Cuando no se corrige ni se reconoce, y además el autor del desaguisado vuelve a incurrir en él, y lo hace en otras condiciones diferentes y en un puesto distinto, hay que ser un alma cándida para no empezar a pensar muy seriamente que no se trata de un error sino de una forma de actuar basada en la mala fe, o en la irresponsabilidad, o en ambas cosas a la vez.
En esto pensaba yo leyendo las informaciones que resumen el informe de la interventora autonómica, Ana Gómez Barrionuevo, sobre el presupuesto de la DGA, elaborado por el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, el mismo que hasta hace un año ostentaba idéntica responsabilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza. El presupuesto, afirma la interventora, no cubre todos los gastos comprometidos y apunta a que serán 250 millones de euros los que sumen las partidas infradotadas, 191 de ellos en dos áreas tan sensibles como Educación y Sanidad. La cifra es tan abultada que difícilmente puede entenderse como una mera diferencia de criterios entre la interventora y el consejero en relación con algunas estimaciones de ingresos o gastos. Es más, la lectura del informe me sugiere la idea de que algunos de los agujeros negros más importantes entre los detectados tienen relación directa con compromisos adquiridos para asegurar el voto favorable de Podemos, indispensable para sacar el presupuesto adelante.
Por ejemplo, dice la interventora que el gasto presupuestado en Educación es 15 millones menor que el que se ejecutó en 2015, pero la última decisión del Gobierno autónomo de pagar a los interinos los meses de verano elevará a 35 millones el agujero. También señala que algunas propuestas en materia de personal, especialmente el aumento de días de vacaciones y de libre disposición, obligarán a aumentar las contrataciones de sustitución con un coste que no está contemplado. Asimismo el compromiso de abonar la paga extra supone un gasto de 59 millones de euros… que no figuran en las cuentas presentadas por el Gobierno. Hay muchas más insuficiencias en el informe, pero basta señalar que apunta dos vaticinios más que preocupantes: existen muchas probabilidades de incumplir la regla de gasto y es prácticamente imposible alcanzar el objetivo de déficit para 2016, fijado en un 0,3 % del PIB regional.
Insistiré aquí en algo que ya comenté en un artículo anterior hace algunos meses, refiriéndome a las cuentas del señor Gimeno cuando era responsable de la Hacienda municipal y señalando cómo la situación económica de la ciudad de Zaragoza era la peor, con mucho, de las grandes ciudades españolas. Entonces decía: “Existe una deuda no consignada en presupuestos y con obligaciones de pago, confirmadas por el anterior responsable de Hacienda, que ascienden a más de 109 millones de euros. Y que hacen falta otros 55 millones para poder pagar los servicios básicos, que deliberadamente se consignaron por bajo para cuadrar el presupuesto. Además, dentro del déficit se incluyen 80 millones producidos por el compromiso -aportado y firmado por el anterior responsable de Urbanismo- de enajenar suelo. Un suelo que nadie en el Ayuntamiento creía que se pudiera vender y menos a ese precio, pero que permitía encajar sobre el papel del presupuesto las demandas de los grupos que apoyaban al gobierno municipal”. Compárese con las afirmaciones que ahora hace la interventora sobre el presupuesto de la DGA y se verá con facilidad que la estrategia seguida para cuadrar las cuentas es prácticamente la misma.
Como dice el sentido común (y algunos anuncios radiofónicos), si alguien pretende obtener resultados diferentes en cualquier empeño parece conveniente no repetir los pasos dados con anterioridad. Si se hace así, el resultado indefectiblemente será el mismo: colocar a la administración autonómica en una situación financiera tan precaria como antes se colocó a la municipal.
Es bien sabido el problema que provoca una manta corta: si te tapas los pies, la cabeza se queda a la intemperie y, si te cubres la parte superior, sentirás el frío en las extremidades inferiores. El problema de la manta, en estos tiempos de escaseces presupuestarias, es seguramente común a todas las administraciones públicas y todos los responsables de las cuentas se ven obligados a elegir, haciendo verdaderos equilibrios, entre abrigar unas zonas del cuerpo social y desabrigar otras. Lo que inevitablemente provoca conflictos y quejas de los sectores que quedan expuestos a las inclemencias del tiempo. Nuestro consejero de Hacienda, sin embargo, parece haber resuelto el problema mediante una solución imaginativa: la manta no será corta, aunque tampoco será larga. Será una manta virtual. El papel lo soporta todo, de modo que no es preciso elegir entre el rigor presupuestario y las exigencias de los socios de gobierno (dentro o fuera de él). La realidad será la que sea, pero sobre el papel todo el mundo queda contento.
Un último apunte acerca del informe de la interventora. Solo se da por bueno en él el Capítulo 3, donde está recogido el pago de los intereses de la deuda, casi 195 millones de euros. Los bancos pueden dormir tranquilos y bien abrigaditos: su manta no es virtual, es más bien un acogedor edredón de plumas de la máxima calidad. Algo es algo. Aunque supongo que no les consolará mucho a las clases medias y bajas aragonesas después de enterarse de que los que ganan entre 16.000 y 45.000 euros anuales pasarán a estar entre los que más pagan en España por IRPF con ese nivel de renta, tras las reformas fiscales del consejero. Me temo que los que aún apoyan la gestión del consejero Gimeno ocultan mal las ganas que tienen de que fracase el gobierno de Lambán.
