La Plataforma por una fiscalidad justa exige una lista de paraísos fiscales valiente y efectiva

Esta plataforma nacida en Catalunya, pide que se incluyan en el listado de paraísos fiscales también a los países miembros de la UE, y exigen a las autoridades políticas, locales, estatales e internacionales que actúen contra esta lacra económica

Luxemburgo quedará fuera del listado de paraísos fiscales de la UE.

Este martes, 5 de diciembre, la Unión Europea presenta su primera lista oficial de paraísos fiscales. Aunque hace más de dos años la selección incluía 92 jurisdicciones, todo apunta a una rebaja del listado final. Para empezar, la UE excluye sistemáticamente los Estados miembros, cuando siguiendo los criterios establecidos, hay cuatro que deberían ser considerados también como paraísos fiscales: Malta, Irlanda, Holanda y Luxemburgo.

En el caso del Estado español, el Real Decreto 1080/1991 establecía la existencia de 48 países considerados paraísos fiscales. Sin embargo a día de hoy, después de haber firmado varios convenios de intercambio de información y otros para evitar la doble tributación, sólo quedan 33.

Los paraísos fiscales son auténticas lacras económicas que profundizan la desigualdad, contribuyen a crear desequilibrios, crisis económicas y socavan la democracia. Ahora mismo, todas las empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales y más de la mitad del comercio mundial está pasando. El último informe de Intermon- Oxfam revela que los principales bancos europeos ganan uno de cada cuatro euros en paraísos fiscales, 25.000 millones.

Con estos datos sobre la mesa y en un contexto de grandes filtraciones que vinculan empresas y grandes fortunas a paraísos fiscales, como Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers y el más reciente Paradise Papers, la Plataforma por una fiscalidad justa defiende una serie de medidas imprescindibles para una lucha efectiva contra los paraísos fiscales.

En primer lugar exigen presionar desde todos los ámbitos administrativos, empezando por los municipios, para que aprueben mociones en las que se declaren Zonas libres de paraísos fiscales (ZLPF).

Asimismo, exigen la incorporación de medidas de responsabilidad fiscal de las empresas en los criterios de contratación pública de las administraciones.

Otra de las medidas propuestas es la de obligar a todas las empresas y corporaciones (no sólo a aquellas que facturan más de 750 millones de euros anuales como marca la ley actualmente) a que informen anualmente de sus inversiones, beneficios e impuestos pagados país por país, de manera que no puedan esconder los sus ganancias. Y al mismo tiempo, que esta información sea de alcance público.

Además, sería necesaria la ordenación de nuevos delitos vinculados al ofrecimiento al mercado de los servicios idóneos para la defraudación tributaria por parte de asesores, exigiendo responsabilidad solidaria a todas aquellas empresas o profesionales que ofrezcan servicios de facilitación para la construcción de vehículos de fraude y elusión.

Para la Plataforma nacida en Catalunya, los representantes políticos deben incidir en la Unión Europea para que se creen sanciones que penalicen los países o territorios que conserven el secreto bancario y la opacidad en la propiedad de las sociedades, así como aquellos países que utilicen su sistema tributario para realizar dumping fiscal. En esta línea, proponen la imposición de tasas o aranceles equivalentes a la pérdida económica que genera el intercambio económico con países considerados paraísos fiscales. Entienden también que se debe exigir un Impuesto a las transacciones financieras (ITF) capaz de disuadir la enorme flujo especulativo que se negocia desde estas plataformas opacas.

Por último, piden la creación de un organismo internacional que vele por el respeto a unas normas fiscales justas, que garantice un efectivo intercambio de información, con capacidad de proponer sanciones a países y empresas que no actúen de acuerdo con estos principios y que trabaje para una mejor armonización de los sistemas fiscales a nivel global.

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