El próximo lunes 15 de mayo, a las 19.00 horas, la PAH de Teruel ha convocado una concentración en la Carretera Cubla número 15 de Villaspesa, a las puertas de un bloque de 17 viviendas de nueva construcción y en desuso, y que es propiedad de la banca.
“Con esta acción queremos recordar que siguen existiendo numerosas familias en la lista de espera de la bolsa de alquiler social de la DGA esperando que se les asigne una vivienda”, recuerdan desde la PAH Teruel. Esta acción será el pistoletazo de salida en Teruel de la campaña por una Ley Estatal de Vivienda.
“Llevamos años en una situación que miles de familias en todo el estado están padeciendo los estragos de la ‘crisis’, como demuestran los 166 desahucios al día, que se siguieron produciendo en el 2016”, y añaden, “la vivienda es un derecho y no una mercancía”. Al mismo tiempo señalan, “todas conocemos a alguien cercano que se encuentra en alguna de estas situaciones o una misma”.
A juicio de la PAH Teruel estas situaciones son: no llegar a fin de mes; encontrarse en el dilema de recuperar una vivienda vacía de los bancos o quedarse en la calle; que no te renueven el contrato de alquiler, a sabiendas que van a especular con el piso; que te pidan 200 euros más en el alquiler de hace tres años; no tener trabajo y con pocas ayudas sociales; y sentir vergüenza, rabia e indignación.
Para esta plataforma la situación cambiaría “si tuviéramos políticas de vivienda valientes que antepusieran los derechos de las familias ante la especulación”. “La ilegalidad de la ley hipotecaria española ya fue dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia Europeo, ahora toca actuar”, subrayan.
Para conseguir este objetivo desde la PAH Teruel proponen la creación de una La Ley de Vivienda que incluye cinco demandas para hacer frente a la emergencia habitacional.
Por un lado, la dación en pago con carácter retroactivo, introduciendo mecanismos de segunda oportunidad que concedan además la condonación de la deuda, la eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas, y la inembargabilidad de la vivienda habitual de los y las avalistas.
Con la segunda de las demandas reclaman un alquiler asequible para el parque de viviendas en el Estado español, que incluya una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la ampliación a un mínimo de cinco años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia, y el establecimiento de un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.
Detener los desahucios es otra de sus reivindicaciones. Para ello exigen una Moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda; la obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio; ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor; la obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación; y por último asegurar el Derecho de Arraigo en los realojos, ofreciéndoles en el mismo municipio y barrio.
La vivienda social, con alquileres que no sean superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar y el incremento del parque público de vivienda, y las garantías de los suministros básicos (agua, luz y gas) sin antes tener información sobre la situación de las familias afectadas, completan la lista de las cinco demandas de las PAH.
