celebre el gran juicio, la pieza central de Plaza, “en la que 25 personas se enfrentan a penas de dos siglos de prisión, multas por diez millones de euros y en la que vamos a ver sentados en el banquillo a una de las empresas del Ibex 35, Acciona, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera responsable civil subsidiario de un desfalco de 147,2 millones de euros”.

“Son unas cantidades que asustan y son unos procesos que ponen los pelos de punta –proseguía explicando Bayona-, porque estamos hablando de sospechas en la gestión del dinero público, estamos hablando de casos que se archivan pero que no acaban con un pronunciamiento definitivo que diga claramente que allí nadie movió de forma oscura el dinero”. A su juicio, “se están archivando las causas contra los primeros investigados y estamos asistiendo a un asunto en el que falta la pieza principal que es la que podría dar lugar en principio a las condenas más abultadas según las investigaciones de la UDEF, la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción”, matizaba el periodista.

¿Las principales personas sospechosas? “En ocho causas tenemos tres condenados, Carlos Escó, exviceconsejero de Obras Públicas, Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, y Agapito Carmelo Iglesias García, constructor y expresidente del Real Zaragoza, estas tres personas han sido condenadas con unas sentencias que no son firmes”, contestaba Bayona.

“Del resto de imputados, los otros 22, tenemos a directivos de la empresa pública Acciona, al presidente de Porcelanosa, empresarios de escasa fama de la ciudad de Zaragoza cuyas empresas parece ser que recibieron dinero por facturaciones que no están del todo claras”, aseveraba. “Estamos hablando siempre de la fase de la sospecha y de la fase de acusaciones. Falta el juicio oral, falta poner esas pruebas sobre la mesa y falta la determinación de si allí hubo delitos o no hubo delitos”. Todo ello para conocer cómo se movió el dinero de todos los y las aragonesas con el que se puso en marcha el polígono de Plaza, “y eso es lo que están investigando los jueces”.

Para finalizar, la diputada de Podemos Aragón, Marta de Santos habló del caso del Plan aragonés de Saneamiento y Depuración. A su juicio, un ambicioso plan que se plantea porque la directiva europea exige el saneamiento y depuración de las aguas de los núcleos habitados. “A partir de ahí comienza todo un procedimiento que en toda España viene tutelado por el Ministerio de forma correcta, y cada municipio va creando sus depuradoras y creando un sistema para depurar las aguas y verter el agua de forma correcta a los ríos, menos en Madrid y en Aragón que todas estas directivas y orientaciones que vienen del Ministerio, se esconden en un cajón”, remarcó De Santos.

“Sospechosamente, multiplicando los precios, los costes y convirtiendo a Aragón en la Comunidad Autónoma que más caro depura de todo el Estado, llegando a ser diez veces más que otras comunidades autónomas limítrofes pero cuatro veces más que la siguiente. Es decir, se decide utilizar un sistema que ‘huele’ muy mal y que además tiene tintes oscuros de corrupción”, insistía la diputada de la formación morada.

En definitiva, todos ellos casos tratados profesionalmente por personas especializadas en el tema y con los que se intentó arrojar luz sobre la corrupción que ha afectado, y sigue afectando, de manera concreta a Aragón en los últimos años con cientos de millones de euros que en la mayoría de las ocasiones perjudican de forma directa a la ciudadanía aragonesa.

20 abril, 2017

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