Economía

La nueva Ley de Contratos del Sector Público incluye en la adjudicación criterios sociales y medioambientales

Las principales novedades afectan directamente al criterio económico, desapareciendo así lo que se denominaba la "oferta económicamente más ventajosa”, y pasando con la nueva Ley a establecer un criterio básico de adjudicación de los contratos con la "oferta mejor relación calidad-precio”
| 31 marzo, 2018 07.03
La nueva Ley de Contratos del Sector Público incluye en la adjudicación criterios sociales y medioambientales
Reunión del Observatorio de la Contratación. Foto: Miguel G. García | AZ.

El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, del 8 de noviembre de 2017, que pretende, entre otros aspectos, incrementar la transparencia y la lucha contra el fraude y la corrupción en los procesos de contratación pública.

Pero más allá de este factor, de suma importancia, la nueva legislación recoge una serie de criterios que hasta el momento no se tenían en cuenta y que pueden suponer un antes y un después en este ámbito.

De esta forma, las principales novedades afectan directamente al criterio económico, desapareciendo así lo que se denominaba la “oferta económicamente más ventajosa”, y pasando con la nueva Ley a establecer un criterio básico de adjudicación de los contratos con la “oferta mejor relación calidad-precio”.

Así, los criterios relacionados con la calidad representarán al menos el 51% en la valoración de las ofertas, y se podrán incluir además como criterios de calidad, aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato. 

Tal y como explica el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, “la nueva Ley es realmente importante, tanto cualitativa como cuantitativamente, para mejorar la situación en la contratación pública”.

“Hay que tener en cuenta que la contratación en el sector público supone aproximadamente un 20% del PIB español, lo cual puede dar una idea de la ingente cantidad de dinero público que se mueve en este ámbito, y por tanto la importancia de que en esta ley se introduzcan mejoras en cuanto a la eficiencia, la transparencia y la prevención de la corrupción en la contratación pública” en el Estado español.

Otra de las novedades que incluye esta nueva legislación es la obligatoriedad de publicar los contratos en la Plataforma de Contratación del sector Público, declarándose nulos los contratos que no cumplan esta premisa. Esto, a priori, conlleva un mayor control en la prevención del fraude y la corrupción, ya que mediante esta medida la ciudadanía podrá tener acceso a todos los contratos públicos.

La nueva legislación también recoge la aceleración de los periodos de pago, la simplificación de los trámites administrativos, la adecuación de la acreditación de la solvencia técnica al objeto del contrato y la eliminación del límite del 60% a la subcontratación.

“Un avance hacia una contratación pública socialmente más responsable”

Desde el proyecto de Contratación Pública Responsable de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) celebran la puesta en vigor de esta nueva legislación, ya que supone “un avance hacia una contratación pública socialmente más responsable”.

En su opinión, la nueva Ley supondrá “avances en la igualdad de oportunidades, la dignidad del empleo, la cohesión social y la sostenibilidad”. “La Ley insta a las Administraciones Públicas a incorporar criterios éticos, sociales y medioambientales en su contratación pública aplicando las Directivas europeas de Contratación Pública (directivas 2014/23/UE, 2104/24/UE, 2014/25/UE) que legalmente deberían haber sido incorporadas hace más de un año (abril de 2016)”, explican desde REAS.

Afirman igualmente que la nueva Ley “es el resultado de años de trabajo en la defensa de la contratación pública responsable, e incluye muchas de las enmiendas presentadas por REAS Red de Redes a los proyectos de ley presentados en diciembre de 2016”.

Entre otras se encuentran cuestiones como que los criterios sociales y medioambientales se incorporen de manera transversal en toda contratación; que los contratos se dividan en lotes para facilitar el acceso de las empresas pequeñas y medianas; la sustitución del criterio de oferta económicamente más ventajosa por el de mejor relación calidad-precio; la posibilidad de reservar algunos contratos para entidades de la Economía Social; o la existencia de múltiples posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales.

31 marzo, 2018

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