La planta de Figueruelas vivía este martes la primera jornada de negociación del convenio colectivo bajo el control de PSA, y la cosa no pinta bien. En concreto, se planteaba una reducción salarial del 6% para el año 2018 y congelación salarial hasta el año 2022.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, en la planta Opel de Figueruelas rechazan la rebaja salarial del 6 % para 2018, la congelación del sueldo en los próximos cuatro años y la reducción de los pluses de nocturnidad, festivos y calendario especial que ofrece la compañía en su propuesta de convenio colectivo.
La propuesta de la empresa en la negociación también implica el aumento de los turnos productivos de la planta de Figueruelas de 15 a 18, así como el número de fines de semana que tienen que trabajar los empleados, que pasaría de 15 a 20, incluyendo el sábado por la tarde como jornada laboral. Además, Opel pretende reducir las pausas entre los turnos, tanto por la mañana como por la tarde, de 40 a 22 minutos y la del bocadillo de 18 a 15.
Así pues, la propuesta no solo plantea una reducción de salarios, pues el IPC continúa en aumento, si no que aprieta en la productividad y suprime pausas que establecían los anteriores convenios, apretando más a la plantilla. Y ante estas condiciones, el encuentro duró apenas unos minutos.
La espantada sindical ante los requerimientos de PSA como nuevo jefe de Figueruelas, tampoco parece haber gustado a la empresa que ya ha amenazado que un cierre en falso de las cuestiones de competitividad les pone en una situación "insostenible para el futuro". Lo que viene a significar que la plantilla de Figueruelas o acata, o podría tener los días contados.
CCOO considera que la aplicación de las propuestas de PSA supondría una caída salarial del 20 por ciento en cinco años, según ha asegurado el secretario general del sindicato en Aragón, Manuel Pina. Sin embargo, por el momento, no se han manifestado en otro sentido, por lo que se entiende que la negociación sigue adelante, sin ningún tipo de movilización prevista.
Ambos escenarios, el de las movilizaciones y el de la desaparición de la planta en caso de no llegar a la "competitividad" que exige PSA, asustan al Gobierno de Aragón. La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, apostaba este jueves por que la planta Opel de Figueruelas aborde los retos a los que tiene que hacer frente en esta nueva etapa desde la "cohesión social", por lo que ha mostrado su confianza en que se alcanzará un acuerdo respecto al convenio colectivo. Lo que traducido, se podría entender, con que más le vale a los sindicatos aceptar, de no ser que queramos ver a Aragón como un erial industrial. De hecho, la propia Gastón ha hecho unas declaraciones de las que se podría deducir que si la negociación del convenio se enquista, el propio Gobierno de Aragón tendría que mediar, aunque ha asegurado que en el proceso "lo más prudente es que no entre nadie más".
En su planta de Figueruelas PSA-Opel da trabajo de forma directa a 6.000 personas y se calcula que alrededor de 9.000 trabajan en empresas auxiliares y proveedores de la planta también en Aragón. CCOO ha recordado que ante un escenario de ERE este afectaría, no solo a Opel, sino a 50 empresas más.
Aunque PSA-Opel anunció en su plan estratégico PACE! que el objetivo era elevar la actividad en sus fábricas, que según la empresa actualmente operan muy por debajo de la plena capacidad, también puso el acento en la reducción de costes de Opel. Entonces se planteó que la reducción de los gastos en administración, marketing e I+D por la integración con PSA permitirá que Opel tenga que dedicar 700 euros menos a la fabricación y puesta en el mercado de cada vehículo.
Y aunque descartó el cierre de fábricas y la posibilidad de despidos forzosos, advirtió que la reducción necesaria y sostenible de los costes laborales se alcanzaría con conceptos innovadores sobre el tiempo de trabajo –quizá la reducción de la pausa para el almuerzo sea considerado innovador– y programas voluntarios o planes de jubilación anticipada.
Para PSA el objetivo es que los costes de personal pasen de suponer el 15% de sus ingresos que suponen en la actualidad al 11% proyectado para permitir que su negocio sea rentable incluso aunque la producción del grupo caiga hasta las 800.000 unidades.
Por el momento, para ir abaratando costes, PSA ha ido a la raíz, y ya ha reclamado a General Motors, según informó la agencia Reuters, el pago de entre 600 y 800 millones de euros, tras detectar que los motores de la recién adquirida Opel no se encuentran en la posición para cumplir con los nuevos requisitos de emisiones de CO2 exigidos. La operación se valoró en unos 2.000 millones de dólares, por lo que PSA estaría reclamando a General Motors la devolución de un tercio del precio de la compra.
