El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, tras su visita al Estado español el pasado mes de septiembre, ha presentado un contundente informe donde expone varias recomendaciones al Gobierno español y le insta a que, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación de este informe, presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo, las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas y las fechas en las que se tenga previsto concluir con el cumplimiento a las recomendaciones.
En este sentido, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA), recuerda que en los últimos tiempos se han dado "pasos importantes aunque tímidos" para "asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura". La adopción de la Ley de Memoria Histórica, los cientos de exhumaciones, el mapa en el que se identifica la ubicación de fosas comunes, las subvenciones a víctimas, las actuaciones aisladas de ciertos tribunales por las que se ordenan diligencias de investigación, búsqueda y exhumación, el proceso penal iniciado por el Juzgado de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional, los memoriales construidos, las leyes y protocolos adoptados e instituciones creadas por ciertos territorios como Catalunya, Euskal Herria o Andalucía, representan "avances concretos y valorables".
CeAQUA también recuerda que estos avances se han logrado gracias a iniciativas impulsadas o realizadas por familiares de las víctimas o por la sociedad civil y algunos sectores estatales o territoriales. "De acuerdo con las obligaciones dimanantes de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y del derecho internacional, el Estado debe asumir su responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas son parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa. Todas las actividades en materia de desapariciones forzadas deben tener en cuenta la perspectiva de género", añaden.
Los centenares de familiares con los que se reunió el Grupo de Trabajo de la ONU han manifestado una "profunda frustración" frente a los obstáculos administrativos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos. "Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas", asevera CeAQUA.
Otros "importantes desafíos" persisten: "el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica; la carencia de presupuesto para la implementación de ésta; la vigencia de la Ley de Amnistía tal como ha sido interpretada por las autoridades judiciales; la impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas; la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada; la falta de una ley de acceso a la información; la dificultad para acceder a los archivos; y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros".
El Grupo de Trabajo de la ONU reitera su "solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y sus familias". "Su constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito permanente y una continua violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido". Manifiesta igualmente su disposición para "continuar el diálogo constructivo con el Estado español" y ofrece su asistencia "en la plena aplicación de la Declaración".
